La conversación sobre Donald Trump ha entrado en una fase distinta a partir de esta semana, cuando el expresidente recibió una carta del Departamento de Justicia informándole que era objeto de una investigación sobre los esfuerzos para desmontar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que, por tanto, podía ser acusado federalmente.
“El trastornado Jack Smith”, reacciónó Trump en Truth Social, “me envió una carta (nuevamente, ¡era domingo por la noche!) indicando que soy un OBJETIVO de la investigación del Gran Jurado del 6 de enero, y dándome 4 días muy cortos para reportarme ante el Gran Jurado, lo que casi siempre significa un Arresto y una Acusación“.
A reserva de lo enunciado en el texto, que aún no conocemos en toda su dimensión, varios expertos legales han concluido que en este caso Trump podría enfrentar diversos cargos, y no de poca monta.
Los fiscales parecen tener evidencia suficiente para acusarlo, al menos, de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Estas figuras legarles, por cierto, han sido identificadas y recomendadas al Departamento de Justicia por el Comité Selecto de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero. Aluden en concreto al Código Penal que tipifica como delitos la “conspiración para defraudar a Estados Unidos” y “la obstrucción corrupta de un procedimiento oficial”.
La apelación a ambos estatutos sugiere que una parte sustantiva del caso se centraría en los llamados electores falsos y los esfuerzos del Trump para usarlos en un intento de detener la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral de Biden el 6 de enero de 2021.
Sintomáticamente, la carta antes mencionada que le envió el Departamento de Justicia casi coincide en el tiempo con la noticia de que 16 republicanos de Michigan han sido instruidos de cargos justamente por formar parte de ese esquema.
“Las acciones de los falsos electores socavaron la fe del público en la integridad de nuestras elecciones y, creemos, también violaron claramente las leyes por las que administramos nuestras elecciones en Michigan“, dijo la fiscal Dana Nessel. No tenían autoridad legal para actuar como electores presidenciales, toda vez que la Junta de Escrutinios del estado de Michigan certificó que Biden y Harris habían ganado las elecciones.
A pesar de todo, los conspiradores se reunieron en la sede del Partido Republicano local el 14 de diciembre de 2020, el mismo día en que los miembros del Colegio Electoral lo hicieron en los estados de la Unión para emitir sus votos y refrendar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales.
Pero no fue solo cosa de Michigan. Los trumpistas lograron llevar esta idea a la práctica en siete estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
En definitiva, con la noticia de Michigan Donald Trump no tiene otra alternativa que la de mirarse en ese mismo espejo, sobre todo ahora que cada uno de esos “electores” han sido acusados de delitos que incluyen, entre otros: a) conspiración para cometer falsificación, b) falsificación, c) conspiración para cometer falsificación de la ley electoral y d) falsificación de la ley electoral.
Sin embargo, el anuncio de la posible aplicación de la Sección 241 del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos, ha tomado por sorpresa a muchos observadores. En la misma se estipula como delito conspirar “para lesionar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona” en el “libre ejercicio o goce de cualquier derecho o privilegio que le garantice la Constitución o las leyes de Estados Unidos”.
Esa sorpresa se origina, por una parte, en el hecho de que al inicio fue promulgada para proteger los derechos civiles de los votantes negros ante grupos supremacistas blancos después de finalizada la Guerra Civil, incluyendo los linchamientos del KKK en el Sur, y por otra, que los fiscales suelen utilizarla en los juicios por excesos policiales y delitos de odio.
Pero en este caso parecería relacionarse con la campaña de presión que Trump y sus subrogantes —sobre todo el abogado John Eastman, su autor intelectual— ejercieron sobre el entonces vicepresidente Mike Pence para que bloqueara la certificación de Biden en el Congreso, una idea que el vice y sus asesores tuvieron el buen tino de no aceptar siguiendo lo estipulado al respecto por la Constitución de Estados Unidos (artículo II, Sección 1).
Resumamos: hasta ahora Trump acumula 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros en el caso del fiscal de distrito de Manhattan por pagos de dinero bajo la cuerda a la actriz porno Stormy Daniels. También una acusación federal de 37 cargos por el manejo de documentos clasificados que le robó al Gobierno y se llevó para su mansión de Mar-a-Lago. Y a partir de septiembre, un posible proceso legal en Georgia por los mismos problemas que se han dirimido en Michigan. Los fiscales georgianos, encabezados por Fanni Willis, tienen de todo: hasta evidencia autoincriminatoria (grabada).
No hay entonces que dejarse llamar a engaño. Lo que está reaccionando aquí es el sistema ideado por los padres fundadores de la nación, no uno de los dos partidos políticos del país. Y quienes les han dado luz verde a los fiscales, tanto a nivel estadual como federal, son los jurados de ese sistema, no miembros escogidos por el Partido Demócrata.
Varios participantes en los sucesos del Capitolio ya han sido enviados a la cárcel utilizando figuras del Código Penal enunciadas al inicio de este artículo. La cuestión entonces consiste en si los de a pie y no los de arriba, los soldados y no sus comandantes, van a ser los únicos condenados. Lo que dice la Constitución es que nadie está por encima de la ley.
Por otra parte, el tiempo apremia. Si se juzga a Trump durante la campaña presidencial, el Departamento de Justicia se verá invadido por acusaciones insólitas de politización para tratar de dejar sin mérito esos procesos. Ese mismo sistema tendría entonces que mostrarse más proactivo para impedir que se dilaten. Los trumpistas, naturalmente, ya están haciendo y harán todo lo posible por moverlos de fechas y tirarlos hacia delante como una jabalina.