Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta falló el jueves contra un intento del presidente electo Donald Trump y sus coacusados de impedir que el fiscal general Merrick Garland publique un informe final de dos volúmenes del fiscal especial Jack Smith.
Un fallo del martes de la jueza Aileen Cannon, designada por Trump, quiso impedir que Garland publique el informe sobre el caso de subversión electoral de Trump en Washington DC y sobre los documentos clasificados que Trump se llevó para Mar-a-Lago hasta el domingo como mínimo.
La decisión adversa a Cannon y los trumpistas se produce apenas unos días después de que el asistente del presidente electo, Walt Nauta, y el exadministrador de Mar-a-lago, Carlos De Oliveira, presentaran una moción de emergencia solicitando bloquear la publicación del informe.
Los abogados de Trump, Todd Blanche y John Lauro, se unieron al esfuerzo en una carta del lunes a Garland exigiendo que se bloquee el informe por “interferir ilegalmente con la transición presidencial”.
A pocos días de la toma de posesión de Trump, este ha tratado de hundir muchos de sus problemas legales pendientes, con un intento recientemente fallido de bloquear una audiencia de sentencia hoy viernes en Nueva York por su condena de 34 cargos por falsificación de registros comerciales.
El miércoles Trump solicitó a la Corte Suprema una suspensión de emergencia de la sentencia. El alto tribunal la denegó en una decisión de 5 a 4 el jueves por la noche.
Steven Cheung, director de comunicación de Trump, condenó la decisión del Onceno Circuito. “El trastornado Jack Smith fue enviado a empacar después de perder sus dos cacerías de brujas contra el presidente Trump”, dijo. “Es hora de que Joe Biden y Merrick Garland hagan lo correcto y pongan un alto definitivo a la militarización de nuestro sistema de justicia. El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump con un mandato histórico y abrumador, y esperamos unir a nuestro país en la nueva administración mientras el presidente Trump hace que Estados Unidos vuelva a ser grande”.
En una presentación judicial del miércoles, Garland indicó que solo publicaría el informe final de Smith sobre el caso de subversión electoral en Washington para evitar cualquier prejuicio contra Nauta y De Oliveira en sus casos pendientes en Florida, después de haber revisado ambos volúmenes del informe a principios de esta semana.
Jueza desestima caso contra Trump sobre documentos clasificados
Dijo que pondría el informe de Florida solo a disposición de los líderes del Comité Judicial de la Cámara y el Senado. Pero “el fiscal general tiene la intención de entregar el volumen I al Congreso y al público”, escribió Garland porque su publicación promovería el “interés público sobre este asunto importante”.
Blanche y Lauro emplearon una serie de argumentos legales que Trump ha utilizado a lo largo de sus casos penales. Repitieron la idea de que Smith, a quien llamaron un “ciudadano privado fuera de control”, había sido designado inconstitucionalmente y, por lo tanto, que sus casos y todo lo relacionado con ellos no podían sostenerse.
Dijeron que la publicación del informe “extendería y perpetuaría” las aparentes violaciones de la Constitución por parte de Smith. Argumentaron que como fue designado de manera indebida, “saqueó” 20 millones de dólares para avanzar en sus investigaciones duales.
Garland rechazó ese argumento, señalando que si bien Cannon se puso al lado de los abogados cuando desestimó el caso de los documentos clasificados en julio, no se aplicó a nivel nacional.
Además, la solicitud de orden judicial se basa en la autoridad de Garland como fiscal general, no en la de Smith, y por lo tanto el argumento es discutible.
Trump ha nominado a Blanche como su fiscal general adjunto, el segundo puesto más alto en su Departamento de Justicia. Probablemente estaría estrechamente involucrado en cualquier decisión sobre la publicación del informe con la candidata a fiscal general, Pam Bondi, si son confirmados.
En la presentación, Garland pidió al Onceno Circuito dejar en claro al rechazar la moción que la decisión es la resolución final y que “debería ser la última palabra” a menos que intervenga la Corte Suprema.
