La política antinmigrante de Donald Trump sufrió este jueves un nuevo revés, con la orden de liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego García dictada por una jueza federal.
La magistrada Paula Xinis, de Maryland, ordenó la liberación inmediata de Ábrego García, cuya deportación irregular a El Salvador y posterior encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad lo convirtieron en foco de atención y símbolo de la resistencia contra Trump.
La jueza dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) carecía de autoridad legal para mantenerlo bajo custodia y que su detención prolongada respondía más a un castigo político que a un proceso migratorio legítimo.
“Desde el regreso de Ábrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal”, escribió la jueza.
Liberan a Kilmar Ábrego García de la custodia de ICE tras fallo de una juezahttps://t.co/9KP84IINUa
— CNN en Español (@CNNEE) December 11, 2025
Deportación irregular y regreso forzado
Ábrego García, residente en Maryland desde hace años, fue deportado en marzo a El Salvador pese a que un juez estadounidense había prohibido su expulsión por el riesgo que enfrentaba de parte de pandillas que habían atacado a su familia.
Una vez en la nación centroamericana, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad célebre por sus duros tratos a los reclusos y denuncias de violaciones sistemáticas, incluyendo hacinamiento, aislamiento prolongado, falta de acceso a asistencia legal y restricciones severas a la comunicación con familiares.
Tras una batalla legal, fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de tráfico de personas, acusaciones que él niega y que su defensa considera “vengativas”.
Desde entonces permanecía bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno buscaba deportarlo a terceros países africanos con los que no tenía vínculo alguno.
Un revés para la política de Trump
La orden de liberación representa un golpe directo a la política antiinmigrante de Trump, que ha intensificado las detenciones y deportaciones desde su regreso al poder. El Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión como “activismo judicial descarado” y prometió apelar.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, aseguró que “Ábrego García se encuentra en nuestro país ilegalmente. Está demostrado que es un traficante de personas. Está demostrado que es un pandillero”.
Sin embargo, la jueza Xinis desestimó los argumentos del Gobierno, señalando que no existía una orden de deportación válida y que las autoridades habían engañado al tribunal al presentar información falsa sobre posibles países de destino.
Uno de los puntos más polémicos fue la afirmación del Gobierno estadounidense de que Costa Rica había retirado su disposición de recibir a Ábrego. La jueza aclaró que esa información era falsa y que el país centroamericano nunca vaciló en su compromiso de acogerlo. “Las autoridades federales no solo obstruyeron, sino que engañaron activamente al tribunal”, escribió Xinis.
La defensa de Ábrego sostiene que la Administración Trump utilizó el proceso de deportación para castigarlo por haber expuesto la irregularidad de su expulsión inicial. Su caso se ha convertido en bandera para organizaciones que denuncian la represión migratoria y los abusos del ICE.
Noem recibe andanada de críticas en el Congreso
La decisión judicial en torno a Ábrego García coincidió con una audiencia en el Congreso en la que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió las políticas antiimigrantes de línea dura del Gobierno.
Noem enfrentó fuertes críticas de legisladores demócratas, que la acusaron de mentir y de desviar recursos públicos para ejecutar una agenda “extrema”.
Entretanto, manifestantes interrumpieron la audiencia exigiendo el fin de las redadas y deportaciones, mientras Noem prometía que “no retrocederá”.
El caso del salvadoreño fue mencionado como ejemplo de los excesos de la política migratoria, aunque la funcionaria evitó pronunciarse directamente sobre la orden de liberación.
Un migrante con raíces en EE.UU
Kilmar Ábrego García llegó a Estados Unidos siendo adolescente y ha vivido en Maryland durante años. Tiene esposa e hijo estadounidenses y ha buscado asilo alegando persecución de pandillas en El Salvador. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a ese país por el riesgo que enfrentaba, pero la orden fue ignorada en marzo.
Su caso remite a las fuertes tensiones entre las cortes federales y la Administración Trump, que insiste en aplicar deportaciones masivas incluso hacia países donde los migrantes no tienen vínculos. Para sus defensores, la liberación es una victoria parcial que demuestra que los tribunales aún pueden frenar los abusos del poder ejecutivo.
Aunque quedará en libertad, el salvadoreño sigue sujeto a libertad provisional por orden de un juez en Tennessee, donde enfrenta cargos de tráfico de personas. Se ha declarado inocente y ha pedido desestimar la acusación, alegando que es vengativa.
El juez que lleva el caso reconoció que existen indicios de que la acusación podría haber sido motivada por represalias políticas.
Una audiencia probatoria está prevista para evaluar la moción, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso del sistema judicial para castigar a migrantes que desafían las políticas de deportación.
Actualmente, decenas de miles de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan riesgo de deportación bajo las políticas de la administración Trump, con más de 170 000 expulsiones registradas en 2025 y un número aún mayor bajo custodia del ICE.
