Alfredo Prieto
Instaladas en el panorama cultural desde el siglo XVII, las leyes contra la sodomía en Estados Unidos siguieron formando parte de la jurisprudencia del país una vez lograda la independencia de los británicos. Los castigos por esta figura delictiva incluían entonces multas, cadenas perpetuas o ambas. A fines del siglo XIX y principios del XX, varios estados impusieron leyes contra cualquier individuo que se considerara un “pervertido sexual”. Estados como Illinois llegaron, incluso, a negar el derecho al voto a cualquier sujeto condenado por sodomía (1827). Ya en el siglo XX, en 1970, Connecticut negó licencias de conducir a “homosexuales confesos”.
A partir de los años 60 del pasado siglo cada estado tenía una ley contra la sodomía, pero rara vez se aplicaba en el terreno de lo privado. También muchos estados que no habían derogado sus leyes contra la sodomía habían promulgado disposiciones reduciendo/suavizando las penas. Digamos que en el momento de la decisión de Lawrence vs. Texas (2003), el caso que ahora nos ocupa, la sanción por violar una ley de sodomía variaba mucho de un estado a otro, considerando que algunos aún conservaban leyes en este sentido.
Había, sin embargo, otros estados en los cuales las condenas seguían siendo duras. La voz cantante la llevaba Idaho, donde una persona condenada por sodomía podía recibir cadena perpetua. Y en Michigan podía recibir una pena máxima de quince años de prisión, y cadena perpetua los reincidentes. De manera que a inicios del siglo XXI las leyes de ese tipo en la mayoría de los estados ya no se aplicaban o se implementaban de manera bastante selectiva, con algunas excepciones. Pero, a menudo se usaban como una justificación para discriminar a homosexuales, lesbianas y bisexuales. En ese contexto, sobrevino el caso Lawrence vs. Texas.
El caso
El 17 de septiembre de 1998, John Geddes Lawrence recibió en su apartamento en el condado de Harris, Texas, a dos homosexuales, uno blanco y uno negro: Tyron Garner y Robert Eubanks, amigos durante más de veinte años. Garner y Eubanks tenían una relación intermitente desde 1990.
La narrativa del caso refiere que, un poco pasado de tragos, Eubanks tuvo un ataque de celos. Salió del apartamento, llamó a la policía y le dijo que ”un hombre negro se estaba volviendo loco con un arma” en el apartamento de John Geddes Lawrence.
Cuatro policías llegaron al edificio; Eubanks les indicó dónde estaba el apartamento, que no tenía puesto el seguro en la puerta. Un primer policía tomó la iniciativa de acercarse a fin de determinar qué cargos presentar. Y entró al apartamento. No había arma alguna. Pero informó haber visto a Lawrence y Garner teniendo sexo anal en un cuarto.
Un segundo policía dijo haberlos visto practicando sexo oral, pero los otros dos declararon no haber visto nada. El jefe de la policía tenía la autoridad discrecional para acusarlos de una variedad de delitos y determinar si arrestarlos o no. Al final, consideró acusarlos por tener relaciones sexuales en violación de la ley estatal de Texas contra la sodomía, pero tuvo que pedirle a un asistente del fiscal de distrito verificar la ley a fin de asegurarse de que cubriera la actividad sexual dentro de una vivienda. Le respondieron que la Ley de Conducta homosexual convertía en un delito menor de Clase C “participar en relaciones sexuales desviadas con otra persona del mismo sexo”. Eubanks admitió más tarde que había mentido. No refutó los cargos por presentar un informe falso a la policía. Cumplió quince días de prisión.
Los tribunales
Lambda Legal Defense and Education Fund, una organización legal dedicada a defender los derechos de los homosexuales, tomó el caso y lo movió dentro de sistema judicial de Texas. Su punto central era que lo ocurrido violaba la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda —que prohíbe a los estados negar ”a cualquier persona dentro de su jurisdicción igual protección de las leyes”— y una cláusula similar de la Constitución de Texas.
Los demandantes perdieron prácticamente cada una de las apelaciones. Sin embargo, sus abogados creían que después de la opinión favorable de la Corte Suprema en Romer vs. Evans (1996), el primer caso que abordó los derechos de los homosexuales desde Bowers vs. Hardwick (1986), cuando la entidad sostuvo que las leyes que penalizaban la sodomía eran constitucionales, había posibilidades de ganar. En el primer caso, Suprema había dictaminado (6-3) que una enmienda constitucional estatal de Colorado que impedía el estado protegido basándose en la homosexualidad o la bisexualidad no cumplía con la cláusula de igual protección. Los defensores hicieron entonces la apuesta correcta.
La Corte Suprema
Había llegado la hora de llevar el caso a Suprema. El 16 de julio de 2002, los abogados le pidieron a sus magistrados considerar tres problemas. El primero, si las condenas penales de sus defendidos en virtud de la Ley de Conducta Homosexual de Texas —que penalizaba la intimidad sexual entre parejas del mismo sexo, pero no el comportamiento idéntico de parejas de diferente sexo—, violaba la garantía de la Decimocuarta Enmienda de igual protección. El segundo, si las condenas penales de sus defendidos por intimidad sexual consensuada entre adultos —en su hogar, en un espacio privado— violaban sus intereses vitales de libertad y privacidad, protegidos por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda. Y tercero, si debía anularse Bowers vs. Hardwick, el fallo ya citado de 1986 que confirmó la validez de la ley de sodomía de Georgia.
El 2 de diciembre de 2002 la Corte acordó tomar el caso. En una decisión de 6-3, el 26 de junio de 2003 Suprema anuló la ley de sodomía entre personas del mismo sexo y dictaminó que esta conducta sexual privada estaba protegida por los derechos de libertad implícitos en la cláusula del debido proceso de la Constitución de Estados Unidos. Esta decisión invalidó todas las leyes estatales sobre sodomía en la medida en que se aplicaban a una conducta privada consensuada. El dictamen también revocó el fallo de la Corte de Bowers vs. Hardwick. En una palabra, el tribunal sostuvo que la conducta sexual íntima consensuada era parte de la libertad protegida por el debido proceso bajo la Decimocuarta Enmienda.
Las opiniones discrepantes correspondieron entonces a tres de los magistrados conservadores: Antoni Scalia (1936-2016), nominado por Ronald Reagan en 1982; Clarence Thomas (1948), designado por George T. W. Bush en 1991; y el presidente de Suprema, William H. Rehnquist (1924-2005), propuesto por Reagan en 1986.
El primero escribió, básicamente, los mismos argumentos que escuchamos hasta hoy: si la corte no estaba preparada para validar leyes basadas en elecciones morales como lo había hecho en Bowers vs. Hardwick, las leyes estatales contra la bigamia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el incesto entre adultos, la prostitución, la masturbación, el adulterio, la fornicación, la bestialidad y la obscenidad no serían válidas. “La opinión de hoy”, dijo, es el ”producto de un Tribunal, que es el producto de una cultura de la profesión del derecho, que en gran medida se ha adherido a la llamada agenda homosexual, con lo cual me refiero a la agenda promovida por algunos homosexuales, activistas dirigidos a eliminar el oprobio moral que tradicionalmente se ha asociado a la conducta homosexual”.
Lawrence vs. Texas fue, sin dudas, un gran paso de avance para el movimiento por los derechos de los homosexuales en el país. Y ayudó a sentar las bases para el caso Obergefell vs. Hodges, que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho fundamental garantizado por la Constitución de Estados Unidos.
En definitiva, el caso fue primordial en dos sentidos. En primer lugar, y más obviamente, estableció que el sexo homosexual privado y consentido es parte de un derecho sustantivo a la libertad protegido por la Constitución. En segundo, y menos obvio, sostuvo que los ”derechos fundamentales” —es decir, el ”debido proceso sustantivo” o las actividades implícitamente protegidas por la Constitución—, son principios amplios bajo los cuales se pueden proteger numerosas conductas individuales. Esto constituyó, también sin dudas, una desviación radical de la metodología conservadora de la Corte durante las décadas de los 80 y 90, que encontró evidencia de derechos fundamentales solo en actividades que las leyes mismas protegían sustancialmente (”historia y tradiciones”). Al final, por lo tanto, Lawrence vs. Texas protegió la privacidad de los individuos en su cuarto y renovó el poder de la Corte para identificar derechos individuales por encima y más allá de los establecidos/nominalizados históricamente por la ley.
Legislar en sentido contrario es lo que ha conducido a la anulación de Roe vs. Wade apelando, entre otras cosas, a una lectura literalista y fundamentalista de la Constitución.
Pero la actual mayoría conservadora de la Corte tiene una pata de cabra ideológica en sus mentes. Y la van a seguir utilizando. Tiempo les sobra.
