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Durante la segunda presidencia de Trump, los jueces federales han emitido hasta ahora más de 200 órdenes que suspenden total o parcialmente las acciones del Gobierno, y solo en 43 casos han permitido que las políticas impugnadas siguieran adelante. En la práctica, esto significa que los tribunales han logrado frenar a la administración con mucha más frecuencia de lo que suele suponerse.
La mayoría de los procesos aún se encuentran en etapas iniciales, y prácticamente cada día se presentan nuevas demandas. Entre ellas, tres casos recientes merecen ser destacados brevemente.
Kilmar Ábrego García
En marzo, la Administración Trump deportó ilegalmente al joven salvadoreño Kilmar Ábrego García a su país natal. Allí fue recluido en una megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele, acusado de pertenecer a la pandilla MS-13, considerada organización terrorista por las autoridades estadounidenses. La deportación se realizó en abierto desafío a una orden judicial que prohibía su expulsión.
Durante dos meses, el Gobierno ignoró esa orden —que luego calificó como un “error administrativo”— hasta que, de manera repentina, repatrió a Ábrego a Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de restituir plenamente sus derechos, lo enfrentaron a nuevos cargos por tráfico de inmigrantes en Tennessee.
Aunque el caso se sostiene con escasa evidencia, los funcionarios de Trump le ofrecieron un acuerdo: si se declaraba culpable, al cumplir condena podría trasladarse a Costa Rica, donde recibiría estatus de refugiado o residencia permanente.
Vuelven a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, esta vez para deportarlo a Uganda
Pero Ábrego y sus abogados optaron por desafiar al Gobierno, siguiendo el camino de otros inmigrantes cuya deportación se intentó de manera arbitraria.
El pasado lunes, una jueza federal dictaminó que la Administración tiene “absolutamente prohibido” expulsar de Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, al menos por ahora.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, designada por el expresidente Obama, bloqueó la deportación de Ábrego a Uganda —el destino al que pretendía enviarlo la Administración— hasta que se celebre una audiencia que determine si el Gobierno debe permitirle impugnar su expulsión a un tercer país.
—En este momento, sus clientes tienen terminantemente prohibido expulsar al señor Kilmar Ábrego García del territorio continental de Estados Unidos —advirtió la jueza.
—¿Ese es el entendimiento que tenemos?
—Sí, su señoría —respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign—. Ciertamente lo entendemos.
La Casa Blanca impidió planes de regresar a joven deportado a megaprisión salvadoreña
La detención de Kilmar Ábrego García y el intento de deportarlo se produjo solo tres días después de su liberación. Lo acusan de tráfico de personas. Pero el joven presentó una demanda tras ser puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes, cuando se presentó a una citación.
“No cesaremos en la lucha hasta que este salvadoreño se enfrente a la justicia y salga de nuestro país”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado. Y también dijo que era un “monstruo”.
Varias fuentes relacionadas con el caso han subrayado lo que es obvio. Altos funcionarios administrativos, incluido el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, han apostado por una idea correcta. Si Ábrego García y su equipo lograran una victoria legal, sería un duro golpe para la agenda migratoria de la Administración Trump. Y, por lo tanto, no se puede permitir que gane. Todo vale.
Alligator Alcatraz
Inaugurado en julio pasado en un antiguo aeropuerto del Parque Nacional Big Cypress, el centro de detención Alligator Alcatraz fue levantado en tiempo récord sin que mediara la correspondiente evaluación ambiental, como lo exige la ley.
Tres organizaciones civiles demandaron a las autoridades locales y federales por esa violación. “Además de amenazar a especies en peligro de extinción como la pantera de Florida y el murciélago bonetero, la prisión vulnera los profundos vínculos culturales y espirituales de la tribu miccosukee con las tierras que rodean el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, donde fue construida”, sostenía la demanda.
Y más adelante advertía: “La contaminación lumínica y acústica, el tráfico vehicular y otros factores representan graves daños para los humedales y el ecosistema de la región, y podrían afectar el suministro de agua potable. Estas perturbaciones también interfieren con el derecho de la tribu a usar la tierra —incluidas ceremonias religiosas y prácticas medicinales—, consagrado en la Ley del Parque Nacional Everglades y la Ley del Área Reservada Miccosukee”.
El pasado 7 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó detener durante 14 días la construcción del Alligator Alcatraz, en respuesta a las demandas que señalaban riesgos para la biodiversidad y el patrimonio de los pueblos originarios. Sin embargo, la medida no implicaba suspender sus operaciones.
Dos semanas después, el 21 de agosto, la misma jueza endureció su posición: dictó una orden que prohibía la entrada de nuevos detenidos y exigía el desmantelamiento del campamento en un plazo de 60 días.
“En este caso, no hubo deficiencias en el proceso de la agencia. No hubo proceso alguno”, escribió Williams. “El estado no consultó con las partes interesadas, ni con expertos, ni evaluó los riesgos ambientales ni las alternativas”.
Alcatraz Caimán es “un modelo”, afirma la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem
El Estado apeló la decisión, elevando la disputa al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos.
“Estaba predestinado; es un jueza muy activista que intenta implementar políticas desde el tribunal”, dijo en conferencia de prensa el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El sur de California
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, emitió una orden que impide a los agentes federales detener a las personas basándose únicamente en factores como la raza, el acento o lugares de trabajo como campos agrícolas o fregaderos de carros.
Fue una decisión favorable a una demanda presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) y otros grupos. Argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba llevando a cabo arrestos inconstitucionales por motivos inmigratorios.
La orden también impide a los agentes negar a los detenidos el acceso a asistencia legal y les exige documentar los arrestos.
En su fallo, la jueza citó una gran cantidad de evidencia que indica que las tácticas del Gobierno podrían violar las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.
Jueza en California ordena al Gobierno de Trump detener arrestos migratorios “sin causa probable”
El equipo legal de Trump sostuvo, sin embargo, que ese bloqueo obstaculiza la aplicación de las leyes migratorias y apeló la decisión al Noveno Circuito. Pero pesar de los argumentos de la Administración, el fallo fue a favor del tribunal inferior.
Ahora, los orgánicos de Trump han apelado a la Corte Suprema argumentando lo mismo: que la orden judicial limita su capacidad para aplicar eficazmente las leyes migratorias. Y que impone límites significativos a la actividad federal legal, impidiendo que los agentes cumplan con sus funciones.
Mientras, los funcionarios trumpistas siguen ideologizando los fallos adversos y presentando a los inmigrantes como delincuentes y amenazas a la tranquilidad ciudadana.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo: “Los jueces no electos están socavando la voluntad del pueblo estadounidense. El presidente Trump y la secretaria Noem priorizan al pueblo estadounidense al expulsar a inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para nuestras comunidades”.
Un juez federal designado por el presidente Donald Trump acaba de desestimar una demanda del Departamento de Justicia contra 15 jueces de Maryland por una orden que ralentizaba los procesos de deportación acelerada.
El juez Thomas Cullen, miembro de un tribunal federal en Virginia, desestimó una demanda que cuestionaba una orden permanente que bloquea automáticamente la deportación de migrantes que presentan recursos legales contra su detención dentro de los dos días hábiles posteriores.
Cullen, que difícilmente podría clasificarse como un juez “activista”, señaló sin embargo que los ataques de la Administración al poder judicial “no tenían precedentes” y eran “desafortunados”.
“Las batallas judiciales están poniendo a prueba el equilibrio de poder en el corazón de la democracia estadounidense. Trump y sus partidarios han atacado a los jueces por su parcialidad, y su Administración ha sido acusada de no cumplir plenamente con las órdenes”, resume un análisis de Bloomberg.
La conclusión cae por su propio peso: si ladran es porque no cabalgan hacia donde los mandarines quieren.
