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Promovida por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y respaldada por el gobernador Ron DeSantis, en julio de 2024 entró a circular nuevas palabras en el vocabulario político y los medios estadounidenses: Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes.
Se trata de una instalación pensada para detener y mantener encerrados a inmigrantes indocumentados en lo profundo de los pantanos de los Everglades para finalmente deportarlos. Está sintomáticamente ubicada a menos de 80 kilómetros al oeste de la residencia del presidente Trump en Palm Beach, Florida.
Su nombre alude, obviamente, a la mítica prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, pero se utiliza para denotar su ubicación remota y sus estrictas medidas de seguridad. “Recibimos una solicitud del Gobierno federal para crear la instalación, y se va a llamar Alligator Alcatraz”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa, adoptando de hecho el nombre que su fiscal general le había dado.
El gobernador aseguró que esas instalaciones eran “temporales y necesarias” para aliviar la carga de las agencias policiales y las cárceles. Y dijo que serían un “multiplicador de fuerza” en los crecientes esfuerzos de la Administración Trump para detener y deportar inmigrantes indocumentados. “Claramente, desde una perspectiva de seguridad, si alguien escapa, habrá muchos caimanes con los que tendrá que lidiar”, enfatizó.
El centro se nutre principalmente de fondos aportados por el gobierno de Florida. De acuerdo con trascendidos, la Administración DeSantis ha firmado contratos de alrededor de 245 millones de dólares para su construcción y operación. Se estima que va a costar unos 450 millones anuales.
A través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Gobierno federal ha dado fondos para el programa Shelter and Services [Refugio y Servicios], utilizado para financiar centros de detención inmigratoria. Aunque el estado de Florida ha cubierto de entrada los costos, se espera que los recupere mediante rembolsos de la FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) .
En este dato ya hay un primer problema. Los contratos para construirlo y mantenerlo fueron otorgados sin licitación pública, lo cual no ha hecho sino generar críticas por falta de transparencia. Algunos han beneficiado a empresas vinculadas a políticos republicanos, con los posibles conflictos de interés implicados.
Pero hay un segundo, y es que fue construido en tiempo récord en una pista aérea abandonada dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, sin que mediara una evaluación sobre su impacto ambiental.
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Y un tercero, no menos importante. Prácticamente desde su origen, distintas organizaciones de la sociedad civil —grupos de derechos humanos y ecologistas, entre otros— han expresado sus críticas por las condiciones inadecuadas e implicaciones legales y medioambientales.
En efecto, desde su inauguración misma, testimonios de los encarcelados y sus familiares han venido subrayando las malas condiciones del lugar, entre ellas inundaciones, falta de acceso y calidad de los alimentos y problemas de higiene, junto a prácticas como la coerción a los detenidos a fin de hacerlos firmar documentos de deportación sin representación legal. Asimismo, han aludido a las dificultades que tienen los abogados a la hora de acceder a sus representados.
En este último sentido, la ACLU ha presentado una demanda alegando abusos graves y la negación del debido proceso. Y ha solicitado cerrarlo.
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Los pueblos originarios
Durante generaciones, los humedales del sur de la península de la Florida han servido de hogar a las tribus miccosukee y seminole. “En lugar de que las tierras natales de los miccosukee sean un páramo deshabitado para caimanes y pitones, como algunos han sugerido, el Big Cypress [Gran Ciprés] es el territorio tradicional de la tribu. El paisaje ha protegido a los miccosukee y seminole durante generaciones”, dijo el presidente de los miccosukee, Talbert Cypress, en un comunicado.
En la localidad hay alrededor de 15 aldeas miccosukee y seminole en un radio de cinco kilómetros del Alligator Alcatraz. Y muy cerca, a unos 300 metros, se encuentra el Campamento Panther-Osceola, en el que los miembros de los pueblos originarios organizan regularmente actividades y ceremonias culturales.
Por otra parte, sus humedales y pantanos son considerados sagrados por los miccosukees, forzados a adentrarse en los Everglades en el siglo XIX. “Este lugar se convirtió en nuestro refugio […]. Nos brinda un espacio para continuar con nuestra cultura y tradiciones. Y debemos protegerlo para las futuras generaciones”, dijo la líder miccosukee Betty Osceola.
Una jueza federal interviene
Tres organizaciones civiles —Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y Earthjustice— impusieron una demanda acusando a las autoridades locales y federales de infringir la ley al construir Alcatraz Alligator sin hacer antes un estudio sobre su impacto ambiental.
El pasado 14 de julio la tribu miccosukee presentó una moción para intervenir en la demanda, alegando que el centro se habia construido sin una consulta tribal previa.
“Además de amenazar a especies en peligro de extinción como la pantera de Florida y el murciélago bonetero, la prisión vulnera los profundos vínculos culturales y espirituales de la tribu miccosukee con las tierras que rodean el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, donde se construyó el centro de detención”, sostiene la demanda.
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Y prosigue: “La contaminación lumínica y acústica, el tráfico vehicular y otros factores representan graves daños a los humedales y al ecosistema de la región y podrían tener efectos adversos sobre el agua potable. Estas perturbaciones también interfieren con el derecho de la tribu a usar la tierra, incluyendo ceremonias religiosas y prácticas medicinales, consagrado en la Ley del Parque Nacional Everglades y la Ley del Área Reservada Miccosukee”.
El pasado 7 de agosto una jueza federal detuvo temporalmente la construcción del Alligator Alcatraz en respuesta a las demandas sobre sus riesgos para la diversidad ambiental y el patrimonio de los pueblos originarios.
Emitida por la jueza Kathleen Williams, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, la orden paraliza las actividades de construcción, pavimentación, cercado y excavación durante dos semanas. Pero no suspende sus operaciones.
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Otra demanda de derechos civiles, actualmente en curso, alega que a los detenidos los han encarcelado sin cargos y que se les impide reunirse con sus abogados.
“Este desarrollo, aunque prometedor, lamentablemente no detiene el campamento, ni su uso. Sin embargo, es un buen ejemplo de cómo podría cerrarse permanentemente en un futuro próximo mediante la defensa del medio ambiente. Ese activismo fue lo que impidió la finalización del aeropuerto del actual Alligator Alcatraz en la década de los 70”, dijo Misael Soto, de Artists 4 Artists Miami.
Pero los nuevos mandamases son persistentes en sus “multiplicadores de fuerza” y han anunciado recientemente la apertura de dos nuevos centros: el llamado Deportation Depot, en la propia Florida —una antigua prisión con capacidad para 1 300 detenidos— y el Cornhusker Clink, en Nebraska, un viejo campo de seguridad mínima con una capacidad inicial de 200 personas.
