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Por iniciativa de la ONU, el 20 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Refugiado con el objetivo de “enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones”.
Ese día en la Catedral de San José de San Diego, en California, se dio una misa oficiada por el padre Michael Pham, nacido en Vietnam y primer obispo nombrado en Estados Unidos por el papa León XIV.
“Miren con compasión a los refugiados y exiliados, a las personas segregadas y a los niños perdidos”, se le oyó decir en la homilía.
Y continuó: “Hoy sigo agradecido a Estados Unidos, una nación de inmigrantes, por brindarme la oportunidad de empezar de nuevo. Es triste y desalentador para mí ver que este tipo de cosas sucedan en este país hoy”, dijo en referencia a las redadas masivas y el arresto de ICE a inmigrantes, tanto en la ciudad de San Diego, en la cercana Los Ángeles, como en el resto del país.
El acompañamiento
Después de la misa, un grupo de sacerdotes decidió acompañar a varios inmigrantes indocumentados al Edificio Federal Edward J. Schwartz, la sede tanto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como del Tribunal de Inmigración de San Diego, adonde esos inmigrantes habían sido citados.
Lo integraban el jesuita Scott Santarosa, padre de la parroquia y uno de sus principales organizadores. También el propio obispo de San Diego, llegado a Estados Unidos como refugiado en 1980 junto con su hermana mayor y su hermano menor.
Asimismo, el obispo auxiliar de San Diego, Ramón Bejarano, nacido en Texas, que pasó parte de su infancia en México. Y el padre Felipe Pulido, mexicano emigrado a Estados Unidos en su adolescencia.
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El objetivo, dijeron, era poder sentarse en los tribunales de diferentes inmigrantes, escuchar sus casos y acompañarlos. “Nuestra misión era, simplemente, presenciar lo que sucedía, estar presentes y, de alguna manera, comunicarles: ‘Estamos con ustedes. Los vemos. No los ignoramos. No son ignorados por Dios, y caminamos con ustedes’”, dijo el padre Santarosa.
Por descontado que no pretendían obstaculizar los procedimientos de la corte, pero “ocurrieron un par de cosas interesantes”, dijo el padre Santarosa. “Varias personas que van allí me dijeron que al nosotros llegar, todos los agentes de ICE se fueron. Desaparecieron”.
“Alguien también me dijo que los agentes de ICE presentaron la documentación de las personas que buscaban, pero no se quedaron debido a nuestra presencia”.
“También me dijeron que la forma como el juez manejaba la sala del tribunal era diferente debido a nuestra presencia”.
Los líderes religiosos permanecieron en el edificio durante unas dos horas. No presenciaron ningún arresto. Y vieron varios casos que recibieron una prórroga. “Vimos oficiales de ICE en los pasillos con mascarillas”, dijo el padre Santarosa. “Por supuesto, era una presencia intimidante”. “En uno de esos casos, el abogado me dijo que nuestra presencia marcó la diferencia”.
“Así que la buena noticia es que mientras estuvimos allí, nadie fue detenido ni deportado. Y no fue porque intentáramos interrumpir el juicio. Simplemente, estuvimos presentes”, resumió el padre.
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Pero el hecho se convirtió en una acción de cierta ecumenía.
El imán Taha Hassane, director del Centro Islámico de San Diego, se unió a los católicos como muestra de unidad. “Como líderes religiosos, predicamos desde el púlpito; predicamos y hablamos de justicia, amor, compasión y todo eso. Ahora es el momento de mostrar estos principios y valores en la calle”, subrayó.
“Cuando salimos de la sala, después de 15 o 20 minutos, los agentes de ICE ya no estaban. Como que nuestra presencia, se puede decir, los intimidó. Es por eso que se fueron”, aseguró Felipe Pulido, obispo auxiliar de la diócesis de San Diego.
“Estamos pidiendo que se detenga esta situación. Si el Gobierno estadounidense lo quiere escuchar o no, es problema de ellos”, agregó el segundo obispo auxiliar en la diócesis de San Diego, Ramón Bejarano, quien asegura que nunca ha ocultado sus desacuerdos con las ideas y acciones de Donald Trump.
“El presidente se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”, añadió. Le parece una coincidencia extraordinaria que el primer papa estadounidense llegara justo en el momento en que Estados Unidos esta arrinconando y atacando a todos los inmigrantes, no solo a los indocumentados.
Hacer la diferencia
La presencia de los líderes religiosos en aquellos locales hizo “una gran diferencia en cómo los inmigrantes son tratados por las autoridades en Estados Unidos”, aseguró Pham. Gracias a Dios, ellos estaban acompañando a los inmigrantes en las cortes y velando por los indocumentados”.
Fue una manera de demostrar que “Dios está con nosotros” y que “nunca nos abandona”. “Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos. No se necesitan documentos”.
El imán dijo, por su parte: “espero que la Administración Trump cambie sus políticas y simplemente muestre algo de compasión, algo de misericordia al hacer su trabajo. Porque la forma en que lo han estado haciendo ha sido muy brutal; no era como se supone que debemos ser como nación”.
Una encuesta reciente de CNN arrojó que solo el 42 % de los consultados aprobaba la gestión del presidente Trump, y que el 56 % la desaprobaba.
El 63 % dijo que Trump no ha prestado atención a los asuntos más importantes del país y el 56 % que se ha excedido en los poderes del ejecutivo. El manejo de la inmigración clasifica como uno de estos últimos casos.
El obispo de San Diego afirmó que la diócesis seguirá apoyando a los inmigrantes según sea necesario. Después del evento, sugirió que el padre Scott podría encabezar un nuevo esfuerzo para mantener la iniciativa.
Coda
En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezó a arrestar a inmigrantes en los tribunales para su deportación acelerada. Una táctica aplicada a personas citadas para procedimientos judiciales rutinarios.
El 16 de julio de 2025, Democracy Forward, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro para Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales, y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco presentaron una demanda colectiva (class action) contra esa política en nombre de 12 inmigrantes.
