Tom Homan, el zar fronterizo nominado por Donald Trump, afirmó ayer que las autoridades estadounidenses encarcelarán a familias migrantes en centros de detención antes de ser expulsados del país.
“El Gobierno no dudará en deportar a los padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, incluso si tienen niños pequeños nacidos en territorio estadounidense. Si sabías que estabas indocumentado y elegiste tener un hijo, tú pusiste a tu familia en esa posición”, le dijo Homan a The Washington Post.
“Vamos a tener que construir instalaciones para ello y el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos intentará mantener a los padres con niños en estructuras de carpas de lados blandos similares a las que utilizan los funcionarios fronterizos de Estados Unidos para manejar las oleadas de migrantes”, dijo.
Reconoció que el Gobierno carecía del poder legal para deportar a los niños nacidos en Estados Unidos, y puso la responsabilidad de separar a una familia en los padres migrantes.
Como “zar fronterizo” de la Casa Blanca, un puesto que no requiere la confirmación del Senado, Homan no tendrá control directo sobre ICE, que estará comandada por Kristi Noem, la candidata de Trump para secretaria de Seguridad Nacional, si es confirmada.
Trump planea detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes si regresa a la Casa Blanca
El presidente saliente, Joe Biden, puso fin a la práctica de la detención familiar en 2021 y cerró tres centros residenciales del Servicio de Migración y Control de Aduana, que contaban con aproximadamente 3 mil camas.
Trump solicitó a la Guardia Nacional apoyar a las fuerzas del orden federales, estatales y locales en el programa de deportaciones de la administración, pero las tropas no realizarán arrestos, según Homan.
A principios de este mes, Homan afirmó que “no buscaba separar a las familias en absoluto, ese no es mi objetivo. Solo pretendo hacer cumplir la ley, pero si te pones en esa posición, es tu responsabilidad” [del indocumentado].
Cerca de 1.4 millones de personas tienen órdenes finales de deportación, mientras 660 000 que se encuentran bajo supervisión de migración han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos.
