En una decisión que disparó una oleada de críticas internacionales y ha puesto en entredicho el compromiso de Estados Unidos con la justicia internacional, la administración de Donald Trump anunció el jueves la imposición de sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos ocupados.
La medida, calificada por expertos y defensores de derechos humanos como un acto de complicidad con Israel, marca un nuevo capítulo en la presión diplomática de Washington para proteger a su aliado de investigaciones independientes sobre la guerra en Gaza, descrita por muchos expertos como un genocidio de manual.
Las sanciones, anunciadas por el Departamento de Estado, afectan a los jueces Reine Alapini-Gansou (Benín), Beti Hohler (Eslovenia), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú) y Solomy Balungi Bossa (Uganda).
De acuerdo con la agencia estadoundense Associated Press (AP), los cuatro están involucrados en decisiones clave que permitieron avanzar las pesquisas sobre presuntos crímenes cometidos por las fuerzas israelíes, incluyendo la reciente orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“El accionar de estos jueces constituye una afrenta a la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados, incluido Israel”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, al justificar la medida.
Rubio acusó a la CPI de “politización” y de arrogarse una “discreción ilimitada” para investigar y procesar a nacionales estadounidenses o de países aliados, en referencia a Israel y a las propias fuerzas estadounidenses desplegadas en el extranjero.
Bruselas y Madrid rechazan
Este viernes, la Unión Europea (UE) condenó firrmemente las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), incluyendo a la eslovena Beti Hohler, ciudadana del bloque, lo que agrava la división entre los aliados transatlánticos.
Por su parte, el Gobierno español lamentó las sanciones estadounidenses y rechazó “ cualquier tipo de interferencia” al tribunal internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español reiteró este viernes “su firme apoyo” a la Corte Penal, “piedra angular del sistema de justicia penal internacional” y señaló que su trabajo es esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad.
La Corte recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma y su labor, recalcó el Ministerio español, “es clave” para la reparación de las víctimas y para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Penalizaciones
Las sanciones incluyen la congelación de activos que los jueces puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con ellos.
El anuncio se produce apenas meses después de que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan ( Escocia, 1970), fuera incluido en la lista de “nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” por Washington, en medio de crecientes tensiones por las investigaciones del tribunal sobre la conducta de Israel en Gaza y Cisjordania.
Reacción del CPI
La reacción de la Corte fue inmediata. “Estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, denunció el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, en un comunicado emitido minutos después del anuncio estadounidense.
Ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI, pero la decisión de Washington de sancionar a jueces por cumplir con su mandato ha sido interpretada por observadores como un intento de intimidar a la justicia internacional y blindar a Israel frente a posibles consecuencias legales por su campaña militar en Gaza.
Guerra de exterminio
La medida estadounidense llega en un momento de máxima tensión en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 54.600 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio gazatí de Salud.
Los bombardeos y ataques terrestres han devastado el enclave, desplazando a casi 90% de su población y generando una crisis humanitaria sin precedentes.
En las últimas horas, al menos 35 personas murieron en nuevos ataques israelíes, mientras la distribución de ayuda humanitaria sigue paralizada por la inseguridad y la presencia militar en los puntos de entrega.
La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, suspendió la entrega de alimentos por “aglomeraciones excesivas” y riesgos de seguridad, en medio de denuncias de que las fuerzas israelíes han abierto fuego contra civiles que intentaban acceder a la ayuda.
Organizaciones humanitarias y la ONU han criticado duramente el modelo de distribución impuesto por Israel y Estados Unidos, que incluye la presencia de seguridad privada y militar en los centros de ayuda, y han exigido una investigación independiente sobre las muertes de más de cien palestinos durante la entrega de alimentos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una investigación “inmediata” y “transparente” sobre estos incidentes.
El trasfondo de las sanciones
La decisión de sancionar a los jueces de la CPI se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para deslegitimar y obstaculizar las investigaciones del tribunal internacional cuando estas afectan a sus intereses o los de sus aliados.
En el pasado, Washington ya había amenazado con represalias a la CPI por investigar posibles crímenes de guerra de soldados estadounidenses en Afganistán y de agentes de la CIA en programas de detención e interrogatorio.
Sin embargo, la actual escalada contra la CPI coincide con un creciente aislamiento internacional de Israel, que enfrenta acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el uso desproporcionado de la fuerza, ataques a infraestructuras civiles y el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza.
La orden de arresto emitida por la CPI contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha exacerbado las tensiones diplomáticas y ha llevado a Israel a redoblar sus esfuerzos para desacreditar al tribunal y presionar a sus aliados para que lo respalden.
Gaza, el infierno
Mientras tanto, en Gaza, la población civil sigue soportando el peso de la guerra. “Esta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra”, lamentó Kamel Emran, un residente de Jan Yunis, durante las oraciones del Eid al-Adha, celebradas entre ruinas y con apenas alimentos.
“No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones… Las condiciones son muy, muy duras”, precisó Emran.
La festividad islámica comienza el décimo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el haj en Arabia Saudí, la peregrinación anual a la ciudad de La Meca que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida, siempre que tenga la capacidad física y económica para hacerlo.
Se trata de uno de los cinco pilares del Islam, es decir, uno de los actos fundamentales que definen la práctica religiosa islámica.
