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Incluso desde la tumba, el dictador que gobernó España con puño de hierro durante buena parte del siglo XX sigue dividiendo al país.
El nuevo gobierno de centroizquierda español dice que retirar el cuerpo embalsamado del general Francisco Franco de un glorificado mausoleo será la primera de una serie de medidas simbólicas que buscan reconciliar la turbulenta historia del país.
Críticos con el gobierno y los descendientes de Franco se oponen y prometen preservar la memoria de un régimen al que atribuyen la “modernización de España”.
Lo que debería hacerse sin embargo es prohibir la fundación que preserva el legado del líder autoritario, dijo Fernando Martínez, el funcionario nombrado para supervisar los esfuerzos del gobierno para desenterrar e identificar a las aproximadamente 114,000 víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y las cuatro décadas de dictadura posteriores, hasta la muerte de Franco en 1975.
«La exhumación del cadáver del dictador empezará a cerrar heridas en este país. Pero esa tarea solo se completará cuando la última fosa que hay en este país haya sido abierta”, dijo Martínez en una entrevista con The Associated Press en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, donde se está formando la nueva Dirección General de Memoria Histórica.
La creación de un censo actualizado de los enterrados en fosas en todo el país será una de las primeras tareas del nuevo gobierno del presidente Pedro Sánchez, apuntó Martínez. Además, quieren reabrir la oficina para ayudar a los familiares de las víctimas –que se cerró con el anterior gobierno, de corte conservador, establecer un nuevo sistema de pagos de reparación y convertir el lugar en el que está enterrado Franco, en el Valle de los Caídos, en un monumento contra el fascismo.
«Vamos a tratar de acelerar y recuperar el tiempo perdido. Es una cuestión de dignidad democrática», manifestó Martínez, que fue nombrado en julio, a un mes de la llegada de Sánchez al poder luego de una moción de censura a Mariano Rajoy.
Tres misiones patrocinadas por Naciones Unidas que visitaron España desde 2013 criticaron a las autoridades por la ausencia de un plan nacional para buscar a los desaparecidos, por la mala coordinación de las exhumaciones y por los obsoletos mapas de fosas. También mostraron su preocupación por la inacción de los tribunales españoles para enjuiciar algunos de los delitos más oscuros de la época.
Recientemente, un panel de expertos en derechos humanos de la ONU elogió la decisión de las autoridades de “poner el derecho a la verdad en lo más alto de la agenda política”, liderar los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos y crear una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante el mando de Franco.
«Esta decisión representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad para todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”, dijo el informe.
El gobierno quiere adoptar los cambios enmendando la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no atendió todas las demandas de los sobrevivientes y los familiares de las victimas cuando el ejecutivo de Rajoy eliminó el presupuesto para exhumaciones y reparaciones.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), apuntó que el nuevo gobierno debería emplear sus poderes ejecutivos para sacar a Franco del Valle de los Caídos –un macabro mausoleo a 50 kilómetros (31 millas) al noroeste de Madrid. Además pidió que el gobierno excave todas las tumbas de víctimas de Franco en lugar de iniciar un gran enfrentamiento político entre conservadores y progresistas en el Congreso.
«Temen a las represalias legales», dijo Silva acerca del equipo de Sánchez, añadiendo que los trabajos en las fosas no señaladas y la compensación a los familiares de las víctimas identificadas son “cosas tan básicas y tan humanas no deberían de tener que discutirse”.
Con una imponente cruz de 150 metros (500 pies) de alto que puede verse a kilómetros de distancia, el sombrío mausoleo y la basílica de estilo neoclásico del Valle de los Caídos fueron mandados construir por Franco como homenaje a los muertos durante la llamada “cruzada gloriosa” para derrotar al gobierno democrático del país.
Unas 34,000 personas pertenecientes a los dos bandos enfrentados en la guerra fratricida están enterradas en la zona, la mayoría de ellas sin identificar, además de los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la formación fascista Falange. El sepulcro de Franco, una simple losa de granito con su nombre gravado, presidente el altar de la basílica y sobre ella hay siempre flores frescas.
Los actos públicos en favor del régimen franquista fueron ilegalizados en 2007, pero el lugar es un popular destino de peregrinación para los nostálgicos de esa era.
Los activistas, que sostienen que el Valle de los Caídos emana un aire totalitario y es un insulto a la memoria de las víctimas, están molestos por mal el estado de los restos, ya que las filtraciones de agua han convertido las criptas en “pilas de huesos”, de acuerdo con una valoración realizada por expertos en 2011.
Según Martínez, el proyecto para revisar la ley incluye una propuesta para retirar los símbolos que celebran la dictadura y para renombrar el lugar como un monumento para la reconciliación y un museo sobre los abusos cometidos durante su construcción, incluido el uso de presos políticos como mano de obra forzosa.
Pero el gobierno, que no logró exhumar a Franco en julio como prometió, enfrenta innumerables obstáculos, incluida su minoría parlamentaria.
Cientos de nostálgicos del franquismo celebraron protestas en el Valle, y los partidos conservadores han acusado al ejecutivo de Sánchez de reabrir un capitulo que consideraban cerrado en lugar de centrarse en problemas del siglo XXI.
Los descendientes de Franco, por su parte, se han negado a cooperar con las autoridades, preparando una demanda contra los planes de exhumación y negándose a trasladarlo un panteón familiar en Galicia, la región del noroeste de España de la que era originario. Ante su negativa, las autoridades enfrentan el dilema de qué hacer con los restos mortales del dictador.
Desenterrar a Franco supondría, según Martínez, “consolidar nuestra democracia”, que se reinstauró pacíficamente a finales de la década de 1970 tras la muerte del dirigente.
Martínez rechazó aventurar una fecha para la exhumación. Pero aún en el caso de llevarse a cabo, el gobierno de Sánchez enfrentará la delicada tarea política de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, que desde 2003 recibe fondos públicos para conservar los documentos del régimen que rigió España entre 1939 y 1975.
La fundación no respondió a las peticiones de la AP para realizar comentarios, pero en comunicados recientes sus responsables manifestaron que cualquier intento de ilegalizarla iría en contra de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Si presidente, el general retirado Juan Chicharro, escribió que el organismo debe defenderse de la «ilegalización progresiva de todo aquel que no se pliegue a las exigencias totalitarias de un amplio sector de la izquierda española”.
Silva, de la ARMH, apuntó que “que no existan como fundación no limita su libertad de expresión” sino que simplemente restringe su acceso a los fondos públicos.
Martínez no cree que se trate de un problema de libertad de expresión, sino de protección de la democracia en España.
«Todas las fundaciones que hagan apología del franquismo, del fascismo y el nazismo, evidentemente, no tienen cabida en la democracia porque atentan a los valores democráticos, a las libertades”, declaró. “Los demócratas tendremos que defender la democracia porque defendemos un modelo de convivencia».
Aritz Parra – AP / OnCuba
