Las elecciones en Puerto Rico

El Artículo 9.1 de Código Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone que las elecciones generales han de llevarse a cabo “cada cuatro años el primer martes después del primer lunes de noviembre. Por lo tanto, la primera Elección General a partir de esta Ley, se realizará el martes 3 de noviembre de 2020”. La fecha coincide con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. En estas elecciones participaron 160 millones de estadounidenses, una de las más si no la más concurrida. A diferencia de Puerto Rico, donde el número de votos por el candidato a la gobernación decide su resultado, en Estados Unidos el pueblo no elige directamente a su presidente sino un colegio electoral.  

En Puerto Rico, según se anunció el pasado sábado tras resultados preliminares el candidato ganador de la contienda electoral ha sido Pedro Pierluisi del Partido que promueve la estadidad, el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Pierluisi fue Comisionado Residente en Washington durante dos cuatrienios y ha sido pivote al intentar, sin éxito, la aprobación de una ley en el Congreso mediante la cual se admita a Puerto Rico como un estado de la Unión. A pesar de su triunfo, será gobernador con tan solo el apoyo de poco más del 32% de los votos del electorado que participó en las elecciones. Un porcentaje inferior al obtenido por ese mismo partido en las elecciones previas. Se trata, ciertamente, del menor porcentaje de votos con que un partido llega a la gobernación desde la fundación del Estado Libre Asociado.

En segundo lugar llegó el Partido Popular Democrático (PPD), que dirigió el proceso de fundación del ELA y llegó a contar con más del 60% del electorado. En las presentes elecciones ha reducido el porcentaje de su base a poco más de 31%. En el caso de ambos partidos “mayoritarios”, hoy la realidad dicta que se trata, frente al conjunto del electorado, de partidos minoritarios. Esta situación coloca sobre la mesa la necesidad de una enmienda a la Constitución vigente de una segunda vuelta electoral si es que queremos que quien gobierne sea realmente un partido de la mayoría.

Además de los dos partidos antes mencionados y el Partido Independentista Puertorriqueño (PID), fundado en los años 40 del pasado siglo, en estas elecciones concurrieron a las urnas dos agrupaciones nuevas: el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad, junto a un candidato independiente. El MVC logró obtener cerca del 15% de los votos emitidos;  el PIP obtuvo alrededor del 14% y el Proyecto Dignidad el 7%. Estas tres agrupaciones, además de haber quedado inscritas como partidos electorales, lograron colocar legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico: en el caso de MVC, dos senadores y dos representantes por acumulación mientras ahora mismo se debate la posibilidad de elegir otro representante por el Distrito 3 de San Juan.

A nivel municipal, en San Juan el MVC está aún en una cerrada disputa por la alcaldía. De no prevalecer, quedaría posiblemente a un 1% o menos de los votos del ganador por el PNP, se colocaría como segunda fuerza electoral en ese municipio. A nivel nacional, MVC pasa a conformar la tercera fuerza política en el país, ganando con ello, bajo el presente Código Electoral el derecho a figurar como tercer integrante de la Comisión Estatal de Elecciones, organismo regulador del proceso electoral en Puerto Rico.  El candidato independiente a la gobernación en estas elecciones alcanzó menos del 1% de los votos.

El Partido Independentista Puertorriqueño logró elegir un representante por acumulación y una senadora por acumulación. El Proyecto Dignidad logró un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes y el Senado. Un candidato al Senado que compitió individualmente también fue elegido por acumulación, lo que crea un bloque de cinco senadores y de cuatro a cinco representantes en la Asamblea Legislativa. Un posible escenario es que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios tenga el número de votos suficientes para ejercer el total control de la Cámara o el Senado, lo que convierte a los legisladores fuera de estos dos partidos en el fiel de la balanza a la hora de presentarse legislación donde los partidos principales estén divididos. Este bloque, además, abre el espacio de negociaciones para impulsar de manera conjunta legislación, participación en los procesos de confirmación de funcionarios públicos y formulación de propuestas de políticas públicas.

Indudablemente, las organizaciones políticas emergentes alcanzaron y sobrepasaron los objetivos que se habían trazado. El MVC, una organización con un amplio programa anclado en la oposición a las políticas neoliberales, medidas anticorrupción y de transparencia en las funciones públicas, en la lucha comunitaria, en la formación de alianzas de base, en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTQ y los derechos de la mujer, entre otras causas,  logró colocarse como la tercera fuerza política en Puerto Rico.

Pudo, además colocar sus candidatos por acumulación en Cámara y Senado; tuvo una amplia proyección ante el país, y en particular en San Juan logró articular un respaldo a su candidato a la alcaldía que desde ya, le proyecta junto a la candidata a la gobernación, como líderes jóvenes indiscutibles de este esfuerzo. El MVC impulsó en su programa de gobierno el mecanismo procesal de una Asamblea Constitucional de Estatus para atender el tema de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos.

En las elecciones efectuadas el pasado 3 de noviembre, se incluyó la consulta a los electores sobre su preferencia por la estadidad. La pregunta fue “Estadidad: Sí o No”. Desde muy temprano se denunció el engaño de la consulta bajo la premisa que no era un ejercicio de libre determinación sino en anzuelo del PNP para movilizar a su base a votar en la elecciones haciéndoles creer que realmente estaba en juego el futuro de la relación con Estados Unidos y los beneficios que muchos de ellos devengan en Seguro Social, pensiones, beneficios de veteranos y otro tipo de transferencias del Gobierno Federal.

Con una campaña multimillonaria, en la que intervinieron, entre otras, fuerzas económicas en Estados Unidos que se benefician de los contratos con el gobierno de Puerto Rico, básicamente sin el apoyo para los opositores a la estadidad de recursos materiales para la articulación de una campaña masiva en rechazo de la estadidad habiéndose contabilizado el 97.56% de las papeletas (con apenas una participación de 52.11% de los electores hábiles), el “Sí” obtuvo el 50.7% de los votos emitido, mientras el “No” obtuvo el 46.2%, con el 3.1% de las papeletas dañadas o votadas en blanco. En conjunto, quienes no votaron por el “Si”  conforman un total del 49.3% de los electores. Lejos de examinar este resultado como una derrota al “No”, debemos examinar el desarrollo de las cinco consultas de estatus hechas en Puerto Rico a partir de 1967.

Si como resultado de las consultas de 2012 y 2017 los defensores de la Estadidad le han hecho la representación al Congreso de Estados Unidos de que en Puerto Rico un 61.16% de los electores en la primera consulta favorecía la Estadidad; y luego en la de 2017, el 97.18% la favorecía, ¿cómo pretenden justificar que en la presente consulta solo el 50.7% de los electores favorece la Estadidad? ¿No hay acaso, con todo un esfuerzo multimillonario en la propaganda, una reducción real en el apoyo a la Estadidad? Ciertamente no hay tal cosa como una victoria de la Estadidad. Ese es el mensaje luego de la presente consulta.

El nuevo gobierno que jure en Puerto Rico en enero de 2021 se perfila como una continuidad del presente. Ya ha comenzado el proceso de distribuirse el poder entre los salientes del PNP con los entrantes del PNP. El gobierno bajo Pedro Pierluisi, aliado de la Junta de Control Fiscal y anterior asesor legal de esta, será más de lo mismo para el país.

Independientemente quién esté al timón de la política estadounidense, aquí hay un país que gobernar; hay una Junta de Control Fiscal que enfrentar y combatir;  y hay una lucha que desarrollar tomando como punta de partida la búsqueda de consensos que nos proyecte como pueblo hacia un futuro, a corto y mediano plazo; un proceso de descolonización y un nuevo tipo de gobernanza donde el ciudadano sea el verdadero sujeto de cambio y transformación.

A ese objetivo debemos dirigirnos como país.