La crisis humanitaria y de seguridad en Haití se ha consolidado como la máxima prioridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) bajo el liderazgo de su nuevo secretario general, el surinamés Albert Ramdin, quien asumió el cargo este viernes en una ceremonia marcada por llamados a la acción urgente y la cooperación hemisférica.
En su discurso inaugural ante el Consejo Permanente de la OEA, Ramdin —el primer secretario general de origen caribeño en la historia del organismo— fue enfático al afirmar que “en ningún lugar del continente están más amenazados la democracia, el Estado de derecho, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo que en Haití. ”
“Haití estará en lo más alto de nuestra agenda”, prometió.
El diplomático, que fue elegido por unanimidad tras la retirada de su rival, subrayó que su gestión estará orientada a “resultados y acciones frente a necesidades inmediatas” y que la OEA “no puede ser pasiva” ante la magnitud de los desafíos actuales.
Para tales efectos, Ramdin anunció el relanzamiento del Grupo de Amigos de Haití, una plataforma para coordinar el apoyo internacional, y el fortalecimiento de la cooperación con actores regionales como CARICOM y Naciones Unidas.
“No tenemos mucho tiempo”, advirtió, recordando que el mandato del Consejo Presidencial de Transición haitiano concluye en febrero de 2026 y que el país necesita con urgencia una hoja de ruta para restaurar la seguridad, la gobernanza y el orden constitucional.
De 67 años, Ramdin nació antes de que Surinam se independizara de los Países Bajos en 1975 y estudió Geografía Social en la Universidad de Ámsterdam.
Fue el número dos de la OEA entre 2005 y 2015 durante el mandato del chileno José Miguel Insulza y desde 2020 era el ministro de Exteriores de su país.
Apoyo internacional no sin polémica
La crisis haitiana ha escalado en los últimos meses a niveles sin precedentes. Más del 80% de Puerto Príncipe está bajo control de pandillas armadas, lo que ha provocado ataques a instituciones públicas, asesinatos masivos, fugas de prisiones y el desplazamiento de más de un millón de personas.
Al mismo tiempo, la inseguridad ha colapsado el sistema de salud, forzado el cierre de hospitales y desencadenado brotes de enfermedades como el cólera. Más de cinco millones de haitianos sufren inseguridad alimentaria y miles viven en condiciones de hambruna.
La respuesta internacional ha incluido el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, respaldada por Naciones Unidas, y la contratación de empresas de seguridad privadas, encabezadas por Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater.
Ese movimiento permitirá operar drones y enviar mercenarios, una medida que ha generado polémica dentro de Haití y en la comunidad internacional.
En este escenario, la canciller colombiana Laura Sarabia, durante la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), hizo un llamado a la acción conjunta y solidaria para superar la “crisis multidimensional” de Haití, subrayando que la responsabilidad última debe recaer en el pueblo haitiano.
“Es un acto de justicia histórica con un país que desempeñó un papel fundamental e inspirador en las luchas por la Independencia y la abolición de la esclavitud en América Latina y el Caribe”, afirmó Sarabia, quien también abogó por una mayor integración regional y cooperación frente al cambio climático.
Expulsiones masivas desde República Dominicana
El drama haitiano se agrava con la crisis migratoria en la isla. Más de 200 000 migrantes indocumentados han salido de la República Dominicana en lo que va del año, incluyendo al menos 145 000 haitianos deportados por las autoridades migratorias, en lo que constituye un aumento de 70% respecto al año anterior.
La Dirección General de Migración dominicana ha intensificado las operaciones y deportaciones desde la entrada en vigor de una nueva ley migratoria en octubre de 2024.
Las autoridades de Santo Domingo han defendido sus acciones alegando respeto a los derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad nacional, pero organizaciones internacionales han expresado preocupación por el impacto en la comunidad haitiana.
Muchas personas viven con miedo de ser detenidas y expulsadas, lo que limita su acceso a servicios básicos como atención médica y educación.
La República Dominicana ha prohibido la entrada a mujeres haitianas embarazadas en su tercer trimestre, argumentando que el sistema de salud no puede cubrir el costo del parto de extranjeras indocumentadas.
Naciones Unidas, por su parte, condenó la deportación de 900 mujeres haitianas embarazadas o lactantes en los últimos meses, calificando la práctica como una violación de normas internacionales.
Entre abril y mayo de 2025, cerca de 20 000 haitianos fueron repatriados, la cifra más alta registrada para ese período.
El gobierno dominicano ha endurecido su política migratoria, cerrando parcialmente la frontera con Haití y construyendo un muro de 160 kilómetros equipado con sensores, cámaras y torres de vigilancia, con el objetivo de frenar la migración irregular, el contrabando y la inseguridad.
