Una nueva acusación de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría alargar aún más lo que ya se vislumbra como una prolongada batalla para que el Reino Unido lo extradite.
La denuncia formal abre la puerta para que la defensa de Assange argumente que los cargos amparados en la Ley de Espionaje son políticos y, por ende, ajenos al tratado de extradición entre ambos países.
Las autoridades estadounidenses quieren extraditar a Assange para que enfrente cargos de que dirigió la publicación de un enorme alijo de documentos secretos en los que se revelaron los nombres de personas que proporcionaron información confidencial a las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Afganistán.
El australiano Assange, de 47 años, cumple una sentencia de 50 semanas en Londres tras haber sido expulsado de la embajada ecuatoriana en abril. Ha insistido en que luchará para no ser extraditado.
Aunque Estados Unidos y el Reino Unido tienen un tratado de extradición, los delitos políticos son una excepción. Los criterios no están especificados claramente, pero es probable que Assange y sus abogados usen los cargos interpuestos el jueves para argumentar que el Departamento de Justicia desea enjuiciarlo por delitos que son inherentemente políticos porque involucran la adquisición y publicación de secretos gubernamentales.
“Al menos a primera vista, parece que complicaría la capacidad de Estados Unidos para lograr que Assange sea extraditado desde Gran Bretaña porque a menudo pensamos en el espionaje como un tipo de ofensa política”, dijo Ashley Deeks, profesora de derecho en la Universidad de Virginia y experta en seguridad nacional y en derecho internacional.
Dijo que la acusación formal inicial dada a conocer el mes pasado –en la que se le imputa a Assange un solo cargo de conspirar con la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning para hackear la contraseña de una computadora del Departamento de Defensa– fue un intento de “buscar un equilibrio y alegar una ofensa subyacente que no parecía una ofensa política”.
Si los nuevos cargos con base en la Ley de Espionaje coinciden con la definición tradicional de espionaje, y por extensión de una ofensa política, puede ser más complicado.
“Queda abierta la pregunta de qué pensarán en Gran Bretaña acerca de este caso”, señaló Deeks.
