El parlamento español aprueba el proyecto de presupuesto nacional 2018, dándole un respiro al gobierno del presidente Mariano Rajoy mientras lucha contra el separatismo catalán.
Legisladores vascos se retractaron a último momento de su promesa de no apoyar el plan de gastos de Rajoy mientras el gobernante Partido Popular mantenga el control de Cataluña mediante la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española.
Los cinco votos del Partido Nacionalista Vasco eran necesarios para evitar una crisis política mayúscula que hubiese puesto al desnudo la debilidad del gobierno y hubiera obligado a Rajoy a pedir un voto de confianza o incluso una elección anticipada.
El presupuesto cobrará vigencia en junio después de su aprobación por el Senado, donde el partido de Rajoy tiene una mayoría amplia.
A cambio de su apoyo, el PNV obtuvo nuevas inversiones y otros beneficios para la región vasca, donde lidera la coalición de gobierno e intenta ampliar la autonomía regional.
Ha obligado al gobierno a aumentar las pensiones, una prioridad para los votantes mayores y por las que se han realizado manifestaciones multitudinarias en los últimos meses. Las mayores protestas han sido en la ciudad vasca de Bilbao.
El PNV se había negado a apoyar a las autoridades centrales mientras Madrid mantuviera su control de los asuntos catalanes, que ya lleva siete meses, en respuesta a los intentos separatistas. Las dos regiones reivindican con pasión su autonomía.
En una declaración en su sitio web, el PNV dijo el miércoles que apoyaba el proyecto de presupuesto como “acto de responsabilidad” y para “evitar el abismo” de una crisis política nacional.
Rajoy ha prometido levantar los controles una vez que Cataluña tenga de nuevo un gobierno en pleno funcionamiento. Sin embargo, su gestión se ha negado a publicar oficialmente la designación de cuatro políticos que están siendo procesados a raíz del movimiento secesionista del año pasado, y por lo tanto no pueden incorporarse al gobierno del presidente catalán Quim Torra.
Dos de los ministros designados por Torra están en la cárcel, y otros dos están en Bélgica, resistiendo las gestiones para extraditarlos a España.
Se suponía que el gabinete iba a ser juramentado el miércoles, pero el partido de Torra anunció que tuvo que postergar el evento. Advirtió además que ha iniciado procesos legales contra el gobierno de Rajoy por negarse a promulgar las designaciones ministeriales catalanas.
Eduard Pujol, un legislador catalán independentista, expresó que el gobierno local debe ser designado por Torra, no por Mariano Rajoy.
La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría respondió que es responsabilidad de Torra devolver la normalidad a Cataluña escogiendo a ministros que no estén en la cárcel o en el exterior.
El conflicto con los separatistas catalanes se ha convertido en uno de los más duros desafíos para el gobierno de Rajoy, aparte de las denuncias de corrupción contra líderes de su Partido Popular y el surgimiento de otro partido opositor, llamado Ciudadanos.
Los partidarios de Rajoy le atribuyen haber sacado a España de su peor crisis económica en décadas. Sus opositores denuncian que bajo su gestión ha aumentado la desigualdad debido a la falta de empleos y a las medidas de austeridad.
AP / OnCuba
