Redacción OnCuba
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes por unanimidad una moción en la que instan al gobierno central de España a que cree juzgados especializados, forme en perspectiva de género y revise el Código Penal para que no se vuelvan a producir las “carencias” en el sistema judicial sobre abusos o agresiones sexuales que han sido puestas al descubierto por la sentencia del caso de La Manada.
En la moción aprobada por la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea (UE), el PSOE ha apostado por que los integrantes de la carrera judicial adquieran la formación especializada en el procedimiento selectivo, escuela judicial y formación continua, que habrá de ser específica y de carácter transversal para que puedan interpretar y aplicar las normas con perspectiva de género.
Además, la iniciativa aboga por introducir pruebas selectivas de especialización en violencia de género que garanticen la adquisición de conocimientos multidisciplinares para el abordaje de la violencia contra la mujer en sus distintas formas.
Finalmente, la Asamblea Regional ha reclamado la revisión e impulso de una reforma del Código Penal y de las normas de enjuiciamiento, encaminada a garantizar los derechos de las mujeres.
La diputada socialista Isabel Casalduero comentó que el fallo en primera instancia del caso de La Manada ha dejado al descubierto las “carencias” que el sistema judicial presenta en cuanto a la consideración de los abusos o agresiones sexuales, lo que ha generado una “profunda indignación social” y refleja que las leyes “no dan en la actualidad la respuesta social que estos casos requieren”.
En opinión de la viceportavoz socialista, el fallo del caso de La Manada “desmonta el trabajo jurídico y político llevado a cabo en las últimas décadas, al cuestionar que haya existido esa violencia”.
Los cinco integrantes de “La Manada” –como ellos mismos se autonombraban– fueron declarados culpables de abuso sexual, que bajo las leyes españolas no incluye violencia ni intimidación, por agredir sexualmente a una joven española en 2016, y grabar los hechos con sus teléfonos. Después le robaron el teléfono y la abandonaron.
El tribunal optó por declararlos culpables de abuso sexual y no de los cargos más graves que promovía la fiscalía, los cuales hubieran conllevado penas de más de 22 años de cárcel para cada uno. No obstante, la corte acordó que no hubo consentimiento debido a que los imputados estaban en una situación de “superioridad que limitó la libertad de la víctima”.
Hace unos días fueron puestos en libertad provisional, lo que ha reactivado las protestas de diversos sectores y la preocupación social ante lo ocurrido.
EFE / OnCuba
