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Una jueza federal en Oregón, Karin Immergut, impuso por segunda vez en pocos días un bloqueo temporal al despliegue de unidades de la Guardia Nacional en Portland, la ciudad más grande del estado.
La decisión judicial ocurre luego de que el presidente Donald Trump ordenara enviar cientos de efectivos militares, incluyendo tropas federalizadas de California y Texas, para controlar protestas en la ciudad, decisión que generó oposición legal de los gobiernos estatales de Oregón y California.
Origen de la controversia: despliegue militar y acciones legales
El viernes pasado, la jueza Immergut emitió una orden judicial que impedía al Gobierno Federal utilizar la Guardia Nacional del estado de Oregón para el despliegue en Portland argumentando que no existía una insurrección ni amenaza a la seguridad nacional que justificara la intervención militar.
Sin embargo, Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, movilizar a 300 efectivos de la Guardia Nacional de California y 400 de Texas, lo que llevó a una segunda solicitud de orden de restricción temporal por parte de ambos estados.
Durante la audiencia telefónica de emergencia, la jueza mostró su escepticismo ante los argumentos del Gobierno y cuestionó si estas acciones representaban un intento de eludir su orden previa, cuestionando la legalidad y adecuación del despliegue militar en Portland.
Resistencias de los gobiernos locales y estatales
Tanto la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, como el gobernador de California, Gavin Newsom, se han opuesto firmemente a estas medidas.
Kotek afirmó que no existe necesidad de intervención militar en Oregón ni una amenaza real, calificando la orden presidencial como un intento deliberado de evadir la decisión judicial.
Los gobernadores manifestaron su compromiso de continuar enfrentando legalmente este despliegue, haciendo énfasis en que Portland no vive una insurrección ni un escenario equivalente a una “zona de guerra” como ha descrito el presidente.
Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, condenó la orden presidencial y señaló que la movilización de tropas de un estado a otro sin fundamento legal adecuado está fuera de norma bajo cualquier presidencia.
Entretanto, el alcalde de Portland, Keith Wilson, denunció abusos de fuerza indebidos por parte de agentes federales en protestas pacíficas frente a las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Protestas contra ICE
Las protestas en Portland se han concentrado principalmente frente a una instalación de ICE y se han mantenido dentro de límites relativamente pequeños y localizados, lejos del centro de la ciudad.
Las autoridades locales han señalado que la violencia aislada contra agentes y propiedades federales no justifica la militarización que busca el gobierno federal.
En contraste, Trump ha calificado la ciudad repetidamente de estar “devastada por la guerra” y ha declarado su intención de usar estas ciudades como “campos de entrenamiento” para las fuerzas armadas con el fin de controlar la supuesta “invasión desde dentro”.
Situación similar en otras ciudades
El despliegue de la Guardia Nacional también se ha intentado implementar en otras ciudades lideradas por demócratas, como Chicago y Los Ángeles.
En Chicago, el gobernador demócrata JB Pritzker presentó una demanda para impedir el envío de tropas militares, calificando la medida de una “invasión” y una intervención peligrosa y desproporcionada que afecta la democracia local.
En respuesta, la Casa Blanca justificó la movilización con base en supuestos “disturbios violentos y anarquía”, mientras que autoridades locales insisten en que la intervención federal ha intensificado y agravado la situación, más que ayudar a estabilizarla.
Consecuencias legales y futuras audiencias
La orden temporal de la jueza Immergut tiene una duración inicial de 14 días, plazo en el que se convocará una audiencia para deliberar sobre una posible orden judicial preliminar que pueda bloquear de manera más permanente el despliegue militar en Oregón.
Por otro lado, un abogado del Departamento Militar de California informó que se sostiene la orden de mantener a los efectivos federalizados hasta enero de 2026, lo que añade presión a la disputa legal.
Tina Kotek anunció que Oregón enfrentará al presidente Trump en cada paso de esta confrontación legal y democrática. Mientras, el fiscal general de California, Rob Bonta, destacó que la lucha contra este despliegue no concluye con la orden judicial, y que el rechazo a las acciones ilegales es un paso importante en defensa del Estado de Derecho.
En el plano político, el despliegue militar y los reclamos judiciales constituyen un nuevo capítulo en la pugna entre la Administración y varios estados demócratas, reflejando tensiones profundas sobre el uso del poder federal y la autonomía estatal en el manejo de la seguridad pública.
El conflicto pone en el centro del debate la delimitación de las competencias del presidente y la defensa de los derechos de los estados y las ciudades, mientras a nivel popular se mantiene una vigilancia cercana sobre el uso de la fuerza militar dentro del territorio de Estados Unidos.
