Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, fueron declarados culpables hoy de violar la Ley de Secretos Oficiales del país y sentenciados a 7 años de prisión. En el fallo, tras menos de un año de proceso, el juez Ye Lwin concluyó que los hombres “intentaron muchas veces conseguir documentos secretos y pasárselos a otros” y que “no se comportaron como periodistas normales”.
Los periodistas documentaron la muerte de 10 rohingya a manos de soldados oficiales y aldeanos budistas en Inn Din, un pueblo al norte del estado de Rakhine, en la costa oeste de Myanmar, hace un año, el 2 de septiembre de 2017.
El genocidio de fondo
La masacre se da en el contexto de violencia sectaria sin freno entre budistas y el Estado contra diversas minorías étnicas. Últimamente, el conflicto devino, según la ONU, en un “genocidio de manual”. La última ola de violencia comenzó en agosto de 2017 tras los ataques de un grupo armado conocido como el Ejército de Salvación Rohingya Arakan a puestos de seguridad oficiales. Entonces, enumera Amnistía Internacional, “las fuerzas de seguridad de Myanmar arrasaron cientos de aldeas rohingyas”. En el medio “mataron a mujeres, hombres y niños, violaron a mujeres y niñas, arrastraron a hombres y niños a los lugares de detención y los torturaron, quemaron casas, tiendas y mezquitas”. El resultado fue la profundización de la crisis humanitaria: 700,000 personas huyeron cruzando la frontera a Bangladesh.
Los rohingyas viven en un limbo: son considerados apátridas. No tienen derecho a la ciudadanía de Myanmar desde 1980. Tampoco fueron recibidos en todos estos años por Bangladesh. En el medio, creció en la sociedad birmana una xenofobia anti musulmán y anti minorías étnicas que desembocó en una especie de apartheid. El surgimiento del Ejército de Salvación Rohingya Arakan fue una respuesta violenta y extremista a esa situación. El gobierno de Myanmar los acusa de ser una célula de ISIS.
De la resistencia al fracaso
Myanmar (o Birmania: ambos nombres proceden de las formas que los birmanos tienen de pronunciar el nombre de su nación en el idioma local: “Mran-ma”) está entre la India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia, entre la gran meseta del Tíbet y la península malaya. Fue colonia británica hasta 1948.
Entre 1948 y 2011 el país fue gobernado por una dictadura militar que proscribió a la Líder de la Liga Nacional Democrática: Aung Sang Suu Ki. Por su lucha pacífica, a lo Gandhi sin permitir que sus seguidores dispararan un solo tiro, Suu Ki pasó 15 años bajo arresto domiciliario entre 1988 y 2011. En XXX recibió el Nobel de la Paz.
En 2016 la Liga Nacional Democrática pudo participar de las elecciones pero en el marco de una Constitución reformada por la dictadura para evitar que Suu Ki tomara el mando presidencial. Asumió un hombre de su confianza, Win Myint, quien designó a Suu Ki como Secretaria de Estado, dándole el verdadero poder de conducción.
Todas las esperanzas en el gobierno de Suu Kii comenzaron a derrumbarse en la medida que no desactivó la violencia contra los rohingyas. El Dalai Lama le salió al cruce: “Le falta preocupación por las vidas ajenas, por el bienestar de los demás”. El arzobispo sudafricano que luchó contra el apartheid, Desmond Tutu, dijo: “Si toma una postura neutral en situaciones de injusticia, ha elegido el bando opresor”.
El poder del nuevo gobierno además es limitado: las Fuerzas Armadas conservan los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos, además de un 25 por ciento de los escaños parlamentarios en las cámaras legislativas. Pero los militares no son el único límite: Suu Kii teme enfrentarse a un porcentaje muy amplio de la población que quiere una democracia pero que sigue a líderes extremistas anti Islam como el monje Ashin Wirathu, calificado como el “Bin Laden del budismo”, que acusa a los rohingyas de terroristas.
Contra la censura
En 2013, durante el gobierno de transición entre la dictadura militar y la elección de la Liga Nacional Democrática, se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones. La sección “66d” de esa ley prevé hasta tres años de cárcel para cualquiera que utilice “las telecomunicaciones para extorsionar, difamar, amenazar o molestar”.
Junto con la “Ley de secretos de Estado”, la 66d “ha abierto la puerta a una ola de acusaciones criminales de individuos por comunicaciones pacíficas en Facebook y ha sido utilizada cada vez más para reprimir las críticas a las autoridades”, según un comunicado de Human Rights Watch. Cualquier persona en Myanmar puede ser juzgada como traidora a la patria, con total discrecionalidad, por una nota periodística o un post de Facebook.
Un paso atrás
Mientras el periodista Wa Lone era llevado hoy por la mañana (horario birmano) a una furgoneta de la policía esposado dijo a colegas de otros medios internacionales: “No tengo miedo. No he hecho nada malo. Creo en la justicia, en la democracia y la libertad “. Kyaw Soe Oo no hizo declaraciones, solo abrazó a su esposa todo lo que pudo hasta que la policía se lo llevó.
La cadena Reuters calificó el veredicto como “un gran paso atrás” para Myanmar. “Hoy es un día triste no solo para Myanmar y los periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, también para la prensa de todas partes”, dijo a través de un comunicado el editor en jefe de Reuters, Stephen J. Adler, quien pidió a Myanmar que revise la decisión con urgencia.
La misma presión internacional que durante décadas pidió por la liberación de Aung Sang Suu Kii y el derecho a presentarse en elecciones, ahora le pide a la Nobel de la Paz que detenga un genocidio.
A tomar notas y sacar cuentas