Rafael Hernández
El congreso que acaba de finalizar se anunció como el de la continuidad y la unidad. Y así fue.
Raúl Castro había advertido hace cinco años sobre su decisión de retirarse; y hacía tres, su propuesta de que, a pesar de mantenerse separados los cargos de presidente y secretario del Partido ocupados durante décadas por Fidel, él proponía que el presidente Miguel Díaz-Canel lo relevara en la dirección del PCC en 2021.
Como suele ocurrir clásicamente entre muchos observadores de la política cubana, parecería que nada de eso se tomó, una vez más, en serio; ni impidió que se construyeran todo tipo de escenarios. Por ejemplo, que realmente no se iba; que iba a ser heredado por algún otro «Castro;» que la vieja guardia tampoco se retiraba; que la crítica situación empujaba a Cuba al modelo chino o vietnamita; que el sector estatal iba a rifarse. Así que, para algunos observadores, parecía que ahora sí era el turno de la privatización. Naturalmente, esos augurios no tenían sustento en ninguno de los documentos de la Actualización del modelo (2011), como son la Conceptualización (2016), ni mucho menos en la Constitución (2019).
En efecto, las resoluciones aprobadas por el Congreso no desandan lo avanzado durante el año y pico de pandemia respecto a la legitimidad y consolidación del sector privado. Mucho menos justifican los vaticinios acerca de que los trabajadores por cuenta propia serán usados una vez más para resolver «los problemas más graves» y condenados luego al «anatema.» En cambio, la Resolución sobre la Conceptualización del modelo reitera «reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas,» así como «la descentralización de facultades a los niveles territoriales, con énfasis en el municipio como instancia fundamental.» El Informe Central indica que «el mercado debe regularse, pero mediante la utilización de métodos no administrativos» o indirectos; y hay que «lograr que las demandas insatisfechas de nuestra población constituyan un incentivo para los productores nacionales,» y «proporcionarles mayores incentivos al trabajo y la innovación.» Nada de esto deja fuera a los productores no estatales.
Como apunté en otra parte, el mapa de ruta bajo la tormenta perfecta de la pandemia, la crisis acumulada y el recrudecimiento del bloqueo bajo Trump, ha sido, desde julio de 2020, la Estrategia económico-social para enfrentar la Covid-19 (EES), especialmente mencionado en el Informe. Este expande a más de 2000 las actividades de autoempleo permisibles y flexibiliza las reglas de su ejercicio, además de reiterar el acuerdo sobre las PYMES.
El énfasis del Informe sobre los límites al sector privado se explica claramente por estar corrigiendo a «quienes sueñan con la restauración capitalista en el país y la privatización masiva de la propiedad del pueblo.» Aunque se reiteró la política establecida de no privatizar el comercio interior, ni autorizar la importación comercial privada, también se dieron seguridades de que no habría una reversa de los compromisos establecidos. Los depósitos bancarios en MLC y CUP fueron nuevamente garantizados a los ahorristas, así como el efectivo en manos de la población, y de las entidades extranjeras y nacionales; así como el compromiso de pago de la deuda a los acreedores que negociaron su reestructuración por vencimiento, en cuanto se recupere la economía.
La continuidad también se confirma en el concepto de «seguir rejuveneciendo cargos administrativos y partidistas.» Aunque muchos comentaristas siguen repitiendo el mantra de que Raúl estaba gobernando dentro de un círculo de «generales octogenarios,» solo el Buró político rebajó su edad promedio de 70 a 63 años en el VII Congreso, que estableció un límite de edad de 60 años para ingresar a este organismo.
Este Congreso de la continuidad ha deparado, sin embargo, algunas cosas no exactamente previstas
Por ejemplo, arrancó por anunciar una revisión considerable del principal documento de las reformas económicas, los Lineamientos económicos y sociales. Ese revisionismo, que no fue anunciado por el nuevo liderazgo del PCC, sino por el mismo Raúl Castro que lo propuso y lo defendió en los anteriores congresos, eliminó una tercera parte de los lineamientos, modificó 60% del total, añadió 18 y dejó intactos apenas 17. Aunque no lo podemos saber con certeza sin haberlo leído, me pregunto si, digamos, una novela de Leonardo Padura fuera modificada de esa manera por sus editores españoles, todavía le seguiríamos llamando «una versión,» o diríamos que se trata de una nueva.
Aunque el Informe Central no aplaude a ningún sector de la economía nacional, extiende un excepcional reconocimiento a los científicos, que han logrado la industria farmacéutica y las vacunas contra la COVID. La ciencia, junto con la cultura, casi no aparecían en la primera versión de esos Lineamientos (2011).
Esas objeciones a la implementación de los Lineamientos atañen, desde luego, a la comisión encargada de ponerlos en práctica, no solo por sus deficiencias, sino por haberse «excedido en sus atribuciones respecto a otros organismos de la economía.» Ese es un buen ejemplo, con permiso de mis amigos economistas, de un problema no asociado a la visión macroeconómica adecuada o a la secuencia de las medidas, sino al uso del poder y su concentración en un mando único, o sea, a la política estrictamente hablando.
El Informe culpa directamente a los cuadros del Estado y el gobierno encargados de implementar la reciente Tarea Ordenamiento, por sus excesos y torpezas con los precios y otras medidas, y por hacer resistencia a las políticas acordadas. Cualquiera que haya escuchado o leído discursos de Raúl Castro sabe que esta critica a la burocracia no es ninguna novedad. También achacó las deficiencias y lentitud en la política de inversiones extranjeras, así como en la extensión y el uso del sector privado a «prejuicios» —lo que en la jerga política cubana se suele llamar «factores subjetivos»— por oposición a las condiciones materiales que limitan la aplicación de una política. Finalmente, es la primera vez que un documento del PCC a ese nivel hace referencia a «las remesas de los ciudadanos cubanos en el exterior» como componente del panorama económico: «se ampliaron las ventas en MLC hacia otros productos, incluyendo los alimentos, con el objetivo de incentivar las remesas que los ciudadanos cubanos en el exterior realizan a sus familiares.»
Lo que el Informe de Raúl dice sobre el desempeño de la economía palidece, sin embargo, ante su valoración del sector ideológico. Como mencioné antes, el nivel de análisis crítico con que los acuerdos recogidos en la Primera Conferencia del Partido (enero, 2012) caracterizaban los problemas del trabajo ideológico había sido el más sistemático y abarcador que podría recordarse desde la política de Rectificación (1985-1991). «No es suficiente hacer más de lo mismo», son sus palabras para abordar el tópico en el Informe. Lo cuestiona por orientar a los medios de difusión según viejos esquemas, por ejercer «triunfalismo, estridencia y superficialidad.» Y concluye reclamándole «una profunda transformación.»
De hecho, para decirlo en cubano, el ramalazo por los errores en la aplicación de la política de precios de parte de los dirigentes se orientan contra «una inadecuada política de comunicación social y la publicación de enfoques incorrectos en varios de nuestros medios de prensa,» que suscitaron la peregrina idea de volver a meterlo todo en la libreta de abastecimientos.
A pesar de lo que dice el artículo 5 de la Constitución, la cuestión del rol del Partido en el sistema político cubano, en términos prácticos, sigue entre los problemas no resueltos, según el Secretario general saliente. «Ir superando la suplantación e interferencias en las funciones y decisiones que le corresponden al Estado, Gobierno e instituciones administrativas —llevamos más de 60 años repitiendo eso y, realmente, hay que decir que se cumple muy poco.»
No tengo espacio para hablar aquí de otras continuidades, como las relaciones exteriores, el enfrentamiento a la oposición apadrinada por EEUU, la relevancia de la defensa y la seguridad nacional, el ramo de olivo a la administración Biden («un diálogo respetuoso, para un nuevo tipo de relaciones,» sin «concesiones en soberanía y política exterior»), la representatividad social en los organismos de dirección.
Nueva dirección del PCC
Yendo de arriba abajo, el Buró político (BP) se recompuso, según se esperaba, pero también con algunos cambios imprevistos. Salió 47% de los miembros, incluyendo a todos los históricos, empezando por Raúl, el segundo secretario, José Ramón Machado Ventura, que estaba en el Buró desde hace 46 años, y Ramiro Valdés, el único dirigente cubano que ha entrado y salido del BP más de una vez, desde hace mucho tiempo en funciones civiles. También se fueron otros dos militares, ambos en funciones en la dirección del MINFAR, y muy populares, especialmente por su desempeño en la guerra de Angola. Al único militar que quedó en el BP, donde estaba antes de que Raúl asumiera el gobierno en 2008, el actual Ministro de las FAR, se le sumaron ahora otros tres: el titular del MININT, el presidente del Grupo de Administración Empresarial del MINFAR, y el general retirado que ha sido secretario del Consejo de Ministros desde el gobierno de Raúl.
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Además de este relevo, salieron del BP el encargado de la Comisión de los Lineamientos, y dos mujeres (ambas mestizas), una cuadro provincial del PCC y la otra rectora de instituciones universitarias y experta en informática. En el nuevo BP, ingresó una sola mujer, también dirigente provincial del Partido; y como se esperaba, el Primer Ministro. En este BP de 14 miembros, con tres asientos menos del anterior, cinco son nuevos.
Lo más insólito de esta nueva dirección, sin embargo, no es numérico, sino la ausencia del cargo Segundo secretario. Las tareas del anterior, relacionadas con la organización y los cuadros, recayeron otra vez en un médico, el más joven del anterior BP, pero ahora con rango de miembro del Secretariado, no número dos. Los otros dos relevos en el Secretariado, compuesto solo por varones, fueron dos jóvenes, el Ideológico, que antes dirigió un periódico, fue embajador en Venezuela y rector de la academia diplomática; y el Económico, ex-secretario ideológico de la UJC y dirigente del PCC en un municipio de La Habana. No queda claro cuál de ellos se ocupará del Departamento de Relaciones Internacionales —o si es que este desaparece, dada la presencia del Canciller en el BP.
Una rápida mirada al nuevo Comité Central (CC) también revela continuidades y discontinuidades. Están, como siempre, todos los dirigentes principales del PCC en provincias, entre ellos cinco mujeres. Pero solo diez miembros del Consejo de Ministros y tres viceministros; o sea, que la mayoría del gabinete no está —entre estos, Cultura, Comercio Exterior, Transporte, etc. En el anterior CC, tanto los militares como los intelectuales de la cultura y la educación superior ya habían reducido su peso de 14% a solo 9%. En este nuevo y reducido CC, los militares son 10,4%. Sin embargo, no hay ningún escritor, artista, intelectual o representante de alguna institución de la cultura o las ciencias sociales —salvo un joven historiador. Sí hay una nutrida representación de investigadores de las ciencias naturales, especialmente, los del sector de la salud y los medicamentos.
Finalmente, para saber cómo ha cambiado la composición social de las filas del PCC en los últimos cinco años habría que disponer de cifras precisas. Según el Informe Central, han vuelto a crecer, después de haberse reducido 13%, según datos del Congreso anterior. Hoy son más de 700 mil. Esos datos también podrían ser útiles, si se trata de un análisis desapasionado sobre la política cubana, una rareza en los tiempos que corren.
