Rafael Hernández
Mi tía me contaba que al día siguiente de llegar a EE. UU., con sus dos niños chiquitos, se había arrepentido de la decisión. Había salido junto con mi abuela por el puente aéreo Varadero-Miami, en lo que allá llamaban “los vuelos de la libertad”, gracias al primer acuerdo migratorio (1965). Tanto le disgustaba el ambiente de aquella ciudad, que cuando le ofrecieron reubicarse con su familia en Los Ángeles, dijo que sí sin pensarlo dos veces. Fue el momento más trágico de su vida, me diría años después.
En la última década, la política migratoria cubana dio un giro radical respecto a los cincuenta años anteriores. Los que se van no pierden sus derechos como ciudadanos, residencia, propiedades, acceso a servicios sociales. Pueden retornar, permanecer el tiempo que quieran, volver a salir, y así sucesivamente. Lo que era una calle de un solo sentido se ha convertido en rotonda.
En los últimos tiempos se han aplicado nuevas regulaciones sobre la renovación del pasaporte, cambios aduanales para facilitar envíos e importación de medicinas y alimentos, encuentros de empresarios emigrados con autoridades gubernamentales, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel.
Hoy el Gobierno afirma que su política es facilitar la mayor participación de los cubanos residentes en 130 países (sobre todo EE. UU.) en nuestra vida política, económica y social. Y que crece el número de proyectos de cooperación, negocios e inversiones presentados por esos emigrados.
Según me comentaba en una larga conversación Ernesto Soberón, a cargo de la DACCRE, la dirección que se ocupa de los residentes en el exterior en el Minrex, y organiza la próxima IV Conferencia La Nación y la Emigración (18-19 de noviembre), 45 % de los inscritos como participantes en el evento tiene doble residencia, en el extranjero y en Cuba.
Aunque han pasado nada menos que diecinueve años desde la III Conferencia, me dice que desde hace dos años, noviembre de 2021, cuando ingresamos a la nueva normalidad después de la pandemia, se mantiene la moratoria del límite de estancia fuera del país, establecido en 24 meses desde 2013. “Las personas salen sin tiempo límite de estancia en el exterior”.
IV Conferencia La Nación y la Emigración: retomar el diálogo en una Cuba diferente (I)
Los artistas han sido pioneros en implementar estrategias, políticas, decisiones, que facilitan ese vínculo. En estos últimos años, se aprecia un incremento de la participación de artistas e intelectuales residentes afuera en la vida cultural.
“Estamos en el mejor momento de las relaciones de Cuba con los cubanos en el exterior. Muchas de sus demandas ya han sido cumplidas sin esperar a la Conferencia”, asegura Soberón. Y añade: “Va a ser un momento de balance, pero sobre todo de proyectar hacia dónde va la relación de Cuba con los cubanos en los próximos años”. “Debemos intercambiar con ellos para contribuir a mostrar la realidad cubana con sus luces y sus sombras”.
En otros textos (“Emigrados nuestros: algunas lecciones orientales”), he comentado las políticas de China y Vietnam hacia sus nacionales emigrados (chinos o vietnamitas “de ultramar”, según les llaman). El Frente de la Patria, en Vietnam, y la Oficina del Consejo de Estado, en China, representan sus intereses, institucionalmente hablando.
Le pregunto a Soberón si se ha considerado la institucionalización de esa relación dentro del sistema político cubano, mediante un organismo o entidad que refleje y canalice sus opiniones, intereses, necesidades, manteniéndose como emigrados.
Me responde que está en estudio “una institución capaz de cubrir con esa amplitud la atención del tema migratorio a través de los cubanos en el exterior, que no puede ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Minrex no tiene facultad ni autoridad sobre los gobiernos locales, ni sobre la política que se sigue en Cultura en relación con los emigrados”. “Estamos en el análisis de la estructura institucional que correspondería a un momento de esta naturaleza”; “el tema sería también parte del intercambio” en la próxima Conferencia.
Además, dice que “estamos en un proceso de análisis de otros proyectos de leyes relacionados con el tema migratorio y con los cubanos, como son una Ley de migración, una Ley de extranjería, una Ley de ciudadanía”, de las que debe ocuparse la actual legislatura.
“Queremos intercambiar algunas ideas al respecto con los cubanos que vengan a la Conferencia, aun sin que haya proyectos de ley acabados en ninguno de los tres casos”. Cuando el proceso legislativo avance, se podrán “someter a debate textos de esta naturaleza con los cubanos en el exterior”, como se hizo antes con la Constitución y el Código de las Familias.
En materia de negocios, “hemos pasado de una política restrictiva, digamos, a una más igualitaria. Llegaremos a una en la que haya incentivos particulares para los cubanos en el exterior. Eso también pasa por la institucionalización”. Sin embargo, “en la actual visión, el capital es el que se considera extranjero, no la persona. Lo que tiene que tener es una empresa en el exterior con un capital en el exterior, sea cubano o sea extranjero, y podrá invertir y hacer negocios en Cuba”.
Finalmente, añade que “no todo lo que se necesita hablar en términos de relaciones de Cuba con los cubanos en el exterior lo vamos a lograr en dos días de trabajo. Ahí se dirán algunas cosas, y otras se tratarán en mecanismos para mantener ese intercambio”, una de “las funciones fundamentales de la estructura que se cree: mantener ese intercambio”. “El diálogo puede ser permanente y a través de diferentes vías. A través de encuentros en países, de encuentros regionales, que ya se vienen haciendo. A través de participación de cubanos en eventos en Cuba”.
Más allá
Recordando el diálogo con los emigrados, en 1978 y 1979, le comenté al director de DACCRE que Fidel insistía en concebirlo como un canal separado de nuestra relación con los Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, desde los años 80, algunas contingencias en la relación con ese país afectaron el diálogo con los emigrados. ¿En qué medida esas relaciones entre cubanos de aquí y de allá pueden separarse hoy de esas contingencias?
Soberón mencionó lo que se había hecho a pesar de que la hostilidad, después del corto verano de Obama, se había renovado. Pero que esa separación total del estado de las relaciones con Estados Unidos era improbable. Una política de EE. UU. menos hostil favorecería nuestras relaciones con los cubanos en el exterior; y una más hostil, las influiría de forma negativa. En su opinión, sin embargo, “no hay manera de que las detenga una relación incluso muy hostil”.
Pensando en problemas de mayor trascendencia política relacionados con esta cuestión, al margen de lo que pueda ventilarse en el encuentro de La Nación y la Emigración, se me ocurrieron algunas preguntas centradas en tres hipótesis.
La primera parte de imaginar la situación de un emigrado cubano en EE. UU. dispuesto a actuar políticamente allá y hacer lo posible porque mejoraran las relaciones con Cuba, al punto de alcanzar una cierta normalización, y un flujo estable de ida y vuelta. Considerando en esa hipótesis que ese emigrado no compartiera el socialismo ni se identificara con él, pero tuviera la voluntad de dialogar y actuar en favor del interés nacional, ¿qué condiciones políticas serían necesarias para que pudiera sentirse parte y partícipe de ese proceso? ¿Cómo ese emigrado que no comparte ideas políticas podría sentirse comprometido del lado de acá, para actuar a favor de una nueva relación? ¿Igual, digamos, que un ciudadano mexicano, guatemalteco, estadounidense, francés, que puede mantenerse ligado al interés nacional de su país desde el exterior? ¿Podría hacerlo, digamos, a la manera de artistas y escritores emigrados, que forman parte de las mismas organizaciones que los residentes aquí, e incluso integrar sus órganos de dirección? ¿Por qué no podrían formar parte de otras organizaciones e instituciones sin estar residiendo aquí permanentemente?
Una segundo cuestionamiento que abarca varias preguntas, aparentemente más simples, sería el siguiente: “Mi abuelo era el dueño de un central o una fábrica en Cuba, ¿voy a poder invertir en esa empresa? ¿Voy a volver a tener un grado de propiedad en ese antiguo negocio de mi familia? ¿Me van a dejar hacer lo que a un inversionista indio, ruso, chino? ¿Qué porciento de esa empresa podrá ser mi propiedad? ¿49 %? ¿70 %? ¿100 %?”.
Finalmente, un cubano residente aquí, que no ha pensado en irse (todavía), que no se ha preocupado por adquirir otra ciudadanía, ¿estará de acuerdo con que la respuesta a las dos preguntas de esos emigrados fuera afirmativa? ¿O más bien no? ¿Es posible contestarlas sin una legislación que realmente se aplique y se materialice en políticas que delimiten iguales términos para lo que puede y no puede hacer el cubano de aquí, que responda al mismo derecho, a la misma libertad para participar, invertir, etc., y sus límites?
He compartido estos tres problemas no solo con organizadores de la conferencia, sino con estudiosos y expertos del tema. A continuación, algunas de sus reflexiones, que no cito con palabras textuales, sino me limito a parafrasear, recogiendo sus ideas tal como las entendí.
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A pesar de lo no resuelto, Jesús Arboleya coincide en que no ha habido un momento más propicio que el actual para diseñar una política integral hacia la emigración cubana. Es el más propicio por el consenso existente en la sociedad cubana. Aunque no se disponga de encuestas nacionales, parece que la actitud predominante en la sociedad cubana, adentro y afuera, es mucho más favorable a este diálogo y encuentro incluso que en 1978.
Sin embargo, para pensar la participación de los emigrados no puede soslayarse que la mayoría está en EE. UU., y que 62 % se concentra en el estado de la Florida, uno de los más conservadores de la historia de ese país —Arboleya dixit— porque forma parte del sur profundo, más allá de republicanos y demócratas.
Los cubanos llegan a una sociedad que tiene sus reglas, y se ven influidos por ese entorno, donde radica el núcleo duro de la política contrarrevolucionaria, con una función asignada dentro de la política de Estados Unidos contra Cuba. En esa función descansan los privilegios de que gozan esos emigrados. Es díficil distanciarse de esa política, que es la fuente de los beneficios de acceso al sistema político, y que les permite influir en otros temas, no solamente hacia Cuba.
Comentando lo que demuestran las encuestas de Guillermo Grenier en FIU, Arboleya señala que los cubanos no votan por la posición que tengan los candidatos respecto a Cuba; sino al revés, asumen posiciones respecto a Cuba según sea la de esos candidatos y gobernantes. De ahí que, cuando Obama inicia la normalización, los emigrados se opusieran mayoritariamente al bloqueo; y cuando se revierte esa política bajo Trump, una mayoría considerable, incluso entre los recién llegados, favorece la hostilidad.
En cuanto a la participación política de emigrados en Cuba, el experto considera que es inseparable de su propio involucramiento en la vida del país. Considera que no debería darse ahora mismo derecho al voto a los que viven en Miami, porque va a ser controlado por la extrema derecha que domina la política de la ciudad. No existe una lógica ni una función similar asignada por EE. UU. a los emigrados guatemaltecos hacia Guatemala, los chilenos hacia Chile, los mexicanos hacia México.
Sin embargo, coincide en que hay que trabajar estratégicamente para que todos los cubanos seamos iguales. Lo que hagamos respecto a la emigración tiene que ser el resultado de los propios procesos de transformación dentro del país. No puede autorizársele ahora a un cubano emigrado que invierta en las empresas mixtas cubanas, cuando los cubanos de aquí no estamos autorizados a hacerlo.
Hay que equiparar a todos los cubanos con los mismos derechos. Esa participación incluye la relación económica, pero también poder estudiar en Cuba, mantener intercambios científicos con instituciones cubanas, estar presentes en la vida cultural. A medida que se amplíe el debate político interno, y se refleje en nuestra prensa de esa manera, muchos de los que están fuera cabrán en él.
Respecto a la normalización de los accesos a la economía emergente entre los de afuera y los de adentro, lo mismo opina Antonio Aja. Este argumenta que la participación política de los emigrados aquí solo puede ocurrir desde la política, la comunicación y la educación. Educar significa dejar de hablar de la migración en otras partes del mundo como si en Cuba no pasara nada parecido; para que todos los hijos y nietos de cubanos, aquí y afuera, comprendan ese proceso, puedan participar y transformarlo.
Para hacerlo, dice Aja que se requiere entender cómo la intransigencia se reproduce en las nuevas generaciones, no solo del lado de allá, sino también aquí. Particularmente, en torno a la cuestión migratoria, y también entre personas más jóvenes, incluso con acceso a toma de decisiones y debates a niveles superiores. Esta resistencia se manifiesta a pesar de que los cambios en la relación con los emigrados están dictados por la propia Constitución, que no hace diferencias entre ciudadanos según dónde residan.
En cuanto a la cultura política de los emigrados, añade finalmente, no debe olvidarse que algunos han salido de aquí con heridas políticas, cuyo caldo de cultivo se regenera allá, en particular en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, y que han sido inferidas por una política hacia la emigración que ha excluido a los que se van.
Al cabo de este cúmulo de preguntas sobre las relaciones entre cubanos aquí y allá, sospecho que pragmáticos y doctrinarios no solo tendrían otras repuestas, sino quizá les parecerían absurdas, simples o incorrectas algunas de mis inquisiciones. Podría decirles que no les falta razón (pragmática o doctrinaria), o que estoy acostumbrado a esas críticas, porque me cruzo con ellas a menudo, dado que interrogatorios y preguntas son parte de mi oficio.
Pero como la cultura asiática más tradicional está de moda, me limito a cerrar (por ahora) este tema con un proverbio chino: “Pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos. No lo preguntes, y serás tonto la vida entera”.
