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“Las mipymes no están cumpliendo su objetivo”.
“Se aprobaron demasiadas”.
“Son culpables de muchos problemas”.
Estas son frases que abundan en debates sobre economía y sector privado. Encierran inconformidades con la escasez, la inflación, la pobreza y otras distorsiones de la economía que se han agravado en los últimos años. Pero, ¿cuál es el “objetivo” de las mipymes? ¿Realmente hay “demasiadas”? ¿Qué dicen los datos reales tras cuatro años de su aparición? Las respuestas, como todo en economía, no son simples.
La reforma de 2021
En septiembre de 2021, el Gobierno cubano introdujo reformas profundas en el sector privado para aumentar su tamaño y alcance en la economía:
- Autorización de empresas privadas. Por primera vez desde los años sesenta, se permitió fundar negocios particulares con personalidad jurídica. Una legislación clara y un procedimiento de creación fluido permitieron la autorización de más de 11 mil mipymes.
- Ajustes en las dimensiones del trabajo por cuenta propia (TCP). Se limitó a tres la cantidad de empleados permitidos en esta modalidad, más parecido a la práctica internacional. Esto implicó que muchos negocios debieron reconvertirse a mipymes.
- Ampliación de la actividad económica privada. Se eliminó el listado de actividades permitidas y se estableció uno de actividades no autorizadas. En la práctica, las autorizadas pasaron de 127 a más de 2000.
Estas tres medidas son la base de la expansión actual. Significan un cambio de paradigma hacia un modelo donde la empresa estatal mantiene su hegemonía, pero admite más participación privada, cooperativa y de otras formas ya presentes, como la inversión extranjera. Las mipymes son las que más han aprovechado la apertura, compitiendo e incluso dominando en algunos sectores e indicadores. Pero, ¿para qué se crearon?
El famoso “objetivo” de las mipymes
La ley cubana establece que las mipymes “(…) tienen como objeto fundamental desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad y contribuyan al desarrollo del país”. Analicemos algunas implicaciones:
Producción de bienes y servicios. Todas las mipymes, como cualquier empresa, producen un bien o prestan un servicio. Si no lo hacen, quiebran y tienen que cerrar. Ya sea fabricar un mueble, gestionar un restaurante, remodelar una vivienda o vender alimentos en un bodegón, las mipymes están satisfaciendo necesidades de personas y de otras empresas.
Como reportó la ONEI, en 2024 el sector privado superó por primera vez al estatal en ventas minoristas: las familias cubanas compran el 55 % de los productos que consumen en el sector privado. Solamente las mipymes son responsables del 29,3 % del total de las ventas en el mercado.
Esta expansión es relativa porque, aunque los privados están vendiendo más que antes, en simultáneo ha ocurrido un repliegue significativo de la oferta estatal. Los particulares han intentado “llenar los huecos” que han dejado sus competidores estatales. De cualquier manera, los cubanos satisfacen una parte de su consumo (fundamentalmente de alimentos) gracias a la oferta privada.
Importaciones y exportaciones. En el primer semestre de 2025, los privados hicieron importaciones de bienes por 1195 millones de dólares. Las mipymes son responsables del 70 %. Asumiendo un comportamiento lineal, al final del año las importaciones privadas superarían los 2 mil millones, una cifra récord. No existen datos específicos, pero es evidente que la mayoría son productos finales.
En cuanto a las exportaciones, aunque fueron de apenas 21 millones de dólares, registraron un crecimiento del 30 %. Es evidente una distorsión que no es por la forma de propiedad o gestión, sino estructural. Las empresas privadas (como las estatales) no han roto el modelo importador porque los mecanismos e incentivos de la economía tampoco han cambiado. Tener voluntad no es suficiente para producir en Cuba y menos para exportar.
Empleo. El sector no estatal emplea a 1,3 millones de cubanos o el 31,5 % de los ocupados, la mayoría TCP y sus empleados. Sorprendentemente, aunque las mipymes son la forma de emprendimiento que más ha crecido en varios aspectos, en el empleo siguen una tendencia muy discreta. Apenas ocupan a 57 mil 900 personas o el 1,4 % del total, según la Encuesta Nacional de Ocupación de la ONEI (2024). Esto se explica en parte por un sistema tributario muy gravoso que desestimula el empleo y genera otro problema: el empleo informal.
Alianzas con el Estado. Los encadenamientos entre estatales y privados son una de las banderas del Gobierno en el discurso oficial sobre el sector no estatal. Existen buenísimas experiencias, pero las autoridades lamentan que todavía son muy pocas. No es raro, ya que para este tipo de alianzas la voluntad tampoco es suficiente, sino que deben existir mecanismos que las faciliten y promuevan. Dos ejemplos bastan para justificar la “lentitud” de los encadenamientos: los múltiples tipos de cambio con que operan mipymes y empresas estatales, y la ausencia de una norma jurídica que instaure y fomente empresas mixtas entre personas jurídicas cubanas.
Aportes tributarios. La recaudación de impuestos ha crecido por dos razones: aumento de impuestos (sobre ventas y eliminación de exenciones fiscales) y el crecimiento de la cantidad de privados. El Ministerio de Finanzas y Precios prevé que en 2025 solo las mipymes aporten 36 mil 300 millones de pesos al presupuesto del Estado, que representa el 60% de todo el aporte privado anual. Si se cumple el estimado de Finanzas, las mipymes aportarán un 30% más que en 2024.
Aunque la ONAT declaró al cierre de su última campaña que solo 36 no presentaron la Declaración del Impuesto sobre Utilidades, hay evasión y elusión fiscal. Las mipymes y personas naturales que incurran en estos delitos deben ser sancionadas en correspondencia, pero generalizar que todas son evasoras por naturaleza alimenta una desconfianza que se debe erradicar.
Un punto destacable es que los aportes de las mipymes se destinan en lo fundamental a los municipios donde están domiciliadas. Las autoridades locales pueden disponer de estos recursos para apoyar sus estrategias de desarrollo. Sin duda, un incentivo para que cada municipio impulse el surgimiento de más emprendimientos dentro de sus fronteras.
Proyectos de vida. Los emprendedores que han fundado mipymes y los trabajadores que han decidido emplearse en ellas están realizando legítimamente sus proyectos de vida. El mercado laboral se ha diversificado y la oferta estatal ya no es la única disponible: las personas pueden optar por empresas privadas, TCP, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, empresas extranjeras, mixtas, entre otras.
Cuba sigue siendo una economía en crisis, con restricciones financieras críticas y con la eterna guerra económica de Estados Unidos. A la pregunta de si las mipymes están cumpliendo su objetivo, yo respondo: Sí, están haciendo lo mejor que pueden en las condiciones que tienen. Ahora, ¿es suficiente? La respuesta es no. Su inserción para contribuir al desarrollo sostenible puede ser más efectiva, pero se necesita no solo un entorno económico estable, sino un marco regulatorio adecuado.
Lo más importante: hacia dónde vamos
Una de las principales limitaciones de la reforma de 2021 fue su enfoque limitado en la creación de este actor económico. No se concibió una política para fomentar y promover estos emprendimientos, salvo medidas aisladas que luego fueron eliminadas.
Hasta cierto punto, es natural que el inicio haya sido así. El mismo paquete normativo de aquel año disponía una revisión y actualización de la legislación de mipymes, tras un periodo de experiencia en su implementación. Dicha revisión tuvo lugar en 2024, pero apenas introdujo dos cambios de peso: 1) la mipymes se aprobarán por los gobiernos municipales, y 2) se crea un Instituto para atender el sector privado.
En la práctica, la autorización de mipymes por los municipios está estancada. Según se informó en la sesión parlamentaria de julio de este año, los 44 municipios facultados apenas aprobaron 231 nuevas empresas de este tipo en diez meses. Por su lado, el mencionado Instituto ha tenido acciones escasas a un año de su creación, y en los espacios donde se ha manifestado, ha puesto el foco del discurso en el control. Los institutos homólogos en otros países no solo controlan, sino que, en primer lugar, dirigen las políticas de promoción y fomento.
En la actualidad, la política del Estado hacia las mipymes parece haberse reducido a un mero ejercicio de control y sanción, alejado de una visión estratégica del desarrollo. Lejos de integrarse en un componente de la hoja de ruta nacional para transformar la matriz productiva, son tratadas como un sector residual, sin políticas públicas efectivas para impulsar su competitividad, innovación o crecimiento sostenible. Esta es una responsabilidad directa del Estado, como encargado de diseñar e implementar estrategias integrales para el desarrollo económico en todos sus niveles.
Para que cumplan “mejor” el objetivo para el que fueron creadas, la política pública tiene que transitar hacia nuevos paradigmas:
- De la supervisión restrictiva al fomento y la promoción.
- Del procedimiento burocrático a la creación expedita de empresas.
- De la estigmatización generalizadora a la responsabilidad individual.
- De la homogeneidad fiscal a incentivos diferenciados que potencien resultados productivos, innovadores o de responsabilidad social.
- De verlas como salvavidas de la empresa estatal a construir alianzas sostenibles.
Las mipymes no son el problema ni el remedio milagroso. Son, simplemente, una pieza esencial de una reforma económica mayor que Cuba necesita. El control por sí solo no genera riqueza ni cambia realidades: es más estratégico asumirlas como socios de peso para una transformación productiva que nos permita construir la sociedad próspera que todos los cubanos aspiramos.
