Nueve factores que marcarán el panorama empresarial cubano en 2026

2025 fue otro año turbulento para el sector empresarial de Cuba. Y cuando hablo de sector empresarial, hablo de todas las empresas.

El 2026 anuncia desafíos renovados para las empresas cubanas, atrapadas entre los estragos de una crisis que suma cinco años y problemas acumulados de décadas. En medio de la tormenta, la empresa estatal se asemeja a un enorme buque antiguo anclado en el fondo del mar, que intenta avanzar sin lograr soltarse del peso que la detiene. Mientras tanto, el sector privado aparece como un frágil barco de papel a la deriva, buscando su rumbo entre las olas de la incertidumbre.

Las empresas estatales siguen esperando por su Ley, que fue postergada nuevamente. La crisis económica y la escasez de recursos continuaron la descapitalización y debilitamiento del sujeto económico principal de la economía cubana. 

Aunque la cantidad de empresas del Estado con pérdidas se ha reducido a 264, aún representan el 10 % del universo empresarial estatal. Otro 13 % apenas alcanzó utilidades de hasta un millón de pesos, síntoma de una gestión débil. 

La producción industrial de casi todos los sectores decreció, afectando los principales rubros de exportación y las producciones nacionales. El turismo, otrora locomotora, no alcanzó 2 millones de visitantes internacionales en 2025, cuando en 2019 logró 4.2 millones.

Las empresas privadas sufren la ralentización en autorizaciones para nuevos negocios y burocracia en trámites administrativos como abrir nuevos establecimientos o modificar sus objetos sociales. 

Su impacto productivo está limitado por el contexto y por sus propias características como pequeños negocios: baja productividad, dificultades para invertir, etc. Se concentran fundamentalmente en sectores de bajo valor agregado. Al igual que la empresa estatal, sufren la ausencia de regulaciones para fomentar su rol en la transformación productiva que necesitamos.

Cooperativas, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local, campesinos, usufructuarios, empresas mixtas, empresas extranjeras… cada uno con sus particularidades, todos los actores del sistema empresarial enfrentan los problemas estructurales de una economía deteriorada, a saber:

• Inflación, que eleva los costos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, reflejados en el precio del consumidor minorista (población).

• Desplome de capacidades productivas, en tanto la industria manufacturera de 2024 representó el 35.2 % de 1989, con deterioros continuos en los últimos cuatro años.

• Escasez de divisas, imprescindibles para importar bienes (intermedios o finales) que no se producen en Cuba (léase el punto anterior), desde latas de refresco para un restaurante, harina para el pan o principios activos para fabricar un antibiótico.

• Déficit energético, que afecta a la sociedad en su conjunto, incluyendo las fábricas y centros de trabajo que se paralizan por falta de electricidad. Según la ONEI, de 2020 a 2024 Cuba redujo la producción de energía eléctrica en un 25%. Aunque no se conocen las cifras oficiales de 2025, el deterioro ha sido notable para familias y empresas, que han enfrentado apagones más prolongados y frecuentes.

• Emigración, que drena la cantidad de personas en la fuerza de trabajo, incluyendo las de mayor calificación, y acelera el envejecimiento poblacional. En diciembre de 2025, la población cubana ha caído a 9,6 millones de habitantes, y los mayores de 60 años representan el 25.7 %, situando a Cuba entre los países más envejecidos del mundo.

• Inestabilidad normativa, con cambios constantes que generan incertidumbre jurídica en inversionistas, empresarios y emprendedores.

• La guerra económica estadounidense, el mal transversal de la economía cubana que ningún economista mínimamente serio puede darse el lujo de obviar. Su capítulo más reciente es el bloqueo a los barcos de petróleo provenientes de Venezuela, que abastecen un 20-25% de la demanda cubana de oro negro. El repudiable secuestro del presidente Nicolás Maduro y la agresión militar a Venezuela generan inestabilidad en ese país que, dados los profundos lazos, tendrá consecuencias para Cuba.

A los problemas estructurales se suman factores, medidas y expectativas que darán forma al panorama empresarial de Cuba en el año que comienza. Todos están relacionados entre sí.

1. Mercado cambiario

Recientemente lanzado, el mercado cambiario oficial pretende competir con la tasa de cambio informal. Su efectividad depende de los dólares disponibles: el Gobierno estima que el sector privado demandará en 2026 nada menos que 2600 millones solo para importaciones, y las necesidades de la empresa estatal son varios miles de millones más.

El Banco Central no dispone (ni dispondrá a corto y mediano plazo) de esa cantidad. El mercado informal coexistirá con el formal, en tanto los actores económicos demanden dólares que no pueden comprar por la vía oficial.

En un tema práctico, los emprendimientos privados ya pueden registrar operaciones al tipo de cambio flotante, más parecido al tipo de cambio con el que han operado hasta ahora.

2. Dolarización en auge

La dolarización se ha expandido a mercados como el de combustible, las tiendas mayoristas y las empresas que solo venden en dólares. Esto representa retos enormes para los negocios que no generan divisas, pero las necesitan para cerrar sus ciclos productivos.

El anuncio de un “nuevo mecanismo” para la gestión, control y asignación de divisas en diciembre pasado es apenas el relanzamiento del mismo modelo que ha operado desde 2020, donde la cuenta real en divisas sustituye a la cuenta en moneda libremente convertible (MLC).

El mecanismo permite acceder a divisas de dos maneras:

1. Generando divisas. Las empresas que ingresan divisas (por ejemplo, exportadores) retienen un porcentaje de los dólares que generan y entregan la diferencia a la cuenta central del Estado. Existen diferentes esquemas, pero la mayoría implica que, por cada 100 dólares generados, la empresa se queda con 80 y aporta 20 al Estado.
2. “Encadenándose” con una empresa que genera divisas. Las empresas que no tienen forma de generar divisas por sí mismas, pueden vender bienes o servicios a aquellas que sí generan dólares, operación por la que pueden recibir un porcentaje de la venta en divisas y el resto en pesos cubanos. Por ejemplo, una empresa que venda materia prima a un exportador de la Zona Especial de Desarrollo Mariel recibe un pago en dólares.

Sobre este mecanismo, sus implicaciones y consecuencias, profundicé en un artículo reciente. 

3. Nuevo Código de Trabajo

Cuba actualiza su legislación laboral después de trece años. Un nuevo Código de Trabajo debe entrar en vigor en 2026, tras la consulta popular realizada al final del año 2025. Implica cambios en el recurso más importante de toda empresa: sus trabajadores.

El anteproyecto de Código regula el teletrabajo, reduce el servicio social de tres a dos años y amplía el acceso de los trabajadores a la solución de conflictos por vía judicial. En cuanto al sector privado, se incluye explícitamente la obligación de mipymes y otros empleadores en observar y cumplir las leyes laborales, lo cual es muy válido. Los empresarios cubanos deberán estudiar y aplicar todo lo establecido en el Código, so pena de ser sancionados. Los derechos laborales en Cuba tienen que ser parejos en todos los sectores, con independencia de la forma de propiedad y gestión. Abundo en detalles algunas novedades del anteproyecto en un texto anterior. 

Ahora, el Código no cambia una realidad: el salario no alcanza. Este es probablemente el tema al que más atención le prestan los trabajadores cubanos al tema laboral, después de la seguridad social. El salario medio al cierre de septiembre de 2025 ascendió a 6685 pesos, un monto que no cubre la demanda mínima de alimentación y otras necesidades básicas. Como punto de referencia, el precio de un cartón de 30 huevos es de 3000 pesos.

4. Fluctuación laboral y competencia por el talento

Las empresas cubanas enfrentan la emigración y la fluctuación laboral a su propia manera. Si bien en términos sociales significa separación de familias, readaptación en un entorno totalmente nuevo y sobrellevar las penas de la emigración, para las empresas implica pérdida de recursos humanos, especialmente sensible si es personal calificado, puestos de trabajo no cubiertos e inestabilidad en los procesos productivos.

En cinco años, la economía perdió 400 mil ocupados. En 2019, esta cifra era de 4.5 millones, en tanto en 2024 disminuyó a 4.1 millones, según la Encuesta Nacional de Ocupación de la ONEI. Esto significa menos personas trabajando en la producción de cualquier bien o servicio en cualquier sector.

El sector empresarial estatal ha perdido más del total global de ocupados, pasando de 1.6 millones de cubanos a emplear a 1.17 millones al cierre de 2024. Una parte ha emigrado fuera del país, y la otra ha pasado al sector privado. No obstante, este último no escapa de las consecuencias de la pérdida de fuerza de trabajo.

A las empresas les está costando encontrar personal calificado. Incluso cuando lo tienen, el reto yace en la estabilidad laboral, que depende de la armonía de diversos factores que no son únicamente el salario, sino motivación, ambiente laboral y relaciones interpersonales, capacitación, oportunidades de crecimiento, entre otros.

Se suma a lo anterior la crisis energética, la del transporte y las otras crisis, que sin dudas afectan el desempeño empresarial y reducen el rendimiento de los trabajadores. Un trabajador que durmió mal por culpa de un apagón irá a trabajar con capacidades disminuidas. Un trabajador que vive lejos de su centro laboral perderá tiempo y dinero buscando la forma de llegar.

Este año, uno de los retos más grandes de cualquier empresa será encontrar la manera de mantener a los empleados comprometidos y motivados.

5. Reforma de salarios en el sector empresarial del Estado

En diciembre, el Ministerio de Trabajo (MTSS) autorizó a todas las empresas estatales la facultad de diseñar su propio sistema salarial. Hasta ese momento, solo 100 podían definir los salarios de sus directivos y trabajadores sin estar sujetas a la escala única y los calificadores de cargos dictados centralmente por el Ministerio. Como resultado, la productividad media ha crecido en 14 mil pesos y el salario medio es 1.4 veces mayor que en el resto del sistema empresarial estatal. 

Esta reforma impulsa la autonomía del “sujeto económico principal” en un tema clave de gestión: la organización salarial. De este modo, el Gobierno ha puesto en similitud de condiciones al sector estatal y al privado en este aspecto. Las empresas estatales estarán en mejores condiciones para competir con las privadas en cuanto a remuneración. No obstante, para remunerar hay que crear riqueza.

Como la empresa es un sistema, aún están pendientes reformas estratégicas que no están contenidas en la medida del MTSS, ya que tampoco es papel de este organismo promoverlas. El aprovechamiento de las potencialidades de la autonomía en la organización salarial depende de otras reformas para mayor autonomía de la empresa estatal cubana.

6. Autorizaciones locales de mipymes y cooperativas no agropecuarias

En agosto de 2024 inició un pilotaje donde 15 municipios del país recibieron la facultad de aprobar mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias (CNA) por su cuenta. El pilotaje estaba programado para 180 días, según el plazo fijado en el Decreto-ley 88/2024, tras el cual los 168 municipios del país asumirían la facultad, hasta el momento centralizada en el Ministerio de Economía.

Más de un año después, apenas el 39% de los municipios aprueba directamente sus mipymes y CNA. Como resultado, hasta noviembre solo se autorizaron 816 nuevos emprendimientos, solo el 21% de las autorizaciones de 2023.

Si bien la creación de mipymes no está detenida, se encuentra empantanada por evaluaciones excesivas, criterios discrecionales y falta de infraestructura para que las localidades asuman esta importante facultad. Como punto de comparación, los proyectos de desarrollo local (PDL) se duplicaron en 2025. Es sorprendente, teniendo en cuenta que tanto los PDL como las mipymes se aprueban por los gobiernos municipales.

Para los emprendedores particulares, esto significa dilaciones en las solicitudes de creación de sus negocios, probable pérdida de oportunidades y retrasos en conseguir licencias y permisos para operar. Para las empresas consolidadas, significa menos competidores entrando al mercado, lo que les asegura una cuota de la que pueden sacar ventaja, pero que es perjudicial para la economía en general.

7. Los proyectos de desarrollo local (PDL) se quedan sin bonificaciones

El PDL es una figura nacida en 2021, meses antes de la aparición de las mipymes privadas. Desde su entrada en escena, han sido autorizados por los consejos de la administración municipal, sin estar sujetos a monitoreos dirigidos centralmente. En julio de 2025, el Primer Ministro confirmó 2261 PDL a lo largo del país. Con incentivos fiscales únicos y acceso a recursos materiales locales, estas iniciativas han contribuido a la producción, el empleo y la tributación local. 

Los PDL han estado en la mira de un encarnizado debate entre gobierno central, gobiernos locales, academia y los propios titulares de los PDL, en cuanto a si son empresas o proyectos. Concebidos como proyectos con un fin, capital y plazo de tiempo determinados, en la práctica funcionan como empresas, sin personalidad jurídica reconocida. Esa discusión trasciende los objetivos de este artículo, pero la realidad es que han tenido un impacto positivo. 

Sin embargo, la Ley del Presupuesto del Estado para 2026 elimina de plano los incentivos que han hecho de los PDL una opción más atractiva para emprender: 

• Impuesto sobre utilidades: Eleva al gravamen de un 15 a 35 %, situándolo al mismo nivel que mipymes y CNA. 

• Impuesto sobre ventas: Antes gravaba solo el 10 % de las ventas minoristas, a partir de ahora grava el 10 % de las ventas totales, que incluye las que se realizan a otros negocios (ventas mayoristas). 

• Impuesto sobre ingresos personales: Ahora aplica de manera similar a socios, titulares y trabajadores del resto de actores económicos. 

Los defensores del desarrollo territorial, entre los que me incluyo, han criticado estas medidas, que llegan con poca o nula discusión antes de entrar en vigor tan pronto como en enero de 2026. En mi caso, abogo por una reforma de los PDL para darles tratamientos de proyectos y no de negocios, incluida una participación más activa de los gobiernos locales en su concepción e implementación, pero la eliminación de estos beneficios borra de plano la mayoría de los atractivos para gestionar un proyecto de desarrollo local.

8. Cambios en las reglas para la inversión extranjera

Durante la última Feria Internacional de La Habana, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) anunció algunas flexibilizaciones para negocios de inversión extranjera. Las de impacto más inmediato abarcan: 

• Sustitución del estudio de factibilidad por un plan de negocios, lo que simplifica trámites de solicitud.

• Reducción del tiempo de respuesta de los organismos involucrados en la evaluación de negocios de IED, de 15 a 7 días. A aquellos que, transcurrido el plazo, no hayan emitido criterios, se les considerará de acuerdo con el proyecto de negocio. No obstante, hay que aclarar que la palabra final la tiene el Consejo de Ministros, que seguirá analizando y aprobando (o no) cada propuesta presentada, a la par de todas las demás tareas que le corresponden como el máximo órgano de Gobierno de la República.

• Contratación directa del personal que labore en empresas de IED. Hasta ahora, agencias empleadoras del Estado se encargaban de todo el proceso. Esta experiencia parece haber comenzado con AgriVMA, la empresa vietnamita que cultiva arroz en tierras de Pinar del Río. Esta empresa contrató de forma directa a 47 cubanos hasta junio de 2025, según un reporte de Juventud Rebelde.

• Autorización a los negocios de IED para operar en pesos cubanos y en divisas. Esta medida entra en la “sombrilla” de la dolarización parcial expandida y del “nuevo” mecanismo para la gestión, control y asignación de divisas.

• Los negocios de IED podrán comprar en dólares el combustible necesario para operar. En caso de que no haya disponibilidad en el país, tendrán la autorización para importarlo.

• Oportunidad de estos negocios para vender de manera mayorista a todos los actores económicos, independientemente de su forma de propiedad o gestión. Las empresas cubanas que logren firmar contratos con la IED podrán asegurarse una fuente más o menos importante de divisas.

Otras medidas, que requieren mayor claridad en la regulación y posibles modificaciones normativas, incluyen:

• La inversión extranjera podrá promover nuevos modelos de negocio basados en actividades inmobiliarias y en el sector bancario-financiero. De este último, hay varios ejemplos recientes como la autorización de los bancos Alto Cedro, NOVABANK y la operadora de criptoactivos EBIORO.

• Creación de zonas especiales de desarrollo (ZED) de diferentes tipologías según los objetivos de inversión. Hasta el momento, Cuba solo tiene una ZED en el municipio artemiseño de Mariel, construida con capital cubano-brasileño e inaugurada en 2013. 

• Modificación de la Ley de Inversión Extranjera, vigente desde 2014.

Aunque las medidas son beneficiosas, su efectividad dependerá, una vez más, de la implementación. Será fundamental fijar reglas claras y abiertas, porque el fin es atraer al inversionista foráneo y ofrecerle seguridad y garantías. Además, es crucial alcanzar montos considerables de inversión real, que se logra con apertura para todos los inversionistas (siempre que cumplan las reglas), y no a un puñado de ellos.

9. La eterna espera por las reformas

Definitivamente, uno de los factores que más impactará al sistema empresarial de Cuba en 2026 será la ausencia de reformas, si se mantiene la tendencia inmovilista de las autoridades en este asunto. 

Las reformas de las que hablo tienen tres componentes esenciales: 1) una política de transformación productiva para Cuba, 2) la reforma para potenciar la empresa estatal, y 3) una política de promoción y fomento para el sector privado.

Ninguna de las tres se ha llevado a cabo. La espera más larga es para la Ley de Empresa Estatal, anunciada desde 2015 y retomada con fuerza en 2023; cuya discusión y aprobación en el Parlamento, han sido aplazadas reiteradamente. La gran pregunta es por qué.

¿Por qué no se hacen las reformas que requiere el sujeto principal de la economía? ¿Qué fuerzas o factores detienen una y otra vez esa transformación? No es el bloqueo, ni las mipymes ni la situación económica.

El 2026 se presenta como un año de más desafíos para las empresas cubanas, que enfrentan cinco años de crisis económica y problemas acumulados de décadas. No obstante, la escurridiza pero posible reforma de la empresa estatal, los cambios en la inversión extranjera y un sector privado emergente destacan entre las oportunidades que pueden explotarse en este período. En nuestras manos está todo lo que debemos cambiar.