Cuba ante el espejo venezolano: cuando postergar las decisiones deja de ser una opción

A la luz de los acontecimientos recientes en Venezuela, Cuba enfrenta hoy una disyuntiva más clara y más urgente que en cualquier otro momento de las últimas décadas: abrirse de manera decidida y creíble a la reforma económica, a la modernización institucional y a una participación cívica más amplia, o continuar por un camino de deterioro administrado que reduce, día tras día, su margen de decisión y la expone a dinámicas externas cada vez menos controlables. El verdadero riesgo no es el cambio; el verdadero riesgo es seguir postergándolo hasta que sus costos superen cualquier capacidad de conducción interna.

Lo ocurrido en Venezuela, más allá de las acusaciones contra el liderazgo y de los resultados electorales ampliamente cuestionados, responde a una acumulación prolongada de abusos de poder, corrupción estructural y a una concepción del Estado que confundió autoridad con impunidad. La gobernabilidad fue reemplazada por la imposición y la legitimidad por la coerción, bajo la ilusión de que el control absoluto podía sustituir a las instituciones. Nada de esto implica una validación de soluciones impuestas desde fuera, sino una advertencia sobre los costos inevitables de ignorar los límites que incluso los sistemas más cerrados terminan enfrentando.

La experiencia venezolana demuestra algo esencial: los sistemas políticos rara vez colapsan de manera súbita; se vacían lentamente. Primero se erosiona la economía real, luego la confianza ciudadana y, finalmente, la capacidad institucional. Cuando ese deterioro alcanza cierto umbral, las opciones se estrechan de forma drástica. Las decisiones dejan de responder a una hoja de ruta nacional y comienzan a estar determinadas por urgencias externas, presiones acumuladas o crisis humanitarias. En ese punto, la soberanía deja de ser un principio operativo y se convierte en un argumento defensivo.

En el caso de Cuba, la discusión ya no gira únicamente en torno a si ese umbral ha sido cruzado, sino en torno a las consecuencias de seguir actuando como si el debate aún pudiera postergarse indefinidamente. Para muchos, los signos de agotamiento institucional y la ruptura entre poder y sociedad indican que ese punto quedó atrás hace tiempo. Para otros, todavía subsisten márgenes, cada vez más estrechos, para una corrección de rumbo desde dentro.

Lo verdaderamente decisivo es que ese margen no es neutro ni reversible por inercia. Se erosiona con cada reforma aplazada, con cada intento de administrar la crisis en lugar de transformarla y con cada señal de que la parálisis puede presentarse como estabilidad. La experiencia regional es clara: cuando se prolonga esa ambigüedad, el control deja de ser una decisión y pasa a ser una ilusión, y las consecuencias terminan definiéndose fuera del espacio político interno.

Aquí es donde el espejo venezolano adquiere un carácter de urgencia estratégica. No se trata de extrapolar escenarios ni de predecir desenlaces, sino de comprender que la postergación indefinida de reformas sustantivas no preserva el control: lo debilita. Cada año sin cambios creíbles reduce la capacidad de implementarlos bajo términos propios. Cada reforma cosmética profundiza la desconfianza. Cada cierre institucional que evita el debate posterga una discusión que inevitablemente regresará, pero en condiciones más adversas.

La modernización institucional que Cuba necesita no es un gesto retórico ni una concesión formal, sino la admisión de que el diseño institucional vigente está agotado. Más que una discusión doctrinal, el dilema cubano es práctico: un modelo que no resuelve los problemas centrales del país ha dejado de ser operativo. Persistir en su defensa como si el tiempo no hubiese pasado no protege al país, lo expone.

En este contexto, la diáspora cubana no es un actor externo ni una amenaza política, sino parte intrínseca de la nación y un activo estratégico hoy desaprovechado. Su capital humano, económico y cívico es decisivo para una modernización institucional ordenada. Persistir en ignorar su descontento, sus frustraciones y su sentido de no pertenencia debilita cualquier intento serio de reforma y reduce la sostenibilidad del país.

El entorno internacional tampoco es neutro. Las potencias actúan según intereses, no según afinidades ni nostalgias históricas. Cuando un país reduce su capacidad de decisión interna, otros llenan ese vacío. Venezuela ilustra con claridad cómo la ausencia prolongada de reformas oportunas termina desplazando el centro de gravedad de las decisiones. El debate deja de ser qué cambios hacer y pasa a ser quién los administra.

Los tiempos han cambiado. La prioridad estratégica de Estados Unidos se ha replegado hacia el hemisferio occidental y Cuba vuelve a estar en el centro de esa atención. Ignorar ese contexto no es una muestra de firmeza, sino de desconexión. Adaptarse a esa realidad, dialogar con inteligencia y decidir desde dentro es hoy una necesidad de gobernabilidad, no una concesión política.

No se trata de alarmismo gratuito, sino de reconocer que el contexto ha cambiado de manera sustancial. El tiempo político se ha acortado y las oportunidades estratégicas no se renuevan indefinidamente. Cuba aún conserva la capacidad de influir en el ritmo, el alcance y la naturaleza de sus transformaciones, pero ese margen se estrecha rápidamente. Cada día de inmovilismo, cada semana de dilación y cada mes de reformas aplazadas aumenta la probabilidad de que los acontecimientos sean definidos desde fuera y no desde las propias instituciones del país.

Cuba todavía está a tiempo de elegir. Pero el tiempo, cuando se administra en lugar de aprovecharse, termina por imponer sus propias condiciones. Venezuela demostró que ignorar la realidad y diferir sistemáticamente las decisiones necesarias no preserva la autonomía ni la estabilidad; las erosiona de forma irreversible. En política, como en la historia, los mayores costos suelen recaer no sobre quienes deciden cambiar, sino sobre quienes deciden no hacerlo.

Ningún sistema conserva indefinidamente la capacidad de decidir si confunde control con gobernabilidad.