Ailynn Torres Santana
Presentamos la segunda parte de este dossier que aporta al debate económico abierto en Cuba abordando tanto asuntos de su primer plano, como algunos de los menos considerados. Aquí, economistas cubanas reflexionan sobre la relación entre crecimiento y desarrollo, sobre la necesidad de pensar en las desigualdades como parte, y no después, de las estrategias de enfrentamiento a la crisis, sobre la regulación de los derechos laborales en el sector no estatal de la economía y sobre las brechas de género en los mundos del trabajo cubano. Cuatro preguntas, cinco voces en contrapunteo y complementariedad… Ellas ponen sus dedos sobre llagas viejas y nuevas de la economía cubana e insisten en que, para sanarlas, ninguna persona puede quedar, en efecto, sin amparo.
La potenciación de las pequeñas y medianas empresas es un paso imprescindible en Cuba y es uno de los énfasis que, desde distintos frentes, se está intentando hacer para afrontar la crisis. Al mismo tiempo, plantea desafíos sociopolíticos. Dos de ellos son: 1) garantías de derechos laborales, que en estos momentos funcionan como normas mínimas, frágiles e inseguras para trabajadores y trabajadoras contratadas; 2) políticas de inclusión social y redistribución. ¿Cómo estos asuntos podrían hacer parte del debate sobre el modelo económico y la ampliación del sector privado? ¿Son asuntos a tener en cuenta en la coyuntura o deben ser un debate posterior?
Betsy Anaya: El primer gran pendiente con relación a este asunto es la legitimación del trabajo por cuenta propia como propiedad privada, tal cual se contempla en la Constitución del país, aprobada el pasado año. Todos los documentos rectores del proceso de actualización refrendan la existencia de varios tipos de propiedad, entre ellas la privada. Sin embargo, aún nuestras estadísticas incluyen en la misma categoría de “trabajador por cuenta propia” (TCP) a dueños y empleados. Pero las fortalezas de unos y otros para enfrentar una situación como la que estamos viviendo, son bien diferentes.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado una serie de medidas para garantizar la máxima protección a los trabajadores durante la pandemia. Sin embargo, estas medidas benefician mayoritariamente a los vinculados al empleo estatal. Las licencias suspendidas hasta la fecha se corresponden en buena parte con empleados que han quedado sin garantías laborales o hasta sin empleo. La alternativa para estas personas es solicitar una prestación del sistema de asistencia social, proceso complejo y poco estimulante dada la baja cuantía de estas ayudas.
Para los trabajadores por cuenta propia, estas medidas son insuficientes. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que sufren las personas afiliadas a este sector. Por ende, es esencial introducir este debate en la agenda de la toma de decisiones en estos momentos. Desde la academia se ha elaborado una propuesta que contempla variantes de apoyo más adecuadas a la realidad de los TCP.
Muchos de nuestros TCP se han formado en Cuba con valores de solidaridad y patriotismo, y eso ha aflorado en esta coyuntura. La Red de Emprendimiento e Innovación y la Red de Administración Pública, ambas de la Universidad de la Habana, han servido de puente para canalizar hacia los gobiernos municipales de la capital la disponibilidad de un grupo de emprendedores para apoyar a las autoridades en diferentes áreas para el combate a la COVID-19. Ello muestra que en el diseño de socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto como país, es posible y deseable lograr una articulación virtuosa entre todos los actores de la economía que nos permita alcanzar ese propósito.
Tamarys Lien Bahamonde: Lo que no se menciona, o no se introduce en la política pública desde el día cero, se queda pendiente y jamás se resuelve. Dejar fuera de la potenciación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Cuba al debate sobre inclusión social y distribución sería retroceder al modelo más salvaje de explotación económica y social. No creo que esa deba ser ni sea la intención.
Hay muchas formas de incluir a las PYMES en un proyecto socioeconómico justo. Se puede hacer a través de modelos de empresa social e iniciativas de desarrollo locales, en las que se vinculen los pequeños empresarios a sus comunidades y aporten a proyectos comunitarios, participen en ellos, se integren a la comunidad. Hay ejemplos de PYMES que ya lo han hecho. Ahí está el Proyecto Artecorte, por ejemplo, en La Habana Vieja. Me he preguntado mucho recientemente por qué las cooperativas no han aportado más y no están más presentes en el país. Pero hay cosas en economía, como en todo, que no se pueden forzar. Y ahí me refiero a que de las cooperativas que nacieron en Cuba forzadas verticalmente por los poderes populares, de arriba hacia abajo. casi todas las que conozco han fracasado.
La legislación laboral cubana todavía tiene que ajustarse a las formas de propiedad que no son estatales. Voy a usar mi propio ejemplo para ilustrar algo. Tuve una experiencia terrible trabajando en el sector privado cubano. Trabajaba sin límite de jornada durante seis días de la semana, bajo un estilo de administración brutal. El proyecto era muy exitoso, pero el costo humano era demasiado alto. Años después de que yo me fuera de allí, los trabajadores plantearon una demanda colectiva contra la administración y la ganaron. Pero falta mucho por avanzar en ese campo, como en el de los impuestos, sobre lo que no voy a hablar ahora.
Habrá que pensar en legislaciones que incluyan seguros por desempleo, multas por violar la jornada de 8 horas diarias. Ahora, no basta con la ley. Hay que hacerla cumplir. El cómo es donde está el problema, y lo sabemos. Mientras el salario en el sector estatal continúe deprimido, mientras la Ley de Empresas no esté disponible y solo un puñado de personas puedan ejercer o abrir espacios de actividad económica privada o colectivas, estamos incrementando las probabilidades de que la precariedad laboral se extienda en los espacios privados disponibles.
Todas las medidas en ese sentido hay que tomarlas a la vez. Tomar unas primero y esperar a que sea el momento para tomar otras consideradas complementarias, es un error de políticas públicas que, por alguna razón, nunca dejamos de cometer.
Ileana Díaz: El sector privado es un debate pospuesto. Sin embargo, es un debate de hoy, del modelo económico cubano que contempla este sector como uno más. Es indispensable que todos los actores aporten al crecimiento y desarrollo del país, mucho más después de esta pandemia. Los dos asuntos planteados, derechos laborales y políticas de inclusión social, deben ser parte del debate por reconocer genuinamente al sector privado.
Blanca Munster: El marco regulatorio para las PYMES no es un asunto coyuntural; debe comprenderse como elemento estructural del modelo económico que demanda incentivos, políticas de I+D, diversos mecanismos de financiamiento y alianzas con el sector público y extranjero. En el plano laboral, es necesario fortalecer los débiles mecanismos de protección laboral sobre todo para las mujeres, en especial las jóvenes.
En el sector del TCP y cooperativo es visible la persistencia de prejuicios o estereotipos entre sus empleadores sobre la menor productividad, perfil social, psicológico o físico de las mujeres. Ello genera discriminaciones y desventajas a la hora de seleccionar y contratar personal y menores ingresos para ellas.
Por otra parte, el imaginario social sobre la obligación de las mujeres de realizar el trabajo en los hogares, se traduce en la tendencia a su contratación bajo la modalidad eventual, por tiempo parcial, o de trabajo a domicilio. Se producen diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres en el sector privado, sin que cuenten con mecanismos de protección de sus derechos.
Anamary Maqueira Linares: La potenciación de las PYMES es un paso imprescindible que debió hacerse hace tiempo y en el que deben converger el aseguramiento de la maximización de su potencial productivo y la minimización de sus contradicciones. En medio de la crisis y con necesidad de resultados rápidos, ese proceso tiene más desafíos que en momentos anteriores.
En término de derechos laborales, el otorgamiento de personalidad jurídica a los negocios será un primer paso, necesario aunque no suficiente. Una vez instituidas como empresas será más fácil exigirle al sector que cumpla con todo lo legislado en materia de derechos laborales. Por otra parte, los incentivos del marco legal, impositivo, crediticio, de acceso a insumos, etc., tienen que funcionar para poder conducir los comportamientos de los negocios privados de manera adecuada. Ahora, lograr mayor inclusión social en el sector de las PYMES es posible en una doble vía: con políticas intencionadas al respecto y a partir de los efectos y derrames que logren proveer en las localidades donde las PYMES se desarrollen.
Por último, llamo la atención sobre que es necesario potenciar las formas no estatales en general, incluyendo las cooperativas, formas autogestionadas de control obrero, u otras que se pueden explorar y de las cuales, por alguna razón que necesitamos debatir, no se habla o se habla poco.
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Los datos estadísticos oficiales sobre el sector no estatal muestran una brecha en la participación de hombres y mujeres. Mientras que en el sector estatal hay casi paridad, en el no estatal las mujeres representan cerca del 18 por ciento. En lo específico del sector de trabajo por cuenta propia, somos el 34 por ciento. ¿A qué cree que responda esa brecha? ¿En qué medida puede tenerse en cuenta la necesidad mayor de la participación de las mujeres en el trabajo asalariado (lo cual les asegura mayor autonomía económica) en la planificación económica del país para la respuesta a la crisis?
Betsy Anaya: La brecha de participación entre mujeres y hombres en el sector no estatal responde a varios factores que van desde una menor posesión de activos y capital para fundar negocios propios, hasta la propia división sexual del trabajo que las hace responsables del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados.
El país cuenta con una reserva importante de fuerza de trabajo en sus mujeres. Se necesitan incentivos apropiados y servicios que les permitan incorporarse al empleo. La carencia de servicios de cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad, por ejemplo, hace que muchas mujeres o no se empleen o abandonen sus puestos de trabajo para cumplir con el rol de cuidadoras. En ello incide la prevalencia de una cultura patriarcal y machista que las ubica en las labores de cuidado y de reproducción de la vida. También implica un trade-off para las mujeres entre trabajo productivo y reproductivo.
Muchas personas tienen la convicción de que en Cuba hay escasez de fuerza de trabajo. Sin embargo, la tasa de actividad económica de la población total en 2018 fue de 76.5 por ciento, mientras que para las mujeres fue de 49.5. Algo más de la mitad de las mujeres en edad laboral, no están ocupadas ni buscando empleo. A lo anterior se añade la alta calificación de las mujeres cubanas, que desde la década de los 80 somos mayoría en las matrículas universitarias y también en el total de graduados.
Las políticas económicas y sociales para la actualización deben articularse para promover la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, tanto en el sector estatal como en el no estatal. También deben contemplar la heterogeneidad que existe en el grupo “mujeres”: urbanas y rurales, blancas y negras; heterosexuales y lesbianas, entre otras. Sus necesidades, carencias, condiciones de vida y reconocimiento social se encuentran, en parte, transverzalidas por estas características.
Se precisa un entramado de políticas de apoyo que les permita conciliar el trabajo productivo con el reproductivo. El desafío que considero más complejo es el asociado a la transformación de la cultura machista que establece patrones de género, en la cual deben involucrarse múltiples instituciones que aún no tienen claridad sobre la necesidad de tal transformación.
Tamarys Lien Bahamonde: Hay dos pasos en la conquista de los derechos. Uno es lograr que los derechos estén expresados en la legislación, y el otro es lograr que esos derechos se expresen en las conductas sociales. Cuba ha avanzado mucho en derechos y en igualdad de género, en términos teóricos y hasta cierto punto, institucionales. Sin embargo, falta mucho por lograr en materia cultural.
Hay elementos que empeoran la condición subordinada de la mujer en la participación económica. Uno de ellos es la carencia de servicios públicos de cuidados a niños y ancianos. A la mujer que ―en Cuba y en muchos lugares― trabaja fuera de la casa, se le suma una jornada, igual de intensa, al regresar al hogar. Muchas veces tienen que renunciar a posiciones o trabajos mejor remunerados porque requieren horas extras o esfuerzo extra que ellas no pueden hacer, por cuestiones prácticas. Algunas ―y conozco muchos casos personalmente― han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus padres ancianos, porque no pueden pagar cuidadores privados y no desean recurrir a asilos, donde en general las condiciones dejan mucho que desear.
El análisis del sector privado es interesante. Tiene dos ángulos. En primer lugar, cualquier intento por mejorar la posición femenina en el mercado de trabajo lleva una condición de revisión y cambio de las actividades privadas autorizadas. En vez de autorizadas, habría que cambiar esa lógica y listar las “priorizadas por el estado” y por lo tanto “no autorizadas” a ejercer de manera privada. Sería más fácil, pragmático y beneficioso para el país. Cuando se revisa el listado de actividades autorizadas en el sector privado, dos cosas llaman la atención. Primero, pocas profesiones se pueden ejercer de forma privada en Cuba. Segundo, las actividades incluidas son tradicionalmente masculinas, a excepción de un grupo reducido (peluqueras, manicure, etc.). Si las mujeres quisieran incorporarse al sector privado, en muchos casos tendrían que renunciar a ejercer su profesión.
El elemento de desprotección en ese sector tampoco ayuda. Las implementaciones de leyes laborales tendrían que extenderse a los beneficios por maternidad, por ejemplo, y entonces caeríamos en la paradoja de política pública: no contratarían mujeres porque representan un riesgo mayor. Este es un tema muy complejo en el mundo entero. Cuba no será la excepción. De todas formas, por algo hay que empezar. Luego la práctica nos ayudará a perfeccionarlo en el tiempo.
Ileana Díaz: Según las investigaciones, la menor presencia de mujeres se debe, sobre todo, a las condiciones de partida necesarias para un emprendimiento privado. Ellas poseen menor capital relacional que los hombres y capital financiero acumulado.
El Estado, si entendiera la necesidad del trabajo en el sector privado, debería ofrecer incentivos para que las mujeres tengan iguales condiciones que los hombres, pero no la planificación. Si las políticas se enfocan en tal sentido, por supuesto que habrá que crear mecanismos e instrumentos, institucionalidad, para que se garantice.
Blanca Munster: Cuando analizamos las características de la participación laboral de mujeres y hombres en el sector estatal y no estatal debemos considerar las tasas de participación económica, la ocupación por sectores, el tipo de actividad, los ingresos, la movilidad laboral y otros factores.
No se cuenta con estadísticas de ingresos desagregadas por sexo. Respecto a los salarios, solo son públicas las estadísticas relacionadas con los salarios medios. De acuerdo a fuentes oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), en el 2018 el salario nominal medio mensual en el sector estatal era de 777 CUP y las actividades económicas de mayores salarios promedio en el país fueron: construcción (1539 CUP); explotación de minas y canteras (1423 CUP); intermediación financiera (1119 CUP), industria azucarera (990 CUP); ciencia e innovación tecnológica (981 CUP); pesca (958 CUP); agricultura y ganadería (921 CUP). Todas esas son ramas con salarios medios por encima de los 900 pesos cubanos. Como tendencia, en esos sectores hay mayoría masculina, con excepción de intermediación financiera (ONEI, 2019). Se puede afirmar, entonces, que parte de las diferencias salariales dependen del sector de actividad económica al que se inserte una persona, y que, como tendencia, los hombres se ocupan principalmente en aquellos sectores de mayores salarios.
Por otra parte, los datos de la ONEI muestran que en 2018 la brecha de género en la participación laboral se mantiene en alrededor de los 27 puntos porcentuales: la Tasa de Actividad Económica masculina (76,9 por ciento) es mayor que la femenina (49,5 por ciento). La inactividad permanece feminizada y eso es más notable aún en los territorios rurales. Allí, el 64 por ciento de las mujeres están fuera de la Población Económicamente Activa. Estas mujeres rurales, además, tienen desventajas relativas respecto a su formación profesional y capacitación técnica debido a las dificultades que enfrentan para conciliar trabajo doméstico, educación, participación política u otras actividades. Esa situación deriva en que, por lo general, ellas participan de actividades remuneradas que ofrecen menores ingresos y son “tradicionalmente femeninas”: repostería, corte y confección, peluquería, actividades artesanales, domésticas, comerciales y de servicios. Al mismo tiempo, enfrentan barreras frente a sus opciones de promoción laboral y ejercicio de cargos de mayor reconocimiento y jerarquía. Mientras esa situación persista, más lentos serán los cambios culturales en torno a la división sexual del trabajo.
Además, una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para “despegar” está asociada con la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y en especial a sus responsabilidades de cuidado. Los datos recogidos en las dos encuestas nacionales sobre el uso del tiempo así lo demuestran. Como promedio nacional, las mujeres dedican alrededor de 14 horas a la semana más que los hombres a estas actividades. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de Cuba, la sobrecarga doméstica calificó como el cuarto problema más notable para las mujeres.
Anamary Maqueira Linares: La brecha responde a múltiples elementos de los que hay indicios, aunque la ausencia de datos públicos en el país limita mucho los análisis.
Las investigaciones dan cuenta de que las mujeres poseen menos activos, lo cual, a su vez, implica que enfrentan mayores obstáculos a la hora de acceder a capitales iniciales vía crédito. Por otra parte, parece ser que las mujeres receptoras de remesas ―otra de las vías de acceso a ese capital inicial― las emplean más para propósitos de reproducción doméstica y cuidados y no para emprender negocios.
En estos análisis tenemos lo que se llama ‘problema de selección’. Es decir, los estudios se concentran en mujeres que ya están en el sector y que, más allá de los obstáculos, lograron insertarse. Habría que ver cuáles son las razones para aquellas que lo han intentado y no lo han logrado, e incluso aquellas que les gustaría insertarse pero no pueden.
Un factor que se ha considerado menos es la relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado: cómo, o en qué medida, el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (de hijos, ancianos, dependientes en general) previene a las mujeres de participar en el sector o condiciona la forma en que se insertan en el trabajo asalariado, tanto en el sector privado como en otros sectores. Las encuestas de uso del tiempo demuestran que las mujeres tienen sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Y eso se agrava a razón del deterioro de la infraestructura de cuidados en el país, la insuficiente provisión de servicios de cuidados por parte del Estado, los altos costos relativos de servicios de cuidados provistos por privados y los desafíos del envejecimiento poblacional. Esa situación, que desde la economía feminista se ha llamado “crisis de cuidados”, puede: condicionar su participación en el trabajo asalariado o alargar e intensificar su jornada de trabajo total, dejándoles menos tiempo para otras tareas relacionadas con el autocuidado o el esparcimiento.
Sin soluciones que lidien con estas problemáticas, será muy difícil garantizar una mayor participación de las mujeres en el trabajo asalariado. Sin estrategias claras encaminadas a proveer dichas soluciones cualquier plan de desarrollo estará incompleto.
Coordinadora del dossier:
Ailynn Torres Santana
Participantes:
Tamarys Lien Bahamonde
Candidata a Doctora en Políticas Públicas y Urbanismo por la Universidad de Delaware.
Master en Desarrollo Local por la Universidad de Camagüey y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.
Blanca Munster
Doctora en Ciencias Económicas. Investigadora titular y Profesora Auxiliar en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).
Ileana Díaz
Doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Coordinadora de la Red de Emprendimientos de la Universidad de la Habana.
Betsy Anaya
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Profesora Titular y Directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana desde 2017.
Anamary Maqueira Linares
Candidata a Doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst. Master en Economía del Desarrollo por Flacso Ecuador y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.
Aoro leerlos.