La economía cubana ya exhibía un panorama sombrío antes del comienzo de la actual epidemia. La actividad productiva se venía desacelerando notablemente desde 2016. El crecimiento económico promedio anual en el período 2010-2015 fue del 2,7 por ciento, mientras que se redujo al 1,4 por ciento entre 2016 y 2019.
Esta situación obedeció a factores tales como la crisis económica en Venezuela (principal socio comercial), la cancelación de contratos para prestación de servicios médicos (Brasil), el fin de la bonanza en el turismo, los límites y contradicciones de la reforma económica interna, y la acumulación de nuevas sanciones de Estados Unidos. Estas últimas han impactado negativamente varias áreas claves, desde el comercio y las inversiones extranjeras, hasta las visitas de norteamericanos. En 2019 se adoptaron nuevas medidas punitivas que afectan el envío de remesas, la importación de combustible y la actividad de empresas extranjeras que operan en la Isla.
Continúa siendo un tema de amplio debate la ponderación adecuada de uno u otro factor, y su precedencia. Lamentablemente, se verifica una intensa politización, que debería quedar fuera a la hora de considerar diferentes opciones de mitigación por parte de las autoridades cubanas. Para el ciudadano medio, el síntoma más claro de los problemas económicos es la creciente escasez de productos de todo tipo, incluyendo artículos de primera necesidad como alimentos, medicinas y combustible. Para 2020, el gobierno cubano planificaba un incremento del orden del 1 por ciento del PIB. Tan reciente como parece, ya es cuestión del pasado.
El impacto económico de la Covid-19
Los pronósticos económicos se han vuelto obsoletos en cuestión de dos meses. La modificación del escenario ha sido tan abrupta que los organismos internacionales y entidades especializadas solo ahora comienzan a modificar sus previsiones. Todos los pronósticos deben ser tomados con precaución, porque la incertidumbre es muy alta.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que la caída de la actividad económica en las economías avanzadas está en el orden del 20-25 por ciento, durante el período que duren los cierres generalizados. En un escenario medianamente optimista, los efectos se sentirán fundamentalmente en el primer semestre de este año. El cierre casi total de los movimientos de personas e industrias claves por tres meses, puede representar una caída interanual del PIB de entre 4-6 por ciento, a razón de 2 por ciento cada mes. Esos números suponen una recesión más profunda que la de 2008-2009. El efecto en la dinámica del PIB en el año dependerá de la magnitud y duración del confinamiento, de la resiliencia de la demanda, y de la implementación de estímulos monetarios y fiscales. Estos últimos comienzan a tomar forma en algunas grandes economías como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y España. Por ejemplo, en Estados Unidos los recursos fiscales comprometidos equivalen al 10 por ciento del PIB.
A nivel sectorial, el turismo, la aviación y aquellos sectores con las cadenas de valor más extensas, sufrirían las mayores contracciones. La Organización Mundial del Turismo (OMT) calcula que los arribos retrocederán entre un 20-30 por ciento, una proporción similar a la de los ingresos. Las economías más dependientes del sector recibirán un impacto superior, como España y Grecia en Europa, y el Caribe en América Latina.
La CEPAL identifica al menos cinco canales de trasmisión de la crisis económica en América Latina. Un primer canal es el efecto de la contracción económica en los principales socios comerciales. Se calculó que las exportaciones regionales a China podrían caer más de 10 por ciento. Un segundo canal es el turismo. Los emisores más importantes hacia el Caribe están fuertemente afectados por la epidemia, como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Si la prohibición de viajes se prolonga por tres meses, la actividad turística se contraería hasta 25 por ciento.
La interrupción de las cadenas globales de valor generaría un impacto negativo, especialmente para aquellas economías con mayor nivel de integración a estas, como México. Un cuarto vehículo estaría asociado a la caída en los precios de los productos básicos. Una consultora destacaba que los metales y la energía son los grupos más vulnerables, por ese orden. Ello a causa de la contracción en la demanda de los principales clientes. Un quinto canal se vincula con el escenario de incertidumbre que afectaría las inversiones extranjeras, y el deterioro de las condiciones financieras. A ello habría que añadir un canal que afectaría especialmente a Centroamérica y el Caribe: las remesas. El desempleo masivo y el retroceso del ingreso en los países ricos, puede reducir el volumen de estos flujos. Diálogo Interamericano estima que los envíos se reducirían un 5 por ciento en el período. Pero ello dependerá de la duración de la crisis, la rapidez de la recuperación y la magnitud de los apoyos para sostener el ingreso de las familias.
El impacto en Cuba y las medidas anunciadas por las autoridades
La CEPAL anticipa una contracción del PIB en la región latinoamericana del 1,8 por ciento. Cuba entra en esta fase recesiva mundial con grandes vulnerabilidades que no pudieron resolverse en esta última década de reformas. Se puede prever que el PIB de la Isla entrará en territorio negativo en el 2020. En todo caso, la agudización de los problemas financieros externos requerirá algún tipo de reestructuración de los adeudos. La buena noticia es que la razón es evidente, la mala es que muchos países intentarán lo mismo.
Un impacto negativo sustancial es inevitable para la economía de la Isla: abierta, bajo fuertes sanciones, dependiente del turismo, y con nulo acceso a algún mecanismo de compensación externa en la forma de préstamos contingentes de organismos financieros internacionales. El retardo de las reformas estructurales, incluyendo el tránsito hacia un esquema monetario y financiero más adecuado, seguramente pesarán aun más en las nuevas condiciones. Esto resalta la necesidad impostergable de aprender la lección de que las decisiones no deben ser pospuestas esperando “mejores condiciones”. La vida enseña que el mejor momento es el presente, del futuro poco se sabe.
La economía cubana se verá afectada tanto por la recesión mundial como por el efecto negativo derivado de sus propias medidas restrictivas, las que deben ser mesuradas y proporcionadas. En el plano externo, esta crisis representa un empeoramiento de las dificultades financieras, a partir de la afectación al turismo y el resto de las exportaciones, las remesas, y la inversión extranjera. Hasta febrero de este año, el arribo de visitantes había disminuido 16,5 por ciento. Por otra parte, es muy pronto para saber cuál sería el efecto positivo derivado de la exportación de servicios médicos; y algunos fármacos como el interferón Alfa 2b Humano Recombinante, que ha probado ser efectivo en el tratamiento de la Covid-19.
Ante esta realidad, el racionamiento de productos esenciales es un paso inevitable para garantizar niveles mínimos de consumo. Es razonable el replanteo en las prioridades para las inversiones y la reducción de su volumen total. Si la enorme inversión hotelera no estaba en correspondencia con niveles de ocupación lineal del orden del 38 por ciento, en las actuales condiciones solo cabe un replanteamiento a fondo de su ritmo y magnitud.
Si bien el aumento de la producción de alimentos es una necesidad, es discutible el éxito que se pueda lograr a corto plazo. El sector no ha dejado de ser una prioridad, por lo menos en el discurso público desde 2008. Lo que ha fallado es el cóctel de medidas, que provienen de un enfoque defectuoso anclado en un paradigma que ha demostrado su incapacidad para superar las limitaciones. Este es el caso, no solo de la agricultura, sino del resto del sistema económico.
¿Qué se puede hacer?
Un elemento clave en la respuesta cubana es su éxito en el enfrentamiento a la epidemia, por lo que representa en vidas humanas, y en las perspectivas de una recuperación rápida. Varios de los sectores que pueden encabezar el despegue dependen críticamente de este objetivo. Si se alcanza este objetivo se confirma la robustez del sistema sanitario de la Isla. Ello influiría positivamente en el turismo internacional, la posibilidad de abrir nuevos mercados para los servicios médicos, consolidar o ampliar los acuerdos existentes, y llamar la atención sobre las capacidades de la industria biomédica. Ya se ha alcanzado un hito: el envío de profesionales a países del Primer Mundo (Italia y Andorra), mientras que no se descartan nuevos destinos. Eso sí, se requieren modificaciones de fondo en las características de esos contratos, para hacerlos sostenibles en el tiempo, cumpliendo con los estándares más exigentes.
En el orden interno, una situación extrema como esta debería servir como catalizador de las transformaciones que requiere el modelo cubano. El caso inmediato es la agricultura. Los llamados a incrementar la producción agropecuaria y la sustitución de importaciones, que tienen décadas, deben ser dotados de contenido. Si el problema esencial del sector es de recursos, como muy a menudo se sugiere, entonces parece claro que ahora no va a aumentar la producción, por más que sea necesario. Si mejores resultados dependen de paralizar el resto de la economía, tenemos un problema aun mayor. Ya es hora de que se reconozca que el esquema de producción y distribución actual es un fracaso rotundo, y requiere ser revisado desde sus fundamentos. En esa revisión, el sector privado y cooperativo debe ser empoderado.
El confinamiento y el aislamiento social tienen efectos socioeconómicos que deben ser tenidos en cuenta. Algunos de los gobiernos que están enfrentando crisis enormes en sus países, como el de Italia, recomiendan “medidas graduales, según los criterios adecuados y de proporcionalidad”. Este es un asunto todavía más relevante para Cuba, desprovista de esquemas de compensación externa y con una ya precaria situación económica. La capacidad de implementar esquemas de estímulo desde el presupuesto es muy limitada. Tanto por la escasez de recursos, como por la situación fiscal. En 2019, el déficit en las cuentas públicas se estimó en 6,3 por ciento.
En el caso de los trabajadores y el sector cuentapropista, se anunciaron varias medidas, que implementan la legislación vigente, para proteger sus ingresos. Sin embargo, hay un grupo que requiere una atención especial: los trabajadores contratados por cuentapropistas. Parece sensato asumir que el alivio de la carga fiscal no es suficiente para proteger sus ingresos, que son también los de sus familias. Ellos son contribuyentes, por tanto, tienen derecho a algún tipo de protección por parte del Estado. Quizá se pueda considerar algún tipo de crédito blando, coparticipado por sus empleadores en determinada proporción.
Finalmente, ciertos equilibrios macroeconómicos como la dinámica de precios ya estaban comprometidos. La inflación reprimida y la escasez, ante todo por déficit de oferta, solo pueden empeorar. Con la virtual eliminación de la importación individual de mercancías, la carencia de bienes de consumo e insumos para el cuentapropismo se agravará. Y ello solo producirá presiones adicionales sobre la inflación.
Las autoridades ya tenían suficientes desafíos en el orden económico. Este año promete agregar algunos más.
*Este artículo fue publicado originalmente en Progreso Semanal. Se reproduce con la autorización expresa de sus editores.
Los gobernantes podrían aprender a trabajar y dejar de politiquear.
Duro porque no están acostumbrados a pensar en cómo generar riquezas sino solo en satisfacer los superiores y/o mantenerse en el cargo.