Daniel Rodríguez Suárez
Este 2 de mayo entró en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton, una medida que compromete seriamente las inversiones españolas en Cuba. De forma simultánea, Venezuela permanece inmersa en su enésimo episodio de tensión en las calles. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, liberó el pasado martes 30 de abril a Leopoldo López, líder de la oposición venezolana en arresto domiciliario. La liberación fue encabeza por el propio Guaidó con el apoyo de un minúsculo grupo de militares desafectos del ejército venezolano. Leopoldo López se encuentra refugiado en la embajada de España y el país que le da cobijo acaba de salir de unas elecciones generales y se encuentra en manos de un gobierno en funciones.
La posición de España en Cuba y Venezuela se encuentra, en este momento, sumamente comprometida y no sólo por la coyuntura de los procesos electorales en los que está inmerso el país, sino también por la imposibilidad de hacer compatibles sus intereses en Caracas y Cuba con sus relaciones con los EE.UU. y por las contradicciones en las que ha caído en los últimos meses. Sin embargo, el escenario podría haber sido más complicado si las elecciones generales del pasado 28 abril hubieran precipitado la configuración de un gobierno en las antípodas del actual.
Dos días antes de que la situación en Venezuela se volviera a incendiar y cuatro antes de que los intereses económicos de España en Cuba entren en una vorágine desconocida hasta la fecha, más de 36,8 millones de españoles fueron conminados a las urnas en las decimocuartas elecciones generales en democracia. En esta ocasión no sólo estaba en juego la gobernanza para la próxima legislatura, sino también el modo de entender el país y su proyección exterior, pues por primera vez una fuerza de extrema derecha (Vox) podía condicionar un gobierno en el que figurarían los liberales de Ciudadanos (Cs) y los conservadores del Partido Popular (PP).
Los nuevos equilibrios
Finalmente, la suma de estas tres fuerzas no alcanzó la mayoría absoluta, fijada en el parlamento español en 176 escaños. Las formaciones de derechas de ámbito estatal se quedaron en 147 escaños, a los que habría que sumar los dos obtenidos en la comunidad foral de Navarra por la candidatura electoral Navarra Suma, en la que se integraron el PP, Cs y una fuerza conservadora denominada Unión del Pueblo Navarro.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), junto a sus diferentes confluencias, consiguieron alcanzar los 165 escaños. Se quedaron a once bancadas de la mayoría absoluta. Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español y candidato del partido socialista, resultó a la postre el gran vencedor, pues se alzó con 123 escaños, dejando a la segunda fuerza, el PP, el gran derrotado de la jornada, a una distancia más que considerable. El PP cosechó los peores resultados de su historia, lo que deja a su líder, Pablo Casado, en una situación comprometida. Los 66 escaños del PP lo inhabilitan para articular un gobierno alternativo y, en este momento, su tarea está centrada en contener la crisis interna del partido, en deslegitimar a Vox y en afianzarse como el primer partido de la oposición. Una condición, la de encabezar la oposición, que ya está poniendo en cuestión Cs, pues con sus 57 escaños, frente a los 32 que obtuvo en las generales de 2016, abren la posibilidad de que comiencen a percibirse como la gran alternativa del centro derecha a nivel estatal.
Los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez, se erigen así en la única posibilidad de gobierno. Sánchez es el único candidato capaz de llegar a la Moncloa y podrá hacerlo con el sustento exterior de UP o mediante un gobierno de coalición en el que se integre algún miembro del partido morado. Por lo demás, estos once escaños adicionales que precisan PSOE y UP para investir a Sánchez podrían ser aportados por los partidos nacionalistas, independentistas, soberanistas y regionalistas del País Vasco, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana o Cantabria, bien en primera ronda, a través del voto afirmativo, o en segunda, donde no sería necesario el posicionamiento en positivo y bastaría la abstención. La abstención en segunda vuelta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con quince escaños, bastaría para sellar la investidura. Además, tanto Junts per Catalunya, la formación del centro derecha catalán, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH-Bildu en el País Vasco, con siete, seis y cuatro escaños respectivamente, podrían estar dispuestos a facilitar la investidura. Todos ellos, de forma velada o manifiesta, lo han dado a entender durante la campaña electoral. Las negociaciones para llevarlo a efecto, sobre todo en el caso de los partidos catalanes, no serán fáciles; sin embargo, las probabilidades de que Sánchez sea envestido son muy altas, pues hay varias sumas que habilitarían tal posibilidad.
La aritmética para llevar a cabo la suma se erige en el tema vertebrador del debate político hoy en España. Sin embargo, la resolución definitiva no será inmediata, pues habrá una próxima cita electoral: los comicios municipales, autonómicos y europeos, a celebrarse el 26 de mayo.
Hacer gobierno y definir el rumbo
Una resolución que tendrá que afrontar dos cuestiones fundamentales. Primero, concretar las condiciones en la que se dará la investidura, primera o segunda vuelta, donde la búsqueda de la abstención en la segunda vuelta de las fuerzas catalanas y vascas será el tema central. Y segundo, aclarar el tipo de gobierno para los próximos cuatro años: gobierno en minoría del PSOE, línea por la que apuestan por el momento los socialistas, o gobierno de coalición con UP, una vía por la que se inclinan estos, pero que incomoda al PSOE, pues perdería la posibilidad de establecer una geometría variable a lo largo de la legislatura a través del acuerdo puntual o coyuntural con las fuerzas políticas que se sitúan en su flanco derecho. El PSOE se ha presentado ante la opinión pública española como el adalid de la moderación y escorarse demasiado hacia su flanco izquierdo podría desdibujar esta idea que le ha brindado excelentes réditos electorales.
Pedro Sánchez tendrá por tanto que moverse en la vorágine del pacto para alcanzar su investidura y tendrá que hacerlo, con diferente intensidad y alcance, con UP, a priori el socio predilecto, y con las fuerzas políticas de Cataluña y el País Vasco, donde la negoción se prevé más dura.
Además, el escenario de un pacto con Cs, algo que estuvo patente durante toda la compaña electoral sigue gravitando sobre la sede de los socialistas, sobre todo cuando se comprobó que la suma de ambas formaciones configuraría un gobierno sólido de amplia mayoría. Sin embargo, esta opción, la predilecta por los poderes económicos de dentro y fuera del país, no cuenta con el sustento de las bases de ambas formaciones ni tampoco con el beneplácito de la mayoría de las élites de los partidos, sobre todo en el caso de Ciudadanos, más pendientes de asentar su hegemonía dentro del centro derecha en España que de optar por un sustento a los socialista, algo que echaría por tierra su ambición de presentarse como el referente futuro de las derechas españolas.
El tipo de gobierno que finalmente alcance el consenso imprescindible tendrá sus consecuencias en la política exterior y las tendrá especialmente en el ámbito latinoamericano, donde la diversidad de pareces, entre las principales fuerzas políticas de ámbito estatal, es mucho más marcada que en el caso de la política a seguir en el frente europeo.
Cuba y España: lo que pudo haber ocurrido el 28A
Cuba y Venezuela, por encima de otros países, se jugaron mucho en estas elecciones generales españolas, pues el resultado afectaba directamente a sus relaciones con España y con la UE. Ambos países, junto a Nicaragua, están inmersos en una ofensiva política y económica con sede en Washington, y con ramificaciones en muchas capitales latinoamericanas, que hace imprescindible contar con posiciones divergentes en Europa a las propuestas por la Casa Blanca. Un complemento que se antoja necesario para ambos países caribeños, pues los apoyos que puedan recibir de Pekín y Moscú podrían no ser suficientes.
Así pues, la posibilidad de que una alternativa de gobierno a los socialistas pudiera orquestarse en Madrid a través del sustento de PP, Cs y Vox no era un tema ajeno a los intereses de La Habana, Caracas y también Managua. En el caso concreto de Cuba, la posibilidad de un gobierno tripartito de derechas o alguna receta de similar factura hubiera puesto en cuestión los pasos dados por el partido socialista y el gobierno de Sánchez desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa hace ya casi un año.
Indudablemente la posición de los socialistas difiere de la de los populares y sus posibles aliados, Cs y Vox, en los temas cubanos, algo que se explicitó en el viaje de Pedro Sánchez a La Habana en diciembre del pasado año. El PP encabezado por Pablo Casado ya no es el que estaba bajo la batuta de Mariano Rajoy, pues sectores mayoritarios dentro del actual PP, especialmente los que abanderó en el pasado inmediato Esperanza Aguirre o el expresidente José María Aznar y que tienen en el entorno del Pablo Casado una fuerte ascendencia, no concuerdan con la actitud que con respecto a Cuba desplegó el ejecutivo de Pedro Sánchez en el último año.
Por su parte, la práctica totalidad de la sensibilidades que habitan dentro de Vox, articuladas a través de la confluencia ideológica con el “trumpismo” y la presencia de figuras como la hispano-cubana Rocío Monasterio, presidenta del partido en la Comunidad de Madrid e hija de exiliados cubanos, reforzarían el nuevo posicionamiento del PP.
Algo que se vería robustecido a su vez por las inclinaciones liberales de Cs y su apuesta decidida por la oposición venezolana. Un gobierno articulado en torno a estas tres fuerzas habría colocado a la diplomacia española en franca sintonía con la Casa Blanca y con los integrantes actuales del Grupo de Lima.
Este escenario estuvo abierto hasta la noche del 28 de abril y es indudable que la posición de España hubiera sufrido un giro inesperado en los temas referentes a Cuba, y fundamentalmente a Venezuela.
España y la UE frente al tema cubano
La posición del actual gobierno español en lo tocante a los temas cubanos, que la Casa Blanca vincula de forma indisociable con el eje La Habana, Caracas, Managua, ha sido cauta y ha tratado de ampararse en la UE para que su falta de sintonía con los EE.UU. tenga un menor alcance en el plano bilateral. A diferencia de la posición estadounidense, en la que Nicaragua, Venezuela y Cuba forman parte una unidad de sentido a combatir, España hace una diferenciación clara entre los tres casos y disiente de la postura estadounidense en lo tocante a la aplicación de sanciones y a la posibilidad de intervención directa o apoyo a algún tipo de asonada militar.
El gobierno español se ha escudado en la UE para defender sus intereses y fortalecer su posición, pero no termina de alcanzar el éxito en lo tocante a la articulación de una posición común en la que concuerden todos los países europeos.
Varios países de Europa paralizaron la cooperación con Nicaragua y Pedro Sánchez apostó por continuarla fundamentándola en esa diferenciación entre gobiernos y pueblos.
En el tema de Venezuela, aunque el ejecutivo español ha sido bastante más duro y ha reconocido al autoproclamado Guaidó, siempre ha sostenido que la ruptura o la intervención por la fuerza perjudicarían a la población venezolana, a los españoles que allí residen y contribuirían a la desestabilización definitiva del país. Este discurso lo han llevado al paroxismo en el tema cubano, donde ha venido abogando por el acuerdo y el diálogo para la resolución de las diferencias.
Indudablemente estos razonamientos no tienen el respaldo de todos los países de la UE. Esto compromete el margen de maniobra de España y la hace incurrir en contradicciones frecuentes ante la imposibilidad de alcanzar una línea de acción conjunta a nivel de Europa.
España y Estados Unidos: dos puntos de vista
La España de Sánchez, como anteriormente sucedió con la de Zapatero, choca frontalmente con los planteamientos que patrocina la Administración norteamericana en los temas cubanos y esto se ha hecho evidente en los últimos meses, momento en el que Donald Trump y su grupo asesor para temas latinoamericanos han puesto en marcha la ofensiva más dura de los últimos años y consideran que la colaboración económica con Cuba, Venezuela y Nicaragua constituye un obstáculo a la puesta en marcha de un plan conjunto para ultimar a los regímenes de estos tres países.
En el último encuentro mantenido entre Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, y Josep Borrell, ministro de Exteriores de España, celebrado en Washington a principios de abril, se explicitaron las diferencias entre los gobiernos de ambos países. Esta cita entre los ministros de Exteriores de España y EE.UU. no hizo otra cosa que explicitar las diferencias entre ambas cancillerías en lo tocante a Cuba y Venezuela y puso al descubierto también, como viene siendo habitual, las contradicciones de la posición de España, sobre todo en el caso de Venezuela. Borrell trató de dejar claro que las sanciones a Venezuela tenían un impacto en los intereses de España y que la puesta en marcha del Título III de la Ley Helms-Burton causaría un enorme impacto en el capital español invertido en Cuba. El desacuerdo con EE.UU. fue patente y el ministro Borrell no trató de ocultarlo.
Pocos días después de este encuentro, Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, refrendaba la posición de España y del resto de los países europeos en lo referente a las posibles prejuicios que la puesta en marcha del Título III de la Ley Helms-Burton pudiera ocasionar. Sobre este particular advirtió que la UE tomaría las medidas pertinentes para defender los intereses europeos en Cuba.
Las sanciones a Cuba son un peldaño más en el refuerzo total del bloqueo y suponen también un mecanismo de presión para tratar de inhibir la presencia cubana en Venezuela. Una presencia que se antoja indeseable en la estrategia estadounidense de empujar al régimen de Maduro hacia el abismo.
Lo que Cuba y España necesitan
España, con un gobierno en funciones, en medio del avispero de Venezuela, agitado en los últimos días, y a partir de la puesta en vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton, puede desempeñar un papel importante en la resolución de los conflictos del Caribe.
Sin embargo, para poder hacerlo, precisa de un gobierno estable y necesita conformarlo cuanto antes. La posibilidad de sumar a UP a un gobierno de coalición o contar con su apoyo, mejoraría su capacidad de aproximación a Caracas y La Habana. Ahora bien, complicaría sobremanera las ya de por sí tensas relaciones con los Estados Unidos.
Durante las últimas décadas, con la excepción de los ocho años de gobierno de José María Aznar, la posición de España en Cuba siempre ha encontrado la incomprensión norteamericana. Ahora, tras el conflicto en Venezuela, la posición de España es más comprometida.
Cuba necesita a la UE para poder seguir profundizando en su programa de reformas y España necesita un gobierno sólido, articulado a través de los socialistas, los grandes vencedores en las últimas elecciones, para acompañarla en su proceso.
De ahí la importancia que tiene para Cuba una España liberada de los procesos electorales en los que está inmersa y constituida ya con un gobierno que le permita acometer su compromisos en el ámbito latinoamericano. Las relaciones de Cuba con la UE se verán reforzadas tan pronto como esto suceda y lo harán también las relaciones bilaterales con España.
