Javier Ortiz
Cuba y Estados Unidos pondrán sobre la mesa este 8 de diciembre en La Habana el pago de las compensaciones por las propiedades nacionalizadas a partir de 1960, según una información publicada por The New York Times. Este diálogo incluye discutir las indemnizaciones a la nación caribeña, por los daños provocados con las políticas de castigo económico, mejor conocidas como el bloqueo o embargo.
“Es la negociación bilateral que nosotros a ojos vista hemos identificado que podemos comenzar” dijo la diplomática cubana Josefina Vidal en una entrevista concedida a la cadena teleSUR en septiembre pasado, cuando reveló que era uno de las cuestiones definidas para encontrar “una solución de manera negociada.” La Secretaria de Estado Asistente Roberta Jacobson hizo un pronóstico similar en mayo de 2015.
“Cuando estudias experiencias de otros países que han empezado un proceso de negociación de compensaciones… son muy complicados. Son complejos, muy técnicos y llevan tiempo” agregó Vidal, indicando que el tema “tendrá que convocar a abogados, especialistas en derecho internacional, en economía… abarca muchas especialidades.”
Las reclamaciones figuran en la lista de asuntos pendientes acordada por el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana. El canciller cubano Bruno Rodríguez garantizó la disposición de su gobierno a pagar, siempre que se tengan en cuenta las indemnizaciones por afectaciones causadas en la guerra económica sufrida por su país a lo largo de cinco décadas.
Cada año, Cuba presenta a Naciones Unidas un informe con detalles del acoso financiero conducido desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una instancia del Departamento del Tesoro encargada de hacer cumplir las sanciones contra la isla.
La Comisión de Asignación de Reclamaciones Extranjeras fija en más de 7 mil millones de dólares el monto actual de lo debido a los propietarios estadounidenses, cuyos bienes pasaron a manos del Estado cubano en un proceso de expropiación iniciado en el año 1960. Esta agencia independiente dentro del Departamento de Justicia de Washington emitió un comunicado en septiembre de 2015, indicando que tomaba nota de los diálogos posteriores al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas entre ambos países.
“Todavía no está claro qué efecto tendrán estos cambios en el estado de las demandas previamente adjudicadas por la Comisión”, indica la misma agencia en su página en Internet. “Aunque que la Comisión misma no participa en estos cambios de política, continuaremos monitoreando este asunto y se publicará información sobre los desarrollos pertinentes aquí en nuestro sitio web.”
Las reclamaciones de Estados Unidos son solo una cara de la moneda. Un tribunal cubano sentenció en el año 2000 al gobierno de Estados Unidos a pagar más de 121 mil millones de dólares por hechos ocurridos a lo largo de cuatro décadas, que van desde plagas introducidas contra la agricultura local, obstáculos al comercio exterior y hasta los gastos para bloquear las señales de Radio y TV Martí.
La Secretaria de Estado Asistente Roberta Jacobson reconoció la existencia de esa querella durante una conferencia de prensa en diciembre de 2014.
Alcanzar un acuerdo acerca de las compensaciones tendría un alcance más allá del plano económico. Políticos como el senador por La Florida y candidato presidencial republicano Marco Rubio consideran las sanciones y restricciones impuestas contra Cuba como una acción de castigo a las nacionalizaciones hechas por el gobierno de Fidel Castro.
El congresista Mario Díaz-Balart propuso en una ley de financiamiento limitar la apertura de Obama hacia Cuba, tomando las propiedades expropiadas como punto de partida para impedir el comercio con la isla.
Treinta y ocho años después
Discutir por igual el pago de las compensaciones a los bienes estadounidenses nacionalizados y la indemnización por los daños del bloqueo no es precisamente una novedad. El canciller Bruno Rodríguez sostiene una posición ya expresada en 1977 por el entonces ministro cubano de Comercio Exterior, Marcelo Fernández Font, durante un viaje a Estados Unidos, descrito en el libro De la confrontación a los intentos de normalización de los investigadores cubanos Esteban Morales y Elier Ramírez.
Ese mismo año, el subsecretario de Estado Terence Todman abrió las primeras conversaciones en años con representantes de La Habana, mencionando las reclamaciones de las empresas y los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron nacionalizados en los sesenta, una solicitud planteada ante el viceministro cubano de Exteriores Pelegrín Torras. En una conferencia de prensa, Todman presentó ese punto como uno de los obstáculos para una normalización.
La cuestión de las propiedades estadounidenses aparece en boca de cada uno de los personajes políticos involucrados con ese intento de acercamiento, iniciado por Jimmy Carter y detenido por su sucesor, el presidente republicano Ronald Reagan.
Es un dilema cuyos orígenes se encuentran en la raíz misma del diferendo. Las negociaciones sobre los pagos mutuos podrían extenderse tanto como la misma normalización entre dos países con una larga lista de asuntos en espera de algún desenlace.
