Voces cubanas conversa esta vez con Zaida Capote Cruz, investigadora en el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, donde dirigió la redacción del Diccionario de obras cubanas de ensayo y crítica. Es autora de varios libros publicados (tres sobre la obra de Dulce María Loynaz), tiene en prensa Estado crítico y Tribulaciones de España en América. Tres episodios de historia y ficción (Premio Alejo Carpentier de Ensayo 2021) y comparte el blog Asamblea Feminista.
Desde hace algún tiempo la sociedad cubana se ha estado transformando social y económicamente y se visualizan demandas de diversa índole por parte de varios sectores. ¿Está el Estado cubano en capacidad para absorber y gestionar esas demandas?
Gracias por invitarme a compartir mis opiniones. Como tengo la convicción de que la crítica y la investigación cultural, a las que me dedico, son maneras de ejercer ciudadanía, acepto gustosa.
Creo que el Estado cubano ha demostrado estar en capacidad de absorber y gestionar esas demandas y las que vengan. Tiene la estructura creada y, por lo que ha mostrado, también la voluntad de hacerlo. No es un camino fácil. Cuando Díaz-Canel llegó al gobierno esperé un giro en la gestión pública, que llamara al pueblo a defenestrar a la burocracia anquilosada en las instituciones y organizaciones políticas y de masas. Al privilegiar la idea de “continuidad”, perdió una gran oportunidad para la recuperación del poder popular.
Cuando participé en la demanda colectiva a la Asamblea Nacional para la aprobación de una Ley integral contra la violencia de género, salvo la notificación de recepción y un breve encuentro de intercambio, el gobierno no acusó haber atendido esa propuesta. Pero algo deben haber contribuido esa y otras demandas a la aprobación del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres (PNAM). Es una lamentable costumbre, casi infantil, negar o escatimar la contribución del activismo al avance de la discusión de ciertos temas políticos, como si esto no debiera ser lo más natural del mundo. Y es nuestro deber como ciudadanía exigir que las normas legales sean efectivas y contribuir a su ejecución exitosa.
La relación entre ciudadanía y gobierno está recomponiéndose permanentemente. Lo importante, por lo pronto, es que las demandas se escuchen y elaboren. Frente a la exposición del descontento o la desesperación de la gente que lidia cada día con dificultades provocadas por la mala gestión pública, que tuvo su culmen el 11 de julio, el gobierno no se ha hecho el sordo. Todo lo contrario, empezó a movilizar recursos políticos y económicos para cambiar las cosas. Hay mucho por modificar, sin duda, empezando por hacer de la Asamblea Nacional y de todo el sistema de organizaciones políticas, de masas o gremiales, sitios cuya representatividad sea real y donde se gestione colectivamente y se dé curso, rápida y eficazmente, a las necesidades de todos.
Tengo la impresión de que, a pesar de las carencias económicas y las deformaciones en la práctica política, el gobierno cubano está en condiciones de responder bastante satisfactoriamente porque conserva capacidad de movilización popular y articulación institucional para dirigirla, aunque ambas hayan sido desatendidas durante mucho tiempo. Y pienso que no debemos cejar en la exigencia de las transformaciones necesarias para tener un socialismo cada vez más democrático. Nuestro gobierno tiene, además de la capacidad, el deber de responder a esas demandas con solvencia, aun en medio de la precariedad cotidiana.
Hay, sin embargo, algo que se pierde de vista a menudo en las discusiones sobre Cuba. En Europa se está discutiendo hace tiempo la necesidad de una renta básica que garantice la supervivencia de la gente en condiciones de mínima dignidad. Nosotros, a pesar de las carencias, tenemos una exigua renta básica constituida por los servicios de educación y salud gratuitos, así como la tan vilipendiada y al mismo tiempo defendida cuota mensual de la Libreta de abastecimientos (no en balde a la carencia de esa cuota se refería una de las demandas más acuciantes del 11 de julio, rápidamente solventada con la creación de más de 40 mil nuevos núcleos de consumo familiar). A veces ni siquiera somos conscientes de que nuestras “gratuidades” —que, dicho sea de paso, fueron muy atacadas tras la salida de Fidel del gobierno— son beneficios que se dan por sentados y que la mayoría de la gente no quiere ceder, como demostró la discusión del proyecto constitucional más reciente en su momento.
Hasta ahora nuestro gobierno, continuador declarado de las políticas implementadas en el curso histórico posterior a 1959, tiene ese tipo de políticas de su parte frente a cualquier otro proyecto de país emergente de las discusiones teóricas (digo teóricas porque son propuestas que no cuentan con apoyos reales masivos) sobre qué tipo de república queremos y cómo queremos ejercer nuestros derechos. Tiene además a su favor un reparto bastante justo de las pocas riquezas disponibles y ciertas garantías en el acceso popular a bienes culturales y de otro tipo que no son frecuentes en países considerados subdesarrollados. Y una política exterior respetada en casi todo el mundo. Son méritos que hay que reconocerle, a pesar de las críticas útiles y merecidas a su gestión.
Una de sus falencias comprobadas está, por ejemplo, en la política de información. No hay amplitud de miras, todo es demasiado provinciano y rígido. Cada vez que presentan al presidente con su ristra de títulos están alejándolo de la ciudadanía. Añoro un gobierno más móvil, menos estático. Un poco de movimiento y de humor, de gracia, nos vendría muy bien, que no somos tan formales.
¿Cuál es su opinión sobre la intensificación de las sanciones a Cuba que tuvieron lugar durante la administración Trump en medio de esta crisis agravada por la pandemia y sus consecuencias sobre el país?
Las sanciones de Trump, y el bloqueo en general, son gestos desesperados para asfixiar a Cuba. No entiendo a quienes celebran unas sanciones que son ilegales e inhumanas, aunque muchos organismos internacionales y gobiernos —aun los que votan contra el bloqueo en la ONU, como recordó ejemplarmente López Obrador hace poco— las acaten sin chistar.
El bloqueo afecta en primer lugar a los ciudadanos, pero además limita las posibilidades de actuación del gobierno, que debe estar haciendo malabares para garantizar los derechos básicos y la reproducción cotidiana de la vida en Cuba. Conozco gente muy reacia que luego de haber pasado por el Oncológico y vivir en carne propia las dificultades con prótesis y medicamentos (incluso para niños) incorporó el bloqueo a sus odios eternos.
Al mismo tiempo, a nivel de estructuras de gobierno, para burlar el bloqueo hay que hacer miles de trampas, grandes y pequeñas, gestiones que entran en una zona poco transparente porque es clandestina. ¿Cómo conseguir los recursos que precisa, en medio de la pandemia, la salud pública? ¿Cómo lograr operaciones financieras a gran escala para las inversiones? ¿Cómo movilizar grandes cargamentos de materias primas esenciales para la producción? A menudo conspirando con colaboradores extranjeros, creando empresas que no responden al control público. Esas zonas grises son propensas a generar corrupción. A veces pienso que ese es uno de los peores daños que nos ha hecho el bloqueo: la creación de instancias que gestionan los recursos públicos como si fueran privados en el camino de sortear las sanciones.
Otra terrible consecuencia del bloqueo es la emigración. Solemos achacarle al gobierno cubano su perezosa implementación de cambios económicos y su escasa capacidad para ofrecer a nuestros jóvenes estímulos para quedarse y trabajar por su país; pero si las posibilidades económicas de la vida cotidiana en Cuba no fueran tan mínimamente escasas (y por eso hay que trabajar desde aquí para ampliarlas), quizás alguna de esa gente se quedaría en Cuba y el gobierno no hubiera sido tan timorato a la hora de implementar las reformas y escuchar y discutir públicamente las recomendaciones de los expertos.
Desde que empezó la pandemia, y tras el recrudecimiento del bloqueo orquestado por Trump, que Biden ha mantenido y hasta ampliado, veo claramente que no hay mucha posibilidad de entendimiento real con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que trabajar por el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento de relaciones diplomáticas mínimamente fluidas, y por recuperar el diálogo al menos con una parte de la diáspora cubana que vive en ese país, también afectada por el bloqueo, aunque de un modo distinto a como nos afecta a nosotros.
El bloqueo es consustancial al imperialismo, y tiene un entramado de beneficios para quienes lo aplican que hace muy difícil su fin. Muchos intereses creados, en términos políticos, y beneficios económicos reales. Como las guerras que se inventa constantemente Estados Unidos en cualquier lugar del mundo, el bloqueo, más que una política, es un negocio boyante que justifica la apropiación de nuestros recursos (empezando por la fuerza de trabajo migrante) y no va a terminar en los próximos años. Su objetivo es empujarnos a privatizar todos los servicios públicos, y para eso hay que llevarlos a la quiebra primero. Socavar la confianza de la gente en sus instituciones y su gobierno es básico para conseguirlo. Cuba está acostumbrada a generar soluciones, y creo que una vez más puede lograrlo.
La actual dinámica socioeconómica genera cambios en la composición clasista o de sectores de la sociedad cubana y sus dinámicas de desigualdad. ¿Cómo ve este problema y sus posibles soluciones?
La desigualdad ha crecido continuamente desde el Período Especial, con breves períodos de respiro. ¿Cómo cambiar eso en medio de una carencia crónica de recursos y con un profundo anquilosamiento político? Hace falta mucha creatividad y oídos abiertos a la escucha de todas las propuestas. Por ejemplo, hace rato se discute la necesidad de beneficiar a los sectores más desprotegidos en su ingreso a la universidad, la industria turística, el financiamiento para la construcción de viviendas. Hay quien habla de cuotas. A mí lo de las cuotas me parece que garantiza un beneficio individual, y preferiría que lográramos construir algo más amplio y duradero para garantizar el derecho a una vida digna e igualdad de oportunidades, actuando sobre las condiciones en las comunidades y sectores donde haya necesidad, además de revitalizar o crear programas específicos para la captación de talentos y la formación de técnicos y profesionales en los espacios donde esta larga crisis se ha cobrado más víctimas.
En términos simbólicos, creo que una de las manifestaciones más lacerantes de la desigualdad es la aceptación del machismo, el racismo o el prejuicio regionalista como decisivos en nuestra percepción de otra persona.
Son carencias en la discusión y la formación políticas colectivas que el Partido Comunista de Cuba (PCC), tan ocupado en proclamarse fuerza dirigente, parecía haber abandonado. Las opciones de negocios también son políticas: los campos de golf en el proyecto constitucional; la preferencia por el turismo de “todo incluido” y de cruceros, concentrado, depredador; la proliferación de automóviles en empresas e instituciones públicas, en lugar de medios colectivos, son algunas muestras. La burocracia es muy fuerte y ha conseguido que se destinen recursos crecientes a pagar medios de transporte y comunicación individuales incluso para funcionarios medios. Son recursos que se restan de la bolsa común.
En cuanto al prejuicio regionalista, del que suele hablarse menos que de otras discriminaciones, tuvo un papel predominante en la denigración previa y continua de la policía, muy funcional a posturas antigubernamentales. Y hace estragos también en la distribución de los recursos para el acceso al desarrollo (siempre recuerdo aquel documental de Alejandro Ramírez, Una niña, una escuela, cuya protagonista disfrutaba de una escuela en la montaña para ella sola. Sabíamos que algo así era una locura, pero de esas locuras estaba hecha la Revolución. Luego nos volvimos demasiado “cuerdos”, creo yo. Hay desigualdades de partida que hay que minimizar, porque dondequiera nacen talentos sin oportunidad de mostrarse, de formarse. Se pierden. Y la sociedad pierde lo que pudieran aportar al bienestar común.
Necesitamos iniciativas colectivas para la solución de los problemas más acuciantes, y estimular la inversión, social no solo de las empresas estatales o de las privadas, a través del impuesto, sino con modelos colaborativos o de cooperativas (de vivienda, por ejemplo). Eso aliviaría la presión sobre el Estado que, más que inversor único o principal, actuaría como garante de los compromisos contraídos, y podría destinar sus escasos recursos a quienes más los necesitan.
No me alarma el surgimiento de una clase propietaria de bienes productivos. Más que un problema, me parece una posibilidad de generar recursos para salir de la crisis perpetua. Durante años hemos hecho alianzas con el capital transnacional sin sonrojo, así que el resurgimiento de una pequeña o mediana burguesía en Cuba parece un mal menor, si puede mantenerse como recurso para la inversión pública y la descompresión social en ámbitos como el empleo, por ejemplo. La generación de nuevas desigualdades podría controlarse mejor con la vigilancia colectiva sobre el destino de esos recursos, creo yo.
Ese campo de desigualdades, ¿cómo afecta, específicamente, a las mujeres cubanas?
Las mujeres, por manes del patriarcado, soportamos la mayor carga doméstica para la reproducción de la fuerza de trabajo. Como se sabe, la expropiación del cuerpo femenino (y de su fuerza de trabajo) es vital en las sociedades patriarcales, y nosotras solemos ser un sostén de la vida ajena en muchos campos.
Con la pandemia hay que sumar la responsabilidad de la educación a distancia de niños y jóvenes y el aumento del consumo de alimentos en el hogar, con el consiguiente desgaste en su búsqueda y elaboración, mayoritariamente asumidos por las mujeres. En Cuba hay una gran cantidad de mujeres en el Parlamento o en cargos públicos importantes. A la par, grandes masas de mujeres han visto reducirse sus espacios reales de realización extra-doméstica, con altas tasas de deserción laboral, embarazo adolescente, etc. Con las reformas, la mayoría de las tareas de cuidado de ancianos e infantes volvieron a ser un problema familiar. Para aliviarlos deberíamos socializar los cuidados, incluso profesionalizarlos. Porque la desigualdad, a pesar de los avances comprobables en ámbitos de realización pública (basta mirar la cantidad de cubanas líderes en la investigación científica, por ejemplo), ha vuelto a crecer.
Yo no dejo de soñar con que recuperemos la práctica política como bien colectivo y que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) movilice desde la base a todas las mujeres. Cuando el presidente firmó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PNAM) fue una fiesta. Puso en primer plano la necesidad de políticas específicas de atención a la desigualdad y la discriminación. Me hubiera gustado que ese Programa se hubiera discutido con las federadas desde la base y en la prensa, no solo por el aporte colectivo, sino porque hubiera contribuido a movilizarnos para garantizar que se cumpla lo prometido. Me preocupa que la burocracia intente secuestrar el proceso y reduzca la visión del “adelanto” a mera estadística.
En términos de representatividad de sexo/género, por otra parte, habría que evitar lo que una escritora que admiro llamara, exagerando un poco, “genitalización”. Ella se refería a la escritura, pero podría aplicarse a todos los campos. Pues ¿esas parlamentarias, esas ministras, esas líderes científicas, tienen idea de cuál es la condición social de la mujer más allá de su experiencia vital?, ¿tienen clara conciencia de que su desempeño es una oportunidad para empoderar a otras mujeres?, ¿enfocan sus investigaciones, sus relaciones privadas o su práctica política con mirada consciente de las diferencias y desigualdades vinculadas al género?, ¿o se comportan como cómplices, conscientes o no, del patriarcado?
No se trata solo de que haya mujeres en la gestión pública; es necesario que ellas sepan cuánto pueden aportar a sus congéneres y al bienestar común, y que trabajen para promover esa perspectiva.
El PNAM debería generar una suerte de aprendizaje colectivo acerca de la historia y la condición social de las mujeres que no esté basada en figuras excepcionales, sino en la mayoría; que divulgue conceptos fundamentales para entender claves de economía, política y pensamiento feministas, ecofeminismo, etc.; que estimule la creación de cooperativas de mujeres y el otorgamiento de créditos, la formación feminista del funcionariado; que genere grupos de apoyo y discusión al interior de los colectivos laborales y barriales; que ponga en primer plano la colaboración y la escucha mutua. Y que desistamos de una vez de la lógica del grupo de “elegidas” que lleva a cabo encargos estatales mientras denigra a las activistas. Eso solo nos lleva a la desunión y al fracaso.
No quiero caer en la trampa sexista de que el amor es siempre femenino o de que las mujeres somos unas dulces criaturas aladas. Pero creo en la necesidad de feminizar la política, de promover la escucha, la proximidad, el acompañamiento, el reconocimiento de nuestras debilidades y del derecho de los demás a participar. El presidente se ha estado reuniendo con representantes de varios sectores sociales; aunque todavía no son reuniones tan amplias o relajadas como nos gustaría, hay que reconocer que ese es el camino. Y un ejemplo para el resto del funcionariado, a todos los niveles.
En un contexto político, económico y social tan complejo, ¿Cuál es el espacio que tiene hoy la crítica social, cuál el rol de las Ciencias Sociales y las Humanidades y cuál el papel de los intelectuales?
Generar espacios amplios de crítica y debate social, cultural o político nos ayuda a perfilar nuestros objetivos comunes como nación. Hay mucha gente dispuesta a colaborar en ese pensar colectivo para avanzar hacia una sociedad mejor que esta. Pero a veces una se siente hablando en el vacío.
Recuerdo la disputa sobre el centrismo hace unos pocos años, empujada por sectores de miras muy estrechas dentro del gobierno, empeñados en clausurar el debate y acallar opiniones críticas. Si no se hace del conocimiento de nuestra sociedad un patrimonio común, poco podremos adelantar. Soy hija de contadores, así que siempre pienso en términos de recursos, y la dedicación de recursos públicos a tantas instituciones de investigación y universidades para luego desaprovechar el conocimiento producido ahí es, además de los costos sociales y políticos que genera, la manera más engorrosa de despilfarrar el dinero público.
¿Cuáles cree que son los desafíos más complejos para el socialismo y la nación cubanas en este momento?
El primero, sobrevivir. La nación cubana parecería haberse fundado sobre una imposibilidad, a fuerza de coraje. No tenía por qué ser así. Había, de hecho, opciones más cómodas. Digamos que pudo haberse elegido el yugo en lugar de la estrella. Tenemos una herencia difícil de honrar. A veces me parece inexplicable esa insistencia de Martí en pensar Cuba como valladar antimperialista. A propósito, no hay que olvidar que, aunque promovió una república “con todos y para el bien de todos” —frase que se repite ahora un poco a la ligera—, Martí organizó una guerra, opción excluyente si las hay.
Aunque suene grandilocuente, diría que debemos refundar la nación, rehacer nuestras relaciones políticas, movilizar, compartir, reconstruir el sentido de comunidad a ras de suelo, para acercarnos más y entendernos mejor. Y reconocer públicamente los errores que nos han traído hasta aquí. Porque la gente sabe defender la Revolución, pero tiene que sentirse parte, y eso ha estado fallando. El 11 de julio, en medio de la exasperación extrema en las redes sociales de internet y las imágenes de violencia, nos dejó unas cuantas cicatrices, pero también nos recordó quién era cada quién.
Las protestas fueron útiles en muchos sentidos, a pesar de la dolorosa experiencia. Mundializaron una mayor comprensión de las consecuencias reales del bloqueo en la vida cotidiana de la gente y reactivaron la solidaridad internacional; abrieron espacios para la práctica política colectiva y pública refrendada en la Constitución; alertaron acerca de la urgencia de profundizar las reformas y demostraron que el gobierno cubano, a pesar de los pesares, no está solo. Mucha gente criticó a Díaz-Canel por su llamado a las calles y casi lo acusaron de promover una guerra civil. No comparto esa opinión. Todo gobierno legítimo tiene derecho a defenderse y a convocar. Existía la opción de resolver los desacuerdos, como suele hacerse en tantos países, sacando —es un decir— los tanques a la calle, pero esa no puede ser la opción para Cuba. Y Cuba, su proyecto de país acordado mayoritariamente, merece salvarse de la voracidad imperial que es, a fin de cuentas, el principal peligro. Ahora urge que se salve también de sí misma, porque tenemos el tiempo contado y si seguimos malgastándolo y acumulando errores vamos a perder la oportunidad.
A ver cómo nos va. Yo elijo confiar en nuestras capacidades.