La Fiscalía ha abierto la investigación del suicidio de una mujer después de que sin su autorización circularan entre sus compañeros de trabajo cinco materiales de contenido sexual, grabados hace cinco años. Verónica, de 32 años y madre de dos niños, era empleada en la planta de autos de Iveco en Madrid.
La fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, pidió un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, según fuentes fiscales citadas por EFE. También la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones de oficio, informa El País.
La mujer, que llevaba semanas soportando la presión por estos vídeos grabados hace años y que su ex pareja conservó según fuentes cercanas, se suicidó el sábado pasado. Las autoridades están analizando el material, averiguando cuándo y cómo se filtró, quién lo hizo y quiénes lo compartieron.
El contenido fue difundido en mensajes privados y grupos de Whatsapp de sus compañeros de trabajo. “Suscitaron comentarios, bromas, miradas, silencios, risas y cuchicheos que la semana pasada empezaron a multiplicarse”, cuenta El País.
“Creo que la gente no es consciente de lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma”, dijo a EFE un trabajador.
Implicaciones legales
Ni difusor original del video ni quienes lo pusieron a circular podrán ser castigados por sexting (difusión de imágenes y/o videos privados sin autorización de la persona afectada), porque debe existir una denuncia de la víctima, algo que no ocurrió.
Para estos hechos, explica a El País el experto en Derecho Digital Borja Adsuara, “se podría investigar como un delito contra la integridad moral, que son perseguibles de oficio por la Fiscalía; tanto la primera difusión del vídeo, que supuestamente hizo su expareja, como las sucesivas redifusiones, por sus compañeros de trabajo”.
Añade que “podría investigarse un supuesto delito de ‘extorsión sexual’ o ‘sextorsión’ (amenazar a la víctima con difundir las imágenes o vídeos sexuales, si no cede a lo que el extorsionador pretende). Y también “la familia puede recurrir a la vía civil para defender la memoria de la fallecida y exigir una indemnización por los daños y perjuicios morales causados”.
