Natalia Guevara Cruz
En su momento fue la noticia del día; luego, nada más se supo: Cuba trabajaba en la modificación de la Ley 77 sobre la inversión extranjera, y la nueva legislación debía promulgarse antes de que finalizara diciembre del 2012, según declaró a mediados del pasado año la directora de Finanzas del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Yamila Fernández.
La inversión foránea se mantendría “como complemento al esfuerzo inversionista nacional, con énfasis en los sectores priorizados”, pero se actualizaría “la cartera de proyectos y negocios con capital extranjero, con el adecuado estudio de pre factibilidad”, expresó la funcionaria de acuerdo a las reseñas de los medios nacionales por aquel entonces.
Más trabajo del que se suponía parece haber ralentizado el propósito, ya que pasaron las festividades de fin de año sin la concreción de este anuncio, y la única mención relacionada con ello en este 2013 fueron las declaraciones, a mediados de febrero, de especialistas de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, quienes expresaron al periódico Juventud Rebelde que la “Ley 77 De la Inversión Extranjera se mantiene vigente. Es una ley especial que está ratificada en la Ley 114 del Presupuesto del Estado para 2013”.
Es obvio que la elaboración de un nuevo instrumento jurídico para regir estos procesos no es para tomarse a la ligera, y que la razonable fórmula de “no correr para no errar” desarma cualquier impaciencia. Sin embargo, como ocurre con casi todas las actualizaciones trascendentes que se ha propuesto nuestro país, mientras más se dilata, más urge; y ahí están para dar fe de ello el sistema de la agricultura y las industrias del país, cuyos márgenes de descapitalización luego se traducen en incumplimientos de planes, y estos, a su vez, en desabastecimientos de la red de mercados -con los consiguientes acaparamientos y precios especulativos en los intercambios informales.
La importancia de que un nuevo cuerpo legal favorezca la inversión extranjera está declarada en la política económica aprobada por el país a tales efectos, la cual establece que la participación del capital foráneo debe contribuir a garantizar objetivos como “acceso a tecnologías de avanzada, métodos gerenciales, diversificación y ampliación de los mercados de exportación, sustitución de importaciones, aporte de financiamiento a mediano y largo plazo…”
Por demás, las directrices económicas también reconocen la necesaria premisa de perfeccionar las regulaciones y hacer más ágiles los procesos de evaluación, aprobación e instrumentación de los proyectos con capital extranjero.
Resta, entonces, esperar que las celebraciones de fin del 2013 no nos dejen igual de expectantes que el año anterior.
