Alfredo Prieto
En 1974, después de que Richard Nixon renunciara a la presidencia como resultado del escándalo de Watergate y decidiera llevarse a su mansión de California sus documentos, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales, concebida para preservarlos de una posible destrucción, incluyendo, desde luego, y sobre todo, las famosas grabaciones que le costaron el cargo. Con ese antecedente, cuatro años después, en 1978, el propio Congreso aprobó la Presidential Records Act (PRA).
Son varias las determinaciones de este texto, pero por lo pronto valdría la pena subrayar dos. La primera y más importante, que la PRA produjo un cambio en la propiedad de los documentos del presidente (y del vicepresidente) de lo privado a lo público. En otros términos, a partir de entonces esos textos pasaron a ser propiedad del gobierno de Estados Unidos, no de un individuo. Un presidente era libre de llevarse sus papeles cuando salía de la Casa Blanca.
La segunda, que desde 1978 todos esos documentos pasarían a ser guardados y custodiados por los Archivos Nacionales tan pronto el presidente saliente abandonara la Casa Blanca. Hay incluso todo un protocolo al efecto para su entrega como parte del proceso de transición de una administración a otra.
Si bien en esta ley no se especifica ninguna sanción a posibles violaciones, estas entran en varios estatutos federales que tipifican como delito grave el mal manejo de la propiedad del gobierno. Y aquí funcionan leyes que penalizan los daños a la propiedad de Estados Unidos y/o la eliminación o retención de materiales clasificados, entre otras cosas. Esto arrastra otra posible dimensión legal: obstrucción de la justicia en caso de que los documentos retirados o destruidos fueran importantes en una investigación penal, civil o del Congreso. Las condenas por dañar la propiedad del gobierno o deshacerse de los registros pueden conllevar hasta diez años de prisión.
Lo anterior es el punto de apoyo imprescindible a la hora de entender la irrupción del FBI en la mansión de Trump en Palm Beach el pasado lunes 8 de agosto, avalada por una orden de registro de un juez federal y por el secretario de Justicia de Estados Unidos, algo que no se aprueba a no ser que exista suficiente causa probable y un posible crimen.
Sin embargo, las reacciones del ex presidente Trump, en absoluta tesitura con su modo de ser, ocultan varias circunstancias concurrentes y reducen el hecho a la esfera de lo político con los mismos argumentos tradicionales suyos: van desde la cacería de brujas —como siempre, “la más grande en la historia de Estados Unidos”— hasta asegurar que la existencia de ciertos documentos confiscados por las autoridades es “una total falsedad”.
Cuatro pantallas de Mar-a-Lago
En el argot del baloncesto, una “pantalla” es una movida en la que un jugador sin el balón bloquea a uno contrario al colocar su cuerpo entre el defensor y su correligionario de equipo. De esta manera, se crea un espacio para hacer pases, atacar el aro desde abajo o producir un tiro en suspensión.
Una primera pantalla en el caso de Mar-a-Lago es que el ex presidente y sus acólitos quieren persuadir al público general de que se trata de un falso problema, es decir, que no había ninguna irregularidad en el hecho de que esos documentos estuvieran ahí, y que por consiguiente no era necesario tomar esa medida “extrema”. Una manera de ignorar olímpicamente las leyes y disposiciones federales mencionadas al principio de este texto: por acción y efecto de la narrativa trumpista, simplemente no existen. “No necesitaban ‘incautar’ nada”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Podrían haberlos tenido en cualquier momento sin jugar a la política e irrumpir en Mar-a-Lago. Estaban en un almacenamiento seguro, con un candado adicional […]. Podrían haberlos tenido en cualquier momento que quisieran —y eso incluye MUCHO TIEMPO. TODO LO QUE TENÍAN QUE HACER ERA PEDIRLO“.
La segunda es el supuesto “plante” de evidencia por parte del FBI, esgrimido para negar la naturaleza técnico-legal del proceso e intentar tirarlo, de nuevo, al ruedo de lo político. La idea que pretenden introducir en las mentes de las personas, sobre todo en las bases trumpistas —tan singulares que muchas veces mueven a espanto—, es que el Departamento de Justicia y los federales se han parcializado y actúan como oponentes demócratas y/o de la izquierda radical para colocar la cabeza del ex presidente en bandeja de plata y sacarlo del juego en las elecciones presidenciales de 2024.
Desde el principio mismo de la operación, Trump y sus abogados afirmaron que el FBI pudo haber colocado evidencia condenatoria durante los sucesos de Mar-a-Lago, declaración esgrimida sin ninguna prueba citando solo el hecho de que a una de sus letradas se le impidió observar el registro, como se sabe una práctica estándar en ese tipo de operaciones (“There was no way of knowing if what they took was legitimate, or was there a “plant?”). En numerosas declaraciones especularon, dentro y fuera de las redes, sobre lo que pudo haber hecho el FBI mientras nadie los miraba/fiscalizaba. Esta narrativa, muy peligrosa, puede actuar y de hecho actúa como gasolina de alto octanaje cuando penetra en esas bases, muchas veces proclives a la violencia, incluso la armada.
No es de extrañar entonces que desde el allanamiento a la fecha, el FBI haya venido advirtiendo un aumento de las amenazas, que discurren principalmente on line y en múltiples plataformas, incluidas redes sociales y distintos foros web. Lo mismo que ocurrió antes del asalto al Capitolio.
Ultiman en Ohio a hombre armado que trató de ingresar a las oficinas del FBI
Un boletín conjunto de los Departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) acaba de dar fe de “un aumento en las amenazas y los actos de violencia, incluidos los armados, contra las fuerzas del orden, el poder judicial y el personal del gobierno”:
El FBI y el DHS han observado un aumento en las amenazas violentas en las redes sociales contra funcionarios e instalaciones federales, incluida la amenaza de colocar una supuesta bomba sucia frente a la sede del FBI y la emisión de llamados generales a la “guerra civil” y a la “rebelión armada”. Muchas de estas amenazas incluyen referencias a la percepción de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas y otras afirmaciones de extralimitación del gobierno. Son narrativas que han movilizado [a los extremistas violentos domésticos] en el pasado para cometer actos de violencia contra las autoridades policiales y federales y los gobiernos estatales y locales.
La tercera, la descontextualización. El incidente de Mar-a-Lago no es sino consecuencia de un período de negociación previo entre las autoridades y el equipo de Trump para que este entregara documentos sustraídos al Gobierno Federal, proceso que se extendió durante largos meses. Uno de sus resultados fue la devolución a los Archivos Nacionales de 15 cajas de documentos en enero de 2022. Más recientemente ha trascendido que en junio pasado un abogado suyo firmó un documento ante las autoridades certificando que todos los materiales clasificados habían sido retirados de la mansión de Palm Beach. Pero un informante en el círculo interno del ex presidente estaba emitiendo desde Mar-a-Lago información en sentido contrario. Esto tuvo que haber sido, sin dudas, uno de los resortes fundamentales a la hora de autorizar la operación.
La cuarta y última (por ahora), tirar la pelota para la cancha de Obama. El jueves 11 de agosto Trump escribió en Truth Social. “¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos llevados de la Casa Blanca a Chicago por Barack Hussein Obama? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? Este acto estaba fuertemente en desacuerdo con NARA [National Archives and Records Administration, A.P.]. ¿Estarán irrumpiendo en la mansión de Obama en Martha’s Vineyard?”.
Un argumento suicida. La respuesta no se hizo esperar: “NARA movió aproximadamente 30 millones de páginas de registros no clasificados a una instalación de NARA en el área de Chicago, donde NARA los mantiene exclusivamente”, dijeron los archivos en un comunicado. “Además, NARA mantiene los registros presidenciales clasificados de Obama en una instalación de NARA en el área de Washington DC. Según lo exige la PRA, el ex presidente Obama no tiene control sobre dónde y cómo NARA almacena los registros presidenciales de su administración”.
A otro nivel, el de un segmento clase política afiliado al Partido Republicano, la incorporación/validación de la retórica trumpista constituye uno de los datos de la hora y remite inequívocamente a la polarización que hoy caracteriza a Estados Unidos. Siguiendo a Trump, en estos predios se ha llegado a acusar al FBI de ser una institución corrupta y a solicitar su desmantelamiento, como lo hizo un sector del Partido Demócrata con la policía después del asesinato de George Floyd. También han pedido someter a impeachment al secretario de Justicia, Merrick Garland, y equiparado al FBI con la Gestapo nazi.
Pero ese campo no es homogéneo. Por oposición, varios gobernadores republicanos se han venido distanciando de la “retórica escandalosa“ de sus correligionarios, en el Congreso y fuera de este. Digamos solo a modo de ejemplo que Larry Hogan, el gobernador de Maryland, un republicano moderado, describió los ataques de muchos miembros de su partido como “absurdos“ y “peligrosos“. Y que consideró “muy preocupantes” las comparaciones del FBI con la policía secreta de la Alemania nazi, socializadas entre otros por el senador de Florida Rick Scott. “Si el Partido Republicano va a apoyar a la aplicación de la ley, la aplicación de la ley incluye al FBI”, dijo Hutchinson. Y agregó: “Tenemos que dejar de juzgarlos. No hay duda de que los altos mandos del FBI han cometido errores, los cometen; también he visto acciones incorrectas. Pero no podemos decir que cada vez que entran y hacen esas búsquedas, no están haciendo su trabajo como agentes del orden”.
Por otro lado, republicanos de alto rango han permanecido callados ante la acción de Mar-a-Lago, esa que en efecto no tiene precedentes. Una manera de dar un tiempo a ver si el cántaro se rompe o no de tanto ir a la fuente, y de preservarse de cualquier posible daño político al apoyar violaciones de las leyes. La congresista republicana de Wyoming Liz Cheney, miembro del Comité de la Cámara que investiga la asonada del 6 de enero contra el Capitolio, ha condenado la retórica aludida. “Me ha avergonzado escuchar a miembros de mi partido atacar la integridad de los agentes del FBI involucrados en la reciente búsqueda en Mar-a-Lago”, escribió Cheney. “Son comentarios repugnantes que ponen en riesgo la vida de esos servidores públicos”.
Pero si Trump se llevó para su casa materiales de la Casa Blanca, incluyendo documentación nuclear, surge entonces la pregunta de por qué necesitaría tener en su poder esos papeles ultrasecretos después de dejar el cargo. Mantenerlos en un lugar no seguro, donde las personas pululan y donde serían potencialmente objeto de un servicio de inteligencia extranjero, le agrava todavía más el problema.
Continuará…
