AUGE es una empresa privada cubana de servicios corporativos. Su objetivo es servir a otras empresas para el desarrollo de sus negocios: abarca finanzas, marketing, comunicación y diseño. Comenzó esa actividad en 2014, integrada por trabajadores por cuenta propia, y desde principios de este año como empresa registrada en Cuba. Oniel Díaz, presidente de AUGE, habla para OnCuba respecto a progresos y peligros en el panorama de las pymes en Cuba.
Según sus experiencias en el campo de las pymes, ¿cuál es la principal actividad de la empresa privada en Cuba?
Las pymes se constituyen sobre la base de un objeto social —su cometido empresarial— con actividades económicas sin límite, pero una de ellas será considerada la principal.
Entre las actividades principales más representadas entre las nuevas pymes están los servicios constructivos y la manufactura de bienes. En esta última, se destacan la producción de alimentos y bebidas, materiales de construcción y productos textiles.
Medir estos nuevos actores solo por la actividad principal declarada en el momento de su constitución puede ser engañoso. En los próximos años se irá revelando el verdadero negocio principal de dichas empresas como resultado de la adaptación de sus actividades económicas a la realidad cubana y su comercio.
¿Existe un marco legal y un ámbito jurídico para dirimir conflictos tanto entre las empresas privadas como entre una empresa privada y una estatal?
Sí. En los últimos dos años las autoridades han emitido varias normas, que no solo implementan ese tipo de recurso, sino otros destinados a regular cuestiones como la existencia de socios, la protección de sus intereses y procesos de licitación, entre otros.
Pero se mantienen además regulaciones emitidas antes de la aparición de los actores privados, de las cuales pocos se acuerdan, pero que en ocasiones se convierten en serios obstáculos para el funcionamiento normal de la economía.
También afecta mucho el hábito mecánico en ciertas instituciones del Estado de querer aplicar a la empresa privada procedimientos y normas, que pueden ser adecuadas en lo estatal, pero no en las privadas.
Los cambios legales que nos trajeron hasta hoy han sido positivos, pero se necesita mayor integración y coherencia entre leyes, resoluciones, instituciones estatales encargadas de aplicarlas y empresas privadas.
¿Puede citar ejemplos de los obstáculos?
Se puede hacer una lista muy amplia. Pero para mencionar solo un área, señalaría los relacionados con la banca cubana. Porque, de manera general, los bancos comerciales en los que las pymes operan sus cuentas han replicado los procedimientos diseñados para las empresas estatales, sin analizar que no es lo mismo una empresa pública que una privada.
Las estatales deben estar sometidas a restricciones y controles adicionales, pues operan con dinero público; pero las privadas, más allá de los procedimientos bancarios estándares, necesitan mayor margen de maniobra y flexibilidad para disponer de sus recursos.
En muchas ocasiones el banco no facilita; complica. No se adapta a las necesidades de clientes tan particulares como pueden ser las pequeñas empresas. Se espera que sean estas las que se ajusten a los servicios bancarios. Si añadimos lo relacionado con la operatoria en MLC, el problema se hace mayor.
Ahora mismo vivimos una situación en la que se requieren divisas extranjeras para poder importar. No hay capacidad por parte de las instituciones bancarias para vender esas monedas; lo cual, mirado el contexto económico actual, es de cierta manera comprensible. Pero una norma nos impide recibir pagos en MLC de sucursales extranjeras y otras entidades radicadas en Cuba. De lo contrario, esa sería una vía legal y segura para acceder a las divisas.
¿Cómo es posible entender ese obstáculo cuando prácticamente casi todo el sistema de aprovisionamiento de los actores privados es en monedas extranjeras o MLC? Hay mucho que cambiar todavía y el tiempo apremia.
¿Qué lugar ocupan las empresas privadas en la actividad económica nacional? Tengo entendido que, el sector privado, incluidas cooperativas y trabajadores por cuenta propia emplea actualmente a 1,400,000 ciudadanos? ¿Cuál es su volumen de importación?
Es muy temprano para dar una valoración fundamentada; todavía no ha pasado un año de su implementación en Cuba.
La Constitución de la República le otorga un lugar complementario de la empresa estatal, pero la vida, más precisa que las declaraciones políticas, dirá la última palabra.
Por lo pronto, algunas cifras publicadas y la realidad que se va observando ofrecen indicios de que la empresa privada jugará un papel cada vez más importante en la economía nacional.
Hoy existen en Cuba más empresas privadas que estatales.
Hasta hoy, el sector no estatal le da empleo a más del 32 % de la fuerza laboral del país, y los actores privados han realizado actividades de comercio exterior por una cifra que ronda los 400 millones de dólares.
Recientemente se pudo comprobar una presencia saludable y dinámica en la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) de varias pymes que participaron como expositores, firmaron convenios y presentaron sus productos y servicios en el principal evento comercial del país.
¿Cuánto cuesta en erogaciones y tiempo fundar una empresa privada en Cuba? ¿AUGE presta el servicio de gestionar, en nombre del futuro propietario, una legalización?
Conformar y registrar una empresa privada en Cuba no es costoso. Las regulaciones vigentes no establecen cifras mínimas ni máximas para establecer el capital social de la empresa en creación; por tanto se puede hacer con el dinero del cual se disponga. Por su parte, las tasas a pagar para formalizar la entidad ante notario y registro mercantil son pequeñas.
Pero armar un emprendimiento necesita más recursos monetarios. Proveerse de equipos y materias primas es uno de nuestros principales dolores de cabeza, porque debe hacerse en una economía sumamente dependiente de las importaciones, con un desorden cambiario y afectada por una tremenda inflación. Esto eleva significativamente las necesidades financieras de los nuevos actores.
En AUGE hemos estado trabajando para apoyar a nuestros clientes al dar los primeros pasos para definirse, organizarse y comenzar a operar. Más que legalización (lo cual se hace directamente ante las instituciones públicas acreditadas para tales funciones), hacemos que para la empresa privada sea posible nacer y permanecer.
¿Puede una empresa privada en Cuba tener una cuenta en dólares para su desempeño?
Las empresas privadas y cualquier otro actor privado operan cuentas bancarias en Moneda Libremente Convertible (MLC) en las que pueden acreditar los ingresos que obtengan en monedas extranjeras por realizar ciertas operaciones, ejecutar gastos en entidades que trabajan con estas monedas o importar.
En los últimos meses, debido a la situación cambiaria que se vive en Cuba y a los atrasos de las instituciones bancarias estatales en el pago a proveedores, estas cuentas y sobre todo el MLC han perdido relevancia en el tráfico que realizan estos actores.
En lo referido a las importaciones, por ejemplo, se ha vuelto casi indispensable disponer de recursos financieros fuera de Cuba para pagarles directamente a los proveedores en sus cuentas en el extranjero.
¿Cuáles son otras dificultades que enfrenta una empresa privada en Cuba para su labor?
Las dificultades más grandes son aquellas derivadas de la situación económica del país: lidiar con la inflación; obtener divisas para cerrar sus ciclos; conectarse provechosamente con proveedores y retener el personal, que se debate constantemente entre moverse a plazas mejor remuneradas o emigrar.
Son problemas que para ser atenuados o solucionados requieren urgentemente cambios estructurales en nuestra economía.
Adicionaría los que normalmente se enfrentan cuando se comienza un emprendimiento en cualquier lugar del mundo: acceder a financiamiento; aprender a navegar en el entorno regulatorio; insertarse con rapidez en el mercado y disponer de información sólida para la toma de decisiones.
Como es una actividad reciente en Cuba, las regulaciones del Estado cubano pueden cambiar respecto a la autonomía y funcionamiento. ¿Se avizora algún cambio? ¿Qué consecuencias pueden tener estos cambios?
Creo que ese será un riesgo con el cual habrá que seguir lidiando. La realidad de Cuba viene de una forma de organizar y entender la economía donde el sector privado fue proscrito.
Desde 2010, esa visión ha ido cediendo progresivamente, pero perviven esos puntos de vista no solo dentro de ciertos lugares del Gobierno cubano, sino también en la sociedad. No los asumo como puntos de vista ilegítimos, pero me preocupa la falta de discusión abierta en los espacios públicos sobre el tema, porque sin ella seguiremos oscilando de un lado al otro en lo que al sector privado respecta.
Son recurrentes los episodios en los que, luego de abrir un espacio a las relaciones de mercado, después se esgrimen públicamente perjuicios que estas supuestamente implicarían, para cuestionar la apertura y echarla atrás.
Para mí fue muy llamativo que durante este año de trabajo lo que más tiempo nos llevó en AUGE no fue hablar sobre aspectos técnicos en la creación de una empresa, sino conversar sobre si la aparición de las pymes era reversible o no.
La suspicacia no es exagerada, porque se basa en experiencias pasadas, como lo fue el “Perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia” de 2017, que quiso congelar dicha trasformación, pero que fue dejada a un lado, afortunadamente, sin que hasta hoy se haya dado ninguna explicación de lo que sucedió.
Dados los tiempos que corren hoy en Cuba, cualquier modificación en términos de revertir parcialmente ciertos aspectos de las nuevas regulaciones para los actores privados será un error grandísimo en términos económicos y políticos. De la crisis que atravesamos no se sale sin confianza, estabilidad y predictibilidad.
El Estado cubano ha sido hasta ahora celoso del enriquecimiento privado en Cuba. ¿Cómo se encuentra dicho celo, descontando un enriquecimiento ilícito, reprensible en cualquier país? ¿Puede una empresa adquirir una propiedad inmobiliaria, para oficinas o almacenaje?
El enriquecimiento de unos pocos, las desigualdades, es parte esencial de la crítica que por más de sesenta años ha hecho la Revolución contra el capitalismo global. Es por tanto una de las críticas que se le hacen también al sector privado cubano. Por años ha sido así, no desaparecerá de un plumazo, pero el reconocimiento de los actores privados de los últimos años y su aparición, incluso en el texto constitucional aprobado en 2019, ha aclarado que la idea del “igualitarismo” que también se cultivó en Cuba es irreal y contraproducente.
Diez años de una inserción creciente del sector no estatal en la economía ha generado beneficios para una parte de la población, pero también ha profundizado desigualdades existentes y generado otras nuevas. De ello tenemos que ocuparnos todos, Gobierno y empresas, diseñando medidas aplicables y comprobando resultados, sin caer en discusiones retóricas y estériles que no hacen avanzar ni un milímetro la economía del país y tampoco cierran realmente las brechas de desigualdades.
¿Cuáles serían las posibles medidas regulatorias del Estado cubano que constituirían un paso atrás en la marcha de las empresas privadas? ¿Puede mencionarlas y decir cuáles serían las consecuencias?
En las últimas semanas hemos observado modificaciones, inusuales hasta ahora, en la tramitación de nuevas empresas.
Todo parece indicar que existen críticas dentro de algunas instituciones gubernamentales respecto a las actividades de comercialización privada; objetos sociales integrados por muchas actividades y la falta de conexión entre ellas.
Cualquier decisión que se ejecute hoy, por parte de los encargados de estos procesos, que vaya en la dirección de cuestionar las actividades de comercialización o de los objetos sociales amplios sería contrario a la ley vigente, que tiene poco más de un año de aplicación. Sería, además, perjudicial para la vida de estos nuevos actores y reforzaría las percepciones de inseguridad y desconfianza a las que me referí antes.
Esto ha coincidido, a su vez, con acciones indicadas por el Gobierno nacional para enfrentar ilegalidades, acaparamiento de mercancía y hechos de corrupción, en las que con frecuencia, por el lenguaje utilizado, se da la impresión de que fueran consustanciales y exclusivas del sector no estatal.
Este comportamiento siempre genera inspecciones y cuestionamientos, algunos de ellos sin claro respaldo legal, que agravan los problemas que se pretende resolver.
Mi reacción ha sido más un llamado a perseverar en los cambios, que una alarma por una “marcha atrás”, que no veo en la práctica y que es imposible ya.
Recientemente hemos visto planteamientos del primer ministro Manuel Marrero más precisos, aclarando que el plan de acción que mencionaba antes no es contra los actores privados sino contra la corrupción y las ilegalidades que se expresan como fenómeno en toda la economía, incluida la estatal.
Por nuestra parte, habrá que seguir discutiendo y alertando sobre cualquier titubeo en la aplicación de lo aprobado hace un año y, más importante aún, sobre temas pendientes en materia fiscal, laboral, bancaria y comercial que requieren ser resueltos.
