Las partes involucradas en el juicio contra el programa parole de la administración Biden, fijado para el tribunal federal de Victoria, Texas, el próximo 13 de junio, le pidieron al juez Drew Tripton aplazar la fecha.
El Gobierno lanzó este programa en enero pasado como parte de un conjunto de acciones dirigidas a disuadir los cruces ilegales por la frontera, uno de los problemas políticos y de seguridad más acuciantes de la actual hora estadounidense.
Los 21 fiscales generales de igual cantidad de estados gobernados por el Partido Republicano (los demandantes del caso) y el Departamento de Seguridad Nacional (los demandados) estuvieron de acuerdo en posponer para agosto la fecha de inicio del proceso.
Esta semana se supo que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los adalides republicanos contra el programa, estaba siendo sometido a un proceso de impeachment, el último de una serie de problemas legales que empezaron poco después de que fuera elegido por primera vez en 2014.
Desafiando el nuevo programa federal de parole: el juez Drew Tipton (II)
La Cámara en pleno de ese estado votó a favor de acusarlo de soborno, y acordó hacerle un juicio en el Senado a fines de este año para determinar su destino. Según la ley estatal, Paxton ahora está temporalmente suspendido de sus funciones como fiscal general.
El funcionario argumentaba, entre otras cosas, que el programa parole creaba “ilegalmente un camino de facto hacia la ciudadanía para cientos de miles de extranjeros“.
Los fiscales de esos estados republicanos, incluyendo la Florida, alegan además que el funcionamiento del programa está afectando a sus territorios, ya saturados en términos de servicios públicos.
Entre los 20 estados republicanos que piden el fin del parole se encuentran Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
Ante las dudas, la noticia es que las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos continuarán el procesamiento de los casos de parole. Recientemente se dio a conocer que están capacitadas para solucionar 1 000 casos diarios, 500 al azar y la otra mitad por orden cronológico, según se fueron presentando los formularios I-134A desde el pasado 6 de enero.
El programa tiene un límite de 30 000 visas mensuales para ciudadanos haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Hasta ahora, más de 1.5 millones de solicitudes han llegado a manos de las autoridades estadounidenses.
Alrededor de 380 mil casos de cubanos esperan atención, cantidad que se contrapone a los 29 mil que ya han viajado a Estados Unidos.
