Alfredo Prieto
Anticipar o comentar dictámenes o movidas de la Corte Suprema de Estados Unidos podría equivaler muchas veces a lidiar con los acertijos de la pitia del templo de Apolo. Se trata de un camino riesgoso y con espacios de sobra para cometer errores en los que incluso han caído expertos en Derecho Constitucional, profesores universitarios, fiscales y abogados de anclaje y talaje, al margen de sus respectivos signos políticos.
A ese empeño suelen dedicarse también corresponsalías o agencias de prensa con representación en Estados Unidos, a menudo desconociendo un ámbito lleno de códigos y antecedentes muy complejo.
Les siguen las redes sociales, donde por obra y gracia del acceso a la información figuran opiniones de hijos de vecino que lo mismo sientan cátedra sobre temas/problemas como la pandemia, el conflicto ruso-ucraniano, la inteligencia artificial o la inflación. Como lo resumió una vez Umberto Eco, los que antes “hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino”, ahora con en las redes sociales “tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel”.
Justamente por estos días, al calor de las dos apelaciones de Trump aceptadas por la Corte Suprema, en esos actores sociales han estado pululando al menos tres ideas sobre Trump, la Corte y los procesos legales que penden sobre el expresidente, el primero en más de 200 años de historia en ser llevado a los tribunales. Y nada menos que con 91 cargos criminales encima.
1
La primera es que la aceptación de la apelación de Trump por parte de la Corte Suprema (caso “inmunidad”, para abreviar) significa que se pronunciará a su favor, lo cual no es necesariamente cierto.
Para que la Corte Suprema tome una apelación se necesitan solo los votos de 4 de los 9 jueces que la integran. Al continuar posponiendo el caso, el máximo órgano judicial dejó establecido que no expresaba una opinión sobre los méritos de la apelación, y no anunció ninguna votación sobre su solicitud inicial de suspensión (requeriría 5 votos). Significa que la declaró discutible.
En este caso del fiscal especial Jack Smith, en el DC, Trump fue acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.
2
La segunda sostiene que Suprema aceptó el caso inmunidad porque sus magistrados conservadores se confabularon para ayudar a Trump a posponer el juicio.
De hecho, la Corte estableció un cronograma acelerado (fast track) para que los abogados de Trump y los fiscales de Smith presenten sus argumentos por escrito en un plazo de siete semanas (los argumentos orales se presentarán el 25 de abril). Por otro lado, la Corte Suprema cesa sus funciones en junio y antes de ese descanso suele liquidar todos sus asuntos.
Hay aquí, por lo menos, tres escenarios posibles:
- Si rechazan la apelación de Trump en mayo o junio y deciden que puede ser juzgado, los fiscales podrían reprogramar un juicio en unos dos meses, antes de las elecciones (noviembre).
- Podrían “sentarse sobre esa solicitud”, como se dice en el argot, durante mucho tiempo, sin tomar ninguna medida al respecto, impidiendo así de hecho que lo juzguen. Esto esta técnicamente entre sus atribuciones.
- Declarar, al final, que Trump es inmune.
Respondiendo a una apelación de los abogados de Trump, el 6 de febrero las tres juezas del tribunal federal de apelaciones de Washington D.C. (una republicana y dos demócratas) decidieron que el expresidente no era inmune al procesamiento penal. Estamos hablando del tribunal de más alto rango en el país después de Suprema. Sería cuando menos escandaloso pasar por encima de los elementos allí expuestos, sólidamente fundamentados con argumentos legales, constitucionales e históricos.
3
La tercera nos convida a aceptar, contra toda evidencia, que si los casos de Trump se encuentran en la Corte Suprema, esto paraliza el resto de los juicios que tiene por delante.
El de Nueva York, programado para el 23 de marzo (caso Stormy Daniels, para abreviar) va a durar alrededor de seis semanas y se habrá completado antes de que termine la primavera.
También está previsto que Trump sea juzgado a fines de mayo en Florida (por los documentos secretos robados de la Casa Blanca y por obstrucción de los intentos del Gobierno por recuperarlos). La jueza Aileen M. Cannon, una colombiano-cubano-estadounidense que supervisa el caso, designada por Trump en 2020, ha indicado que podría retrasar el procedimiento para dar más tiempo a los abogados a revisar documentos clasificados.
Algunos expertos legales han expresado su preocupación de que pueda ponerse del lado del equipo legal de Trump, lo cual ya ha ocurrido de hecho. Ahora los abogados argumentan que sería “injusto” llevar a Trump a juicio por mal manejo de documentos clasificados antes de las elecciones. El 1ro de marzo terminó una vista para examinar el tema. Aún la magistrada no ha anunciado su decisión.
El otro —las acusaciones en el condado de Fulton, Georgia, de haber conspirado con más de una docena de personas para subvertir los resultados de las elecciones de 2020— no tiene fecha de juicio fijada.
Ese proceso está estancado en medio de acusaciones de los abogados de Trump en el sentido de que una relación romántica entre la fiscal Fani Willis y su fiscal principal, Nathan Wade, lo ha contaminado. Los letrados la acusan de haberse beneficiado económicamente contratando al amante (“conflicto de intereses”).
El pasado 1ro de marzo terminó la audiencia en Georgia. En dos semanas se sabrá la decisión del juez.
Aquí se dirimen tres escenarios posibles:
- Si Willis es descalificada por el juez, un consejo no partidista tendría la responsabilidad de designar un nuevo fiscal para el proceso.
- Ese nuevo fiscal podría continuar presentando algunos o todos los cargos contra Trump —o abandonar el caso por completo.
- Si decidiera seguir el camino de Willis, el retraso en el cronograma disminuye la probabilidad de que Trump vaya a juicio antes de las elecciones de noviembre.
Abogados de Trump presionan para sacar a la fiscal Fani Willis de las acusaciones en Georgia
Ciertos medios y opiniones en redes sociales tienen razón al menos en un punto: cada retraso es una victoria para Trump, cuyos abogados aprovechan con oportunismo los códigos —y debilidades— del sistema judicial estadounidense. La táctica consiste en plantear argumentos legales absurdos en la apelación y luego utilizar el hecho de que esos argumentos se encuentran ante un tribunal de apelaciones para retrasar el juicio.
Trump tiene una poderosa razón para intentar dilatarlo todo al máximo posible: encuestas recientes han indicado que una condena o sentencia en contra del expresidente podría determinar que un gran número de republicanos no voten por él, sobre todo en estados clave. Una de ellas, implementada en enero pasado, arrojó que 53 % – 55 % del total de encuestados en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin así lo harían.
Si logra retrasar sus juicios lo suficiente, Trump podrá evitar ser condenado por un delito antes de que los votantes tengan que decidir en noviembre si debería ser presidente. Y si gana las elecciones, puede ordenarle al Departamento de Justicia retirar los procesos en su contra.
Algunos han repetido que Trump podría perdonarse a sí mismo, pero esa atribución no está suficientemente clara en la Constitución, según entendidos y expertos en Derecho Constitucional. De acuerdo con Jeffrey Crouch, profesor de American University, “la gran pregunta sin respuesta es si el presidente podría perdonarse a sí mismo. Ningún presidente lo ha intentado nunca, así que no sabemos cuál sería el resultado si se intentara”.
La Corte Suprema escucha argumentos orales acerca de la Enmienda 14 y Trump
Por último, pero no menos importante, el 8 de febrero los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos orales en Trump vs. Anderson (caso Enmienda 14, inciso 3; “insurrección”, para abreviar).
Trump apeló la decisión de la Corte Suprema de Colorado de excluirlo de la boleta. Los jueces de esa instancia argumentaron que no era elegible para la presidencia debido a su rol en el asalto al Capitolio 6 de enero.
A partir de las preguntas que hicieron los magistrados de la Suprema durante los argumentos orales, no era difícil inferir que fallarían a favor suyo basándose, entre otras cosas, en que los tribunales estatales no eran el foro adecuado para determinar si un candidato presidencial está o no descalificado para ser presidente. (La palabra “insurrección”, una de las claves del caso, apenas fue mencionada).
Y así fue, en efecto. El 4 de marzo sobrevino el fallo según el cual los estados no pueden eliminar a ningún funcionario federal de la boleta electoral sin que el Congreso apruebe primero una legislación. Decisión que, como se ha señalado, “vira al revés la cláusula de la insurrección” de la Enmienda 14, una de las llamadas “enmiendas de reconstrucción” formuladas inmediatamente después de la Guerra Civil y, que, como tal, es “autoejecutable”, es decir, aplicable sin necesidad de la aprobación del Congreso.
Pero hay que ir a los matices. Si bien el tribunal acordó unánimemente la movida, cuatro magistradas —incluida la conservadora Amy Coney Barrett— dijeron que la mayoría había ido demasiado lejos. Y las tres juezas liberales (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) acusaron a esa misma mayoría de “decidir cuestiones constitucionales novedosas para aislar a esta Corte y a [Trump] de futuras controversias”.
Ya se sabe que la Corte Suprema atraviesa un momento de crisis no solo por el conservadurismo de su mayoría, sino además por haber tomado decisiones ampliamente impopulares y contraproducentes (como la anulación de Roe vs. Wade) y por alegaciones de corrupción y partidarismo que recaen sobre uno de sus miembros más viejos y conspicuos (Clarence Thomas). La probabilidad de que la Corte, dominada por jueces conservadores —tres de ellos puestos por Trump—, actúe como apoyatura del populismo trumpista no es despreciable.
En 1857 una Corte Suprema de mayoría sureña dictaminó en el caso Dred Scott vs. Sandford que los negros no tenían derecho legal a presentar una demanda en un tribunal federal. En palabras de su entonces presidente, Roger Taney, la historia colonial y estadounidense demostraba que los estadounidenses negros “no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar”.
Es uno de sus estigmas históricos. A pesar de todas las arandelas legales y constitucionales que hay por el medio, encarado por esa Corte Suprema el caso inmunidad de Trump podría terminar en un nuevo déjà vu.
