Los beneficiarios del programa de parole humanitario instaurado por Joe Biden podrían perder su estatus legal en Estados Unidos y, en consecuencia, ser deportados de ese país.
Así lo confirmaron fuentes vinculadas con el tema, incluyendo un funcionario de la Administración Trump, citados por la agencia británica Reuters.
De acuerdo con el despacho noticioso, el Gobierno estadounidense “planea revocar la libertad condicional a unos 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tan pronto como este mes”, al tiempo que valora hacer lo mismo con unos 240 mil ucranianos beneficiados por Biden.
Los migrantes afectados por esta medida podrían enfrentar “procedimientos de deportación acelerados”, refiere Reuters, que asegura haber consultado un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El reporte y sus fuentes no aclaran qué sucedería con los beneficiarios de ese programa que ya han podido cambiar de estatus y cuentan con la residencia estadounidense, como es el caso de los cubanos que han podido acogerse a la Ley de Ajuste tras permanecer un año en el país.
Tampoco hacen referencia a los que estarían tramitando un nuevo estatus y cuyas solicitudes estarían en pausa, según trascendió el mes pasado a partir de un memorando gubernamental.
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Los ucranianos
Aunque no es primera vez que medios y fuentes gubernamentales hablan sobre el tema, la noticia volvió a saltar luego de que el propio presidente Trump se refiriera este jueves al caso específico de los ucranianos.
El mandatario aseguró a la prensa que decidiría pronto si revoca o no el estatus legal temporal de unos 240 mil ucranianos llegados a Estados Unidos por intermedio de la Administración Biden, luego de desatarse el conflicto entre Ucrania y Rusia.
“No buscamos hacerle daño a nadie, ciertamente no buscamos hacerles daño, y estoy analizando eso”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval cuando se le preguntó al respecto. “Hubo gente que pensó que eso era apropiado, y gente que no, y tomaré la decisión muy pronto”, añadió, citado por Reuters, que ya había informado previamente sobre esos planes.
Según el medio, esa medida no está relacionada directamente con la postura de Trump sobre la guerra en Ucrania y su reciente disputa con Zelenski en la Casa Blanca. Por el contrario, se inserta en plan gubernamental para despojar del estatus legal a más de 1,8 millones de inmigrantes llegados al país norteamericano por programas establecidos por la Administración Biden.
Antes de la declaración del mandatario este jueves y a raíz de las filtraciones y reportes sobre el tema en los medios, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, había asegurado que aún “no se ha tomado ninguna decisión en este momento”.
El Programa Parole y el CBP One: bases legales de dos víctimas del trumpismo
Los paroles de Biden y agenda antiinmigrantes de Trump
Desde su campaña electoral Trump prometió llevar adelante deportaciones masivas de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, y una vez de regreso a la Casa Blanca ha dado prioridad al tema migratorio dentro de su agitada y polémica agenda de Gobierno.
Ya en los primeros compases de su segundo mandato, el republicano había detenido el programa de parole humanitario para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, así como el uso de la aplicación CBP One.
También por esos días trascendió un memorando oficial, según el cual los funcionarios de inmigración podrían considerar la posibilidad de despojar del estatus legal temporal a los beneficiarios del parole humanitario y otros programas similares de la Administración Biden.
Más recientemente, un memorando interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración al que tuvo acceso la cadena de televisión CBS confirmó una pausa el procesamiento de las solicitudes de inmigrantes de América Latina y Ucrania llegados a través de esos programas.
La CBS ya había informado en febrero que la Administración Trump se preparaba para revocar el estatus legal de muchos de los migrantes beneficiarios del parole humanitario, según documentos internos del Gobierno revisados por la propia cadena.
Aunque los llegados a través de los programas de Biden disfrutan de un estatus legal temporal en Estados Unidos, Trump y otros funcionarios de su actual Gobierno han considerado como “ilegal” su presencia en territorio estadounidense. Y el propio presidente, durante su campaña, había dicho que de ganar las elecciones revocaría esos programas y deportaría a sus beneficiarios.
