Lidiando con una economía en decrecimiento, duramente golpeada por un evento meteorológico extremo, el Gobierno cubano aprobó nuevas disposiciones que permiten un mayor margen de maniobra a las mipymes y cooperativas no agropecuarias dedicadas a la producción y al comercio mayorista, al establecer reglas que amplían su relación con empresas estatales, actores económicos y otras entidades oficialmente reconocidas.
El tema más sensible de la más reciente reunión ordinaria del Consejo de Ministros, reseñada este lunes por el periódico Granma, fue presentado por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
La nueva normativa establece que las mipymes y cooperativas no agropecuarias que operen como mayoristas deberán mantener relaciones contractuales con empresas estatales, unidades presupuestadas, sociedades mercantiles de capital cubano, instituciones religiosas, asociaciones fraternales, misiones diplomáticas y otros actores autorizados por el gobierno.
Asimismo, se ratifica que los trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas con objeto social de producción podrán comercializar sus productos tanto de forma mayorista como minorista, un tema que ha estado en debate en los niveles decisores de la nación para permitir un mayor o menor grado de independencia comercial y financiera de los productores.
Igualmente, se autoriza la venta mayorista de materias primas y productos asociados a su actividad, pero bajo aprobación centralizada y condicionada a la estrategia de desarrollo territorial y nacional.
¿Y la resolución 56, qué?
La ministra Díaz Velázquez aseguró que estas medidas flexibilizan y ordenan las relaciones entre actores económicos, con el propósito de incrementar la producción y las ofertas de bienes y servicios, lo que debería contribuir a disminuir los precios para la población, víctima de una ola inflacionaria que solo disminuye, en su esfera oficial, en la velocidad de su incremento.
Aunque no se menciona, las nuevas disposiciones entierran definitivamente la varias veces aplazada Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior que obligaba a las empresas privadas con permiso para realizar comercio mayorista, a vender solamente a las estatales.
En marzo de este año, la disposición que entonces debió implementarse se aplazó hasta el 30 de septiembre, fecha en que nada sucedió, y había levantado una ola de críticas y cuestionamientos entre economistas y empresarios que referían un fuerte retroceso en las libertades comerciales del emergente sector privado y un cuello de botella en las cadenas de suministro.
La ministra Díaz Velázquez aseguró que las actuales medidas flexibilizan y ordenan las relaciones entre actores económicos, con el propósito de incrementar la producción y las ofertas de bienes y servicios, lo que debería contribuir a disminuir los precios para la población, víctima de una ola inflacionaria que solo disminuye, en su esfera oficial, en la velocidad de su incremento.
Consulta y alcance territorial
Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, dijo, por su parte, que el proceso de ordenamiento tuvo en cuenta las preocupaciones y sugerencias de representantes de mipymes y consejos municipales.
Según explicó, se evaluó el impacto de las empresas mayoristas en el abastecimiento de materias primas y en la producción industrial de alimentos y otros bienes.
El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, enfatizó que la norma es resultado de un proceso de consulta nacional y que no es prohibitiva, sino orientada a impulsar el comercio minorista a partir de una base mayorista regulada.
En el encuentro, que estuvo encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se aprobó el informe de ejecución del Presupuesto del Estado al cierre de octubre, presentado por la viceministra primera de Finanzas y Precios, Maritza Cruz García.
La recaudación de ingresos mostró un comportamiento positivo gracias a medidas tributarias y acciones de control fiscal, aunque persisten incumplimientos en gastos y subsidios vinculados a la producción, reconoció la funcionaria.
Cruz García admitió que si bien en octubre la ejecución del Presupuesto del Estado no tuvo un comportamiento superavitario, significó que varios meses del año lo han conseguido.
De acuerdo con la vicetitular de Finanzas y Precios, no se renuncia al propósito de concluir 2025 con un déficit inferior al aprobado, sin ofrecer detalles estadísticos comparativos.
Presupuesto y empresas con números rojos
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, calificó de positivo el resultado presupuestario en cuanto a estructura de ingresos y gastos, pero advirtió que no puede considerarse suficiente mientras existan empresas con pérdidas y subsidios incumplidos. En tal sentido, Granma no mostró tampoco estadísticas.
Subrayó la necesidad de redireccionar los gastos hacia actividades productivas y reforzar la eficiencia del sistema empresarial.
Marrero Cruz, por su parte, volvió a llamar la atención sobre la inejecución de actividades de impacto social, un fenómeno que se reitera este año, algunas atribuibles a limitaciones objetivas, pero otras relacionadas con la gestión municipal.
El jefe de gobierno insistió en que incrementar ingresos y buscar vías alternativas es esencial para reducir el déficit y alcanzar resultados superiores.
Descentralización con control estatal
El Consejo de Ministros aprobó además la política y el proyecto de Decreto sobre la descentralización de competencias y transferencia de recursos hacia los territorios. El objetivo declarado es fortalecer la institucionalidad municipal y consolidar un sistema de gestión local que fomente la participación popular, un empeño que se muestra por debajo de las expectativas y potencialidades.
Sin embargo, el proceso mantiene límites claros: no se descentralizan las competencias otorgadas directamente a los órganos de la administración central por la Constitución, y toda transferencia debe garantizar que las estructuras locales cuenten con recursos suficientes para cumplir sus funciones.
En la práctica, se trata de una descentralización condicionada y en términos muy calculados bajo supervisión estatal para que ningún territorio se tome atribuciones autonómicas por encima del poder central.
Población efectiva de Cuba es de poco más de 9 millones 700 mil personas
Retos en las comunidades, ordenamiento territorial y despoblamiento
La agenda incluyó también la evaluación del cumplimiento de la Ley 145 sobre ordenamiento territorial y urbano. El presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, General de División Raúl Omar Acosta Gregorich, reconoció que persisten ilegalidades urbanísticas y debilidades en la aplicación de los planes locales, lo que exige mayor rigor en la inspección y prevención.
En paralelo, el Ministerio del Interior presentó un informe sobre la atención a ciudadanos desvinculados del estudio y el trabajo en barrios conflictivos, que la narrativa oficial describe como zonas en transformación social, mientras la Oficina Nacional de Estadística e Información expuso proyecciones demográficas hasta 2050 que alertan sobre el decrecimiento de la población económicamente activa.
En 2025, Cuba cuenta con una población estimada de poco más de 9 millones 700 mil personas, de acuerdo con datos ofrecidos en febrero durante la revisión del programa de la dinámica demográfica del país.
Este comportamiento responde a varios factores: la baja fecundidad, que se mantiene por debajo del nivel de reemplazo, la emigración sostenida de jóvenes y profesionales, y el envejecimiento acelerado de la población.
Las proyecciones indican que hacia 2030 los adultos mayores podrían representar cerca del 30 % de la población, mientras que quienes están en edad laboral se reducirán en más de 100 mil personas.
