Por Pedro José Tocuyo
Hay preguntas que las civilizaciones no resuelven: solo reformulan. Cambian los actores, las ideologías o el recurso estratégico del momento, pero el problema permanece intacto. El siglo XX lo intentó con el petróleo, el cobre y el caucho. El XXI vuelve a intentarlo con las tierras raras. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo un país rico en recursos naturales convierte esa riqueza en autonomía real?
Ni el libre mercado ni las nacionalizaciones lograron alterar la división que mantiene a unos países como exportadores de materia prima y a otros como centros del procesamiento industrial y la manufactura avanzada.
El recurso que redefine el poder
Las tierras raras no son particularmente escasas. Lo extraordinario no es su abundancia geológica, sino su importancia estratégica: un grupo de hasta 17 elementos cuyas propiedades únicas los hacen difícilmente sustituibles en la tecnología que sostiene la economía contemporánea. Vehículos eléctricos, turbinas eólicas, satélites, sistemas de defensa y semiconductores dependen de ellas. Sin esos minerales, la transición energética deja de ser un proyecto viable y la superioridad tecnológica de las grandes potencias se vuelve vulnerable.
China entendió antes que nadie que el verdadero poder no estaba en extraer minerales, sino en dominar su procesamiento. Durante décadas construyó una política industrial que hoy le permite controlar el 60% de la producción mundial y el 90 % del refinado. No es una ventaja geológica: es infraestructura, subsidios y planificación estatal que Occidente externalizó durante años.
Cuando la confrontación comercial con Estados Unidos se intensificó en 2025, Beijing respondió restringiendo exportaciones de tierras raras. El mensaje fue preciso: la dependencia occidental reside también en la capacidad china de procesar estos materiales. La reacción estadounidense reveló algo más profundo que una política comercial: una estrategia de aseguramiento de recursos estratégicos aplicada con distintos métodos según el margen de negociación de cada país.
La doctrina y sus casos
El principio que organiza esa estrategia no es ideológico, es estructural: cuánto margen real de negociación posee el país que controla el recurso. Esa pregunta determina el método (acuerdo, condicionamiento o imposición), pero no el objetivo.
Ucrania fue uno de los primeros casos. En mayo de 2025, Washington y Kiev firmaron acuerdos vinculados a grafito, titanio, uranio y tierras raras. Parte de esas reservas se encuentra en regiones ocupadas desde la invasión rusa de 2022, lo que convierte la guerra en algo más que un conflicto territorial o civilizacional. Formalmente, la soberanía ucraniana permanece intacta. En la práctica, quedó subordinada a intereses vinculados al control de recursos críticos.
Venezuela representa la versión más extrema. Tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro, Washington anunció la entrada de empresas norteamericanas al Arco Minero del Orinoco, 111 mil kilómetros cuadrados con reservas de oro, coltán y minerales asociados a tierras raras.
Groenlandia es el caso que elimina la última coartada. Cuando el caso es Venezuela, el análisis puede invocar la dictadura. Cuando es Ucrania, puede invocar la excepcionalidad de la guerra. Groenlandia no permite ninguna de esas salidas: es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca, aliado formal de la OTAN y núcleo duro de Occidente. Aun así, Trump insistió en adquirirla o asegurar influencia estratégica sobre ella por sus reservas de tierras raras, uranio y su posición en un Ártico que el deshielo convierte en ruta estratégica. Cuando los minerales son suficientemente críticos, las alianzas formales resultan decorativas.
Brasil intentó una aproximación distinta. En la reciente reunión con Trump, llevó a la mesa algunas de las mayores reservas de tierras raras del mundo y fijó una condición: no quiere limitarse a exportar materia prima, sino desarrollar procesamiento y valor agregado dentro de sus fronteras. Lula habla de soberanía nacional. En las zonas de extracción, comunidades indígenas que viven sobre esos yacimientos llevan años exigiendo consulta previa.
La posición apunta en la dirección correcta, pero convertir esa aspiración en un proyecto sostenible exige infraestructura tecnológica, estabilidad política y planificación de largo plazo: tres condiciones difíciles de sostener simultáneamente.
Argentina, en contraste, avanzó hacia acuerdos con Washington con menor exigencia industrial y una apertura más acelerada al capital externo.
África y la memoria más larga
África conoce este dilema desde antes que nadie. El Congo concentra el 70 % de las reservas mundiales de cobalto, mineral indispensable para baterías eléctricas, y sigue siendo uno de los países más pobres del planeta. China amplió masivamente su presencia minera en África durante las últimas dos décadas. Antes lo hicieron Francia y otras potencias europeas mediante mecanismos distintos.
Lo que África demuestra con una claridad brutal es que cambiar de comprador no modifica el patrón: solo lo diversifica. Pasar de Francia a China, o de China a Estados Unidos, puede multiplicar las dependencias sin alterar el núcleo de la dependencia: quién domina la tecnología, el refinado y las cadenas de valor.
Los golpes militares recientes en el Sahel también deben leerse desde esa perspectiva. Detrás de la retórica soberanista existe una disputa concreta por quién asegura el acceso al uranio, el oro y el manganeso.
La encrucijada sin brújula
Aquí aparece el problema filosófico de fondo, y es más perturbador que la coyuntura. Sería tentador interpretar todo esto con las categorías heredadas: imperialismo, dependencia o neocolonialismo. Esas categorías todavía describen algo real. Pero ya no describen todo lo real, porque el mundo al que pertenecen dejó de existir.
China, el actor que domina el procesamiento global de tierras raras, es un Estado de partido único que combina planificación estatal con participación profunda en mercados globales y ha construido su hegemonía mineral mediante una política industrial difícil de encajar en las categorías ideológicas clásicas del siglo XX.
Estados Unidos, mientras tanto, subsidia industrias nacionales, condiciona soberanías aliadas y aplica la misma lógica de captura de recursos a Ucrania, Venezuela y Groenlandia sin distinción ideológica apreciable.
Ninguno cabe en el siglo XX. Lo que emerge son variantes de capitalismo de Estado competitivo disputándose el control de los nodos críticos de la economía global. En esa disputa, América Latina, Ucrania, el Congo y Groenlandia enfrentan la misma encrucijada que el siglo XX no resolvió, pero ahora sin las ideologías que al menos prometían una salida.
En el siglo XX todavía existían mapas ideológicos. La izquierda prometía nacionalizar e industrializar. La derecha, integrar y liberalizar. Ambos fracasaron en aspectos fundamentales, pero al menos ofrecían una dirección.
Hoy Brasil con Lula y Argentina con Milei improvisan dentro de la misma estructura que Prebisch describió hace setenta años, desde filosofías opuestas y sin una teoría realmente nueva. Eso es lo más perturbador. No la repetición del dilema. La repetición sin brújula.
La ventana y sus condiciones
Esto no es un argumento para el fatalismo. Los países con minerales críticos tienen hoy un poder de negociación real: Estados Unidos, China y Europa necesitan simultáneamente acceso seguro a esos recursos para sostener sus transiciones energéticas, tecnológicas y militares. Eso crea una ventana.
La disputa ya no solo reorganiza únicamente mercados o cadenas de suministro. También está transformando acuerdos comerciales y alianzas regionales en instrumentos de seguridad económica, coordinación industrial y acceso preferencial a recursos estratégicos. Pero convertir esa ventaja en autonomía duradera exige condiciones históricamente difíciles de coordinar: capacidad de refinado propio, inversión tecnológica sostenida, estabilidad institucional y cooperación regional entre países productores.
España enfrenta una variante del mismo dilema. Tiene en el Campo de Montiel uno de los mayores yacimientos de tierras raras de Europa, con potencial para cubrir el 60 % de la demanda continental durante una década, y Europa sigue importando el 80 % de las tierras raras que consume. La trampa del proveedor no tiene frontera geográfica ni nivel de desarrollo que la vuelva inmune.
La disputa por las tierras raras no está redefiniendo únicamente la geopolítica contemporánea. También está obligando a revisar una pregunta mucho más antigua: si los países que poseen los recursos indispensables para el siglo XXI podrán finalmente convertir esa riqueza en autonomía real. La diferencia esta vez es que ya lo sabemos de antemano. No podemos invocar la sorpresa.
Tierra rara sobre la mesa. La pregunta es cuánto tiempo más.
