Un intento de robo de las barandas protectoras del puente elevado localizado en la Autopista de Pinar del Río, a su paso por el municipio habanero de Marianao, fue detectado y frustrado en la madrugada del sábado por fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
En la operación también tuvo participación la Brigada de Patrullas de la DGPNR, según el reporte del periódico Tribuna de La Habana, a partir de la información suministrada por la PNR desde su perfil de Facebook Héroes de Azul en Cuba.
Según trascendió, cuatro ciudadanos fueron capturados en flagrante delito cuando sustraían, mediante el uso de la fuerza, las barandas del puente.
Dos de los implicados son naturales de la provincia de Santiago de Cuba, uno de Guantánamo y uno de La Habana. Todos cuentan con antecedentes penales y policiales por delitos graves como robo con fuerza, hurto de ganado vacuno, actividad económica ilícita y tenencia de arma blanca, de acuerdo con el reporte.
Las autoridades retuvieron un ómnibus con matrícula estatal, perteneciente a una empresa de transporte de trabajadores, que fue utilizado para cometer el hecho. También ocuparon los medios empleados para la sustracción.
Hasta el momento de la publicación, la PNR no había precisado si algún trabajador de la entidad está implicado en el hecho, pero si informó que todos los involucrados se encuentran bajo proceso de investigación para determinar su grado de responsabilidad.
Tampoco ha trascendido el valor de lo que se pretendía sustraer, ni la ubicación exacta del puente afectado.
La propiedad estatal como blanco
En Cuba no suelen publicarse de forma sistemática las estadísticas delictivas, por lo que las cifras que se encuentran disponibles en diferentes medios provienen de fuentes oficiales y de datos parciales de la Fiscalía.
Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una organización independiente que recopila reportes públicos, los robos fueron el delito más reportado en 2025 y se mantuvieron en el primer semestre de 2026, aunque con un ligero retroceso.
En su informe correspondiente a esa etapa, se expone que, mientras disminuyeron los robos de ganado y contra la propiedad privada, los dirigidos contra la propiedad estatal aumentaron de 140 a 158 (+12,9 %).
También indica que el 37,7 % de los robos con información disponible fue cometido en grupo, patrón que encaja con lo sucedido este sábado en Marianao.
Uno de los sectores más perjudicados en el sector estatal ha sido últimamente el de la infraestructura eléctrica.
Más de 460 procesos penales se iniciaron en Cuba por delitos contra el sistema eléctrico
En todo 2025 y principios del presente año, la Fiscalía realizó más de 460 investigaciones penales sobre delitos contra el sistema eléctrico, vinculados con hechos de sabotaje, daños, robo con fuerza y hurto. Más de 300 denuncias corresponden al robo de aceite dieléctrico de transformadores.
La crisis en el centro
El caso de las barandas tiene una lógica que se repite en todo el país. El metal de una protección vial, el aceite de un transformador o los paneles solares colocados por el Estado en alguna institución o parque fotovoltaico cuentan con un valor en el mercado informal que supera con creces el riesgo percibido por quienes se involucran en estos hechos.
En medio de la profunda crisis económica, marcada por una desenfrenada inflación y escasez de productos esenciales, materiales como estructuras ferrosas, entre muchos otros, se convierten en mercancía muy codiciada.
En un país donde el Estado es el máximo responsable de adquirir, custodiar, distribuir y ejecutar obras con estos recursos, este se convierte en el principal blanco de robos de este tipo y, por tanto, sobre el que recaen las mayores afectaciones económicas.
Debido a esta situación, el Estado ha impulsado sanciones más severas y otras medidas encaminadas a frenar la cadena de hechos delictivos que afectan los bienes de los que dispone para satisfacer las necesidades de la población.
En este contexto, y mientras la economía no ofrezca alternativas de ingreso y los servicios básicos no se estabilicen, es previsible que la presión sobre los bienes públicos persista.
