|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por Ana Sofía Cardenal Izquierdo, UOC – Universitat Oberta de Catalunya
Este 3 de noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones de medio mandato. Se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y de su resultado depende que los republicanos conserven la mayoría en ambas cámaras.
Esa mayoría ha dado a Trump un amplio margen de maniobra para aprobar nombramientos y medidas muy controvertidas. Es una concentración de poder que podría perder tras el 3 de noviembre.
Las elecciones plantean tres preguntas: 1) ¿Perderán los republicanos la mayoría? 2) Si la pierden, ¿debería interpretarse el resultado como un castigo a Trump y, más concretamente, a sus transgresiones de las normas democráticas? 3) Y, por último, ¿qué cambiaría entonces en los dos años de mandato que le quedan?
¿Perderán los republicanos la mayoría?
Los pronósticos coinciden en que es muy probable que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, donde los republicanos tienen hoy 53 de los 100 escaños, está mucho más reñido.
Los doce pronósticos publicados este mes por la revista PS: Political Science & Politics dan la Cámara a los demócratas, pero están divididos sobre el Senado. El modelo del estadístico Nate Silver concede a los demócratas un 93 % de probabilidades de ganar la Cámara y un 75 % de conseguir la mayoría en el Senado.
¿Un plebiscito sobre Trump?
Si los republicanos pierden, hay dos explicaciones que compiten con la lectura del resultado como un plebiscito contra Trump.
La primera es una regularidad: el partido del presidente casi siempre pierde escaños en las elecciones de medio mandato. Desde 1946 solo ha escapado a esa regla dos veces, en 1998 y 2002. En este sentido, una derrota republicana sería previsible. Esa pauta ya expresa un cierto castigo al presidente, pero no dice qué se castiga ni obliga a atribuirlo a las particularidades de Trump.
La segunda es que estas elecciones han estado tradicionalmente dominadas por dinámicas locales y estatales, con sus propios candidatos, temas y coaliciones, que no se dejan leer en clave nacional. Ambas explicaciones son compatibles: el partido del presidente suele perder, pero lo que se decide en cada distrito obedece a lógicas propias.
Sin embargo, la política estadounidense se ha transformado en los últimos años, sobre todo por la polarización. Esta ha elevado lo que está en juego en cada contienda, también en las de medio mandato, y ha ido de la mano de una creciente nacionalización del voto: cuanto mayor es la polarización, más pesa la identificación partidista y la política nacional en todas las contiendas, incluidas las locales.
Trump ha contribuido a esa polarización con un discurso que desacredita a las instituciones y a los árbitros neutrales y con medidas que transgreden normas democráticas. A ello se suma una presidencia muy personalista: en agosto, en un mitin en Carolina del Sur, Trump pidió a sus votantes que fueran a votar como si él estuviera en la papeleta.
Todo apunta, por tanto, a unas elecciones muy nacionalizadas. En una encuesta realizada en septiembre, el 69 % de los votantes registrados dice que el presidente será un factor en su voto: un 45 % votará en su contra y un 24 % a su favor.
Para siete de cada diez votantes, la elección se presenta en buena medida como un plebiscito sobre Trump. Para el 31 % restante pesarán otras consideraciones, probablemente el coste de la vida y sus condiciones materiales.
¿Un castigo a las transgresiones democráticas?
Para observadores y académicos, la pregunta más interesante es otra: ¿hasta qué punto podría interpretarse una derrota republicana como una sanción a las transgresiones de las normas democráticas? Una derrota sería compatible con esa lectura, pero también con un voto de castigo por la subida de los precios, los aranceles y el empeoramiento de las condiciones de vida.
La respuesta importa porque nos dice hasta qué punto los votantes pueden actuar como salvaguarda de la democracia: anteponiendo el respeto a las normas democráticas y castigando a quien las transgrede.
La evidencia disponible no invita al optimismo. Los votantes reconocen con facilidad las transgresiones del partido rival, pero mucho menos las del propio: el apoyo a medidas que erosionan las normas democráticas aumenta cuando gobierna el propio partido. Y aun cuando las reconocen, [muy pocos están dispuestos a castigar por ellas a un candidato de su partido]: un estudio estima que solo lo haría un 3,5% (https://doi.org/10.1017/S0003055420000052).
A esto se añade otro problema: cada bando culpa al otro del deterioro de la democracia. No es que la democracia no preocupe: el 73 % de los votantes dice que el futuro de la democracia será muy importante en su voto, entre ellos, el 69 % de los republicanos y el 85 % de los demócratas.
Pero unos y otros coinciden en que quien la amenaza es la otra parte. Un estudio reciente interpreta el retroceso democrático en sociedades tan polarizadas como la estadounidense como una especie de dilema del prisionero: si se cree que la otra parte está dispuesta a subvertir las reglas, subvertirlas se convierte en la mejor respuesta.
Tres mecanismos explicarían, pues, por qué a los votantes les cuesta coordinarse para castigar las transgresiones: no reconocerlas cuando las comete el propio partido; tolerarlas, porque peor sería que ganara el contrario; o temer que la otra parte las cometa primero. Con la evidencia disponible, es poco probable que una eventual derrota republicana pueda leerse como un ajuste de cuentas por el incumplimiento de las normas democráticas.
¿Qué cambiaría una derrota republicana?
Un Congreso demócrata no desharía las políticas ya aprobadas ni revertiría la agenda de Trump: el presidente conserva el veto, y superarlo exige dos tercios de ambas cámaras. Pero sí le pondría frenos.
El primero es legislativo y presupuestario: aprobar nuevas leyes sobre impuestos, inmigración o gasto exigiría negociar con la oposición, y lo mismo cada ley de financiación del Gobierno; el cierre del Gobierno de otoño de 2025, el más largo de la historia, da una idea de la conflictividad que cabe esperar.
El segundo es el control: con la mayoría en la Cámara, los demócratas presidirían las comisiones y podrían citar a altos cargos y exigir documentos. Podrían incluso iniciar un impeachment (un juicio político por causas graves), aunque la destitución requiere dos tercios del Senado y es muy improbable.
El tercero depende del Senado: si los demócratas lo ganan, podrían bloquear nombramientos de jueces y altos cargos, el terreno en el que la mayoría republicana más ha facilitado la concentración de poder.
Una derrota republicana, en suma, frenaría a Trump más que cambiar su rumbo, y ese freno importaría para la democracia aunque los votantes lo impusieran por otras razones. Pero que sirva además como sanción a sus transgresiones dependerá menos de los electores que de cómo lean el resultado los propios republicanos. Si lo interpretan como un castigo a esas transgresiones, tendrán incentivos para distanciarse de ellas. Si lo atribuyen a los precios, nada cambiará.
Ana Sofía Cardenal Izquierdo, Profesora de Ciencia Política, UOC – Universitat Oberta de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
