Con la publicación este miércoles del Decreto 127 el Gobierno cubano flexibiliza la gestión de las instituciones presupuestadas mediante normas jurídicas que buscan su “transformación integral” en función de una mayor eficiencia económica y social, apuntan medios cubanos.
Las nuevas disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial, buscan “implementar el redimensionamiento de la administración central del Estado”, así como “perfeccionar el funcionamiento de las unidades presupuestadas”, apunta una nota de Cubadebate.
Más de 2000 unidades presupuestadas
El alcance de la medida involucra a un total de “2443 unidades presupuestadas que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa en este sector”, según precisó la directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Berta Iris Rojas Gatorno.
El Decreto 127 sobre las instituciones presupuestadas y normas complementarias reafirman el enfoque conservador (no solo gradualista) del “perfeccionamiento”, pudiera tener un efecto modesto en la reducción del gasto, y asume como arquetipo la deficiente empresa estatal pic.twitter.com/GJvIO8KQ11
— Pedro Monreal (@pmmonreal) April 9, 2026
La normativa fue catalogada “de alto impacto” por Rojas Gatorno, quien agregó que “alcanza a todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales presupuestadas y administraciones locales del Poder Popular, así como a sus estructuras subordinadas y adscritas”.
Para economistas como Pedro Monreal, en tanto, el Decreto reafirma “el enfoque conservador (no solo gradualista) del “perfeccionamiento”, pudiera tener un efecto modesto en la reducción del gasto, y asume como arquetipo la deficiente empresa estatal”.
Personalidad jurídica
Subrayan las fuentes que “uno de los elementos más relevantes del Decreto 127 es que, por primera vez, se establece una definición jurídica para el sector presupuestado, al tiempo que se otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades, en correspondencia con la Constitución de la República”.
Asimismo, se reorganiza el proceso de creación, fusión, extinción y traspaso de unidades presupuestadas, que a partir de la entrada en vigor de la norma —30 días después de su publicación— será aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios.
El nuevo marco normativo concede mayores facultades a los jefes de organismos para la aprobación de actividades autofinanciadas, descentralizando una atribución que antes estaba concentrada en el Ministerio de Finanzas y Precios.
Entre los objetivos centrales, señala Cubadebate, está también “la reducción de cargos no vinculados directamente a la función específica de las entidades, así como el avance hacia una gestión más racional de los recursos humanos”.
Unidades presupuestadas con tratamiento especial
Las normas refuerzan el papel de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, a las que se les otorgan mayores niveles de autonomía financiera y de gestión y entre las que se encuentran estructuras de interés científico, económico y cultural.
Estas estructuras, entre las que hay entidades científicas, de interés agrícola o cultural, entre otras ramas, podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y disponer de ellas en función de su desarrollo, incluyendo reservas para responsabilidad social, vivienda o reaprovisionamiento.
También podrán determinar su sistema salarial y, en función de su desempeño, “incluso transitar hacia la condición de empresa estatal socialista”.
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El tratamiento no es aplicable a sectores de alto impacto social como la salud y la educación, sino a actividades que pueden autofinanciarse, como determinados registros y servicios especializados, apuntan las fuentes.
Las unidades presupuestadas con tratamiento especial que se autofinancien totalmente podrán diseñar su propia organización salarial, sin estar sujetas a la escala general vigente en el sector presupuestado.
En tanto, aquellas que no se autofinancien completamente podrán implementar sistemas de pago para todos sus trabajadores, eliminando restricciones anteriores que limitaban estos incentivos solo a quienes participaban directamente en la producción, apunta Cubadebate.
