Rui Ferreira
La pandemia de la COVID-19 se ha transformado en un problema tan serio que ha alarmado la Casa Blanca y a las autoridades de Florida y al condado Miami-Dade en particular.
Durante la última semana, el estado ha informado 39.311 nuevos casos y 344 muertes, incluyendo 9.547 nuevos enfermos y 30 fallecimienos en el condado Miami-Dade. A eso hay que sumarle que este miércoles Miami-Dade ha informado 3.723 casos el día anterior, para un total de 203.659 desde marzo, cuando se comenzaron a contar.
La advertencia del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la COVID-19 fue enviada de forma confidencial, pero se filtraron partes. El informe sostiene que Florida y Miami-Dade deben implementar “un plan agresivo” ante el repunte del coronavirus y que no se está haciendo lo necesario para combatirlo.
De hecho, pese a algunas medidas implementadas por el exalcalde del condado, Carlos Giménez, muchas no se están cumpliendo. La policía no parece estar tomando cartas en el asunto con acciones tales como controlar el funcionamiento de bares y restaurantes, gimnasios y parques públicos. Después de la reapertura de las escuelas se han reportado 302 casos de contaminaciones entre los estudiantes, sin que los planteles hayan tomado medidas. Un portavoz de la policía del condado no quiso discutir el asunto con OnCuba. Dijo: “no hay nada que comentar ahora” y que desconocía el contenido de la advertencia de la Casa Blanca. La oficina del gobernador Ron DeSantis tampoco se ha manifestado y sigue manteniendo que la policía no debe imponer multas a las personas sin máscaras protectoras, a pesar una orden del exalcalde Giménez.
De Santis sigue autorizando el acceso de clientes dentro de los restaurantes sin un límite cuantitativo. Aunque la orden es que estos tienen que funcionar al 50% de su capacidad, la mayoría no cumple con la medida. Hasta las tiendas comerciales han relajado su horario de apertura. Gran parte funcionan a tiempo completo, como si nada sucediera.
En septiembre, el gobernador dio a entender que no tenía la intención de hacer cumplir las órdenes de confinamiento, algo que según el analista Miguel Ascencio, tiene que ver con el ambiente electoral de entonces. “Al gobernador solo le interesa satisfacer al presidente Trump. Nada más. El presidente quería el país abierto, nada de cierres por proselitismo, proyectar la idea de que tenía la pandemia controlada. Pero no es cierto. El sur de Florida está peor que nunca”, afirmó.
“En Florida todos tienen derecho a trabajar, todos los negocios tienen derecho a operar. Gobiernos regionales pueden establecer regulaciones razonables, pero no se puede simplemente decir que no. No se puede decir que no, después de seis meses porque la gente tiene que vivir”, dijo DeSantis.
El representante estatal y republicano por el sur de Florida, Francis Rooney, dijo a la prensa local: “no entiendo qué está pasando [con las autoridades locales y estatales]. Creo que la transparencia y la franqueza son una buena manera de controlar los temores para asegurarse de que la gente comprenda la naturaleza del problema y se proteja”.
Por otro lado, este miércoles los parlamentarios de la legislatura estatal se dedicaron a polemizar sobre un proyecto de ley que promueve imponer límites a las demandas relacionadas con la pandemia, en particular en el área de los seguros de compensación a los trabajadores afectados por el cierre de los negocios.
En conferencias de prensa separadas, el presidente del Senado, Wilton Simpson, republicano por Trilby, y el de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, republicano por Palm Harbor, indicaron su apoyo a la legislación que protegería a las empresas de las demandas de sus trabajadores.
“Creo que todos estamos de acuerdo en que es un problema que debemos encontrar la mejor manera de resolverlo. Asegurando de que las personas que lo estaban haciendo de la manera correcta, tratando de hacer lo correcto para sus clientes y empleados, no se dejen sorprender por una demanda frívola, mientras se asegura de que si alguien está haciendo algo incorrecto, se les hace responsables”, dijo Sprowls, según el sitio The Capitolist.
Simpson predijo que la legislatura podría abordar rápidamente una propuesta de limitación de la demanda de la COVID-19 cuando se reúna durante la sesión legislativa de 2021, que comienza en marzo.
“Esa es, ciertamente, una opción viable y supongo que sucedería bastante temprano en la sesión”, dijo Simpson cuando se le preguntó sobre las limitaciones de la demanda. Sin embargo, expresó que no apoyaría una legislación que impida que las personas presenten demandas contra las llamadas empresas “esenciales”, que no estuvieron obligadas a cerrar, una idea defendida por un grupo que se hace llamar RESET Taskforce, compuesta por unos cuarenta cabilderos y representantes de asociaciones integradas en la asociación de industrias de Florida.
