Congresistas de Florida pidieron este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga el castigo contra cuatro líneas de crucero “por lucrar con el transporte de pasajeros a un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks por el Gobierno cubano”, al que pagaron 130 millones de dólares.
El republicano Mario Díaz-Balart lideró un amicus brief bipartidista para solicitar a la Corte aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a personas con “propiedades confiscadas por el régimen de Castro” demandar a empresas que “deliberadamente traficaron con esos bienes robados”.
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El congresista Mario Díaz-Balart, junto a legisladores bipartidistas, presentó un documento legal ante la Corte Suprema en el caso Havana Docks Corp contra Royal Caribbean.
➡El documento resalta la importancia del Título III… pic.twitter.com/MSWK35oIsg— Martí Noticias (@martinoticias) November 25, 2025
El caso se deriva de acusaciones contra las matrices de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC que, entre 2015 y 2019, presuntamente obtuvieron ganancias “mediante el uso de propiedad robada”, al transportar a casi 1 millón de turistas a los terrenos confiscados de Havana Docks en Cuba, donde atracaban sus barcos.
Las compañías de cruceros recibieron más de 1000 millones de dólares por dichos viajes, según información presentada ante tribunales inferiores que citó Díaz-Balart.
“El régimen en Cuba también obtuvo ganancias considerables mediante el uso de esa propiedad confiscada, ya que las líneas de cruceros declararon en documentos judiciales haber pagado al régimen más de 130 millones (de dólares) en tarifas e impuestos”, expuso el representante federal del sur de Florida en un comunicado.
El Supremo analizará el caso tras un fallo en diciembre de 2022 de una corte federal estadounidense que ordenó a las cuatro compañías pagar cerca de 440 millones de dólares por varias demandas que acusan a las navieras de hacer negocios con bienes expropiados en Cuba tras la revolución cubana en 1959, en este caso muelles.
La base legal es el Título III, que había permanecido sin efecto desde la promulgación de la Ley Helms-Burton o Libertad en 1996 hasta que el presidente Donald Trump, en su primer mandato (2017-2021), la activó en mayo de 2019 como parte de su política de presión hacia Cuba.
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Pero un tribunal federal de apelaciones con sede en Atlanta revirtió en 2024 la orden de la corte inferior con el argumento de que la concesión de la empresa de Havana Docks para usar el muelle en Cuba expiraba, de todos modos, en 2004.
Ahora, los legisladores de Florida, donde vive la mayor diáspora cubana en Estados Unidos, solicitan a la Corte Suprema que revierta este último fallo al implementar la Ley Helms-Burton, que no contempla este límite temporal.
“El Congreso de EE.UU. promulgó la Ley Libertad para responsabilizar al régimen cubano antiestadounidense por sus crímenes y asegurar que quienes fueron despojados de sus propiedades por el régimen de Castro cuenten con una vía legal para obtener justicia”, argumentó Díaz-Balart.
