La empresa estadounidense Airbnb, dedicada a promocionar alquileres turísticos alrededor del mundo, ha sido demandada por beneficiarse ilegalmente a través de su página web de una propiedad presuntamente confiscada por el Gobierno cubano en la década de los 60 sin pagar compensación a sus dueños.
Un reporte del diario El Nuevo Herald expone que sería esta la primera demanda que alega “tráfico” vinculado a negocios con una propiedad residencial en la isla. La demanda fue presentada este lunes en el tribunal del distrito central de Florida, con sede en Orlando.
En ella se argumenta que Airbnb se benefició de la publicidad de un alquiler en un edificio de seis departamentos ubicado en un barrio habanero, originalmente propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño.
Según la publicación, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó en 1970 la reclamación de Parreño sobre un tercio del terreno y el edificio, valorados en ese momento en 547,365.24 dólares.
Parreño, ciudadano estadounidense, murió en 1972. Javier García-Bengochea, su primo y administrador del patrimonio, es la persona que ahora presentó la demanda.
La parte supuestamente perjudicada expone que Airbnb continuó anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022, después de que se le hubiese notificado que estaba sujeta a un reclamo.
De esa forma, la empresa habría traficado con la propiedad “de manera consciente, voluntaria, intencional y continua”.
El mismo medio, en un artículo de enero de 2022, se había hecho eco del caso. En ese momento, la compañía dijo al Herald “que investigaría las acusaciones y tomaría medidas, incluida la eliminación del anuncio si se determinaba que violaba sus políticas”, lo que terminó sucediendo.
Agrega el reporte que Airbnb no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ante la nueva circunstancia.
Airbnb paga más de 91.000 dólares de multa a EEUU por negocios en Cuba
El pasado año la empresa aceptó la responsabilidad de no cumplir con todos los preceptos legales de Estados Unidos para trabajar en el mercado cubano, por lo cual convino pagar una multa de poco más de 91 mil dólares.
Una ventana abierta
García-Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano residente Jacksonville, presionó activamente al Congreso y a varias administraciones para hacer cumplir una disposición de la Ley Helms-Burton de 1996, también conocida como Ley Libertad, que permitiría demandar a empresas con negocios en Cuba por “traficar con propiedad confiscada”, precisa la información.
El derecho a demandar había sido suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde que se promulgó la ley por primera vez, pero fue restablecido durante la administración de Donald Trump.
Ese cambio de política propició una avalancha de demandas contra entidades gubernamentales estadounidenses, extranjeras y cubanas que hacían negocios con propiedades confiscadas, en su mayoría hoteles, minas, puertos, aeropuertos y terrenos, destaca el diario floridano.
Ordenan a compañías de cruceros pagar multa millonaria por uso de muelles en Cuba
La mayoría de los casos todavía están en litigio o en apelaciones, aunque a partir de uno de los litigios relacionados con el uso del puerto de La Habana, se ordenó a varias compañías de cruceros pagar más de 400 millones de dólares en compensación.
Airbnb comenzó a trabajar en Cuba en 2015, cuando mejoraron las relaciones entre ambas naciones mientras Barack Obama ocupaba la Casa Blanca.
