El Gobierno de EE.UU cerró la puerta al uso de los bancos de Cuba en las ventas de combustible al sector privado de la isla autorizadas por Washington.
La prohibición, en vigor desde su anuncio este miércoles por el Departamento de Comercio, va incluso más allá del combustible para abarcar para todas las operaciones que impliquen a los bancos de la isla permitidas hasta ahora por la Excepción de Licencia “Apoyo al Pueblo Cubano” (SCP).
De acuerdo con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), existen “problemas de larga data y bien documentados de desvío y cobro de comisiones asociadas a los bancos cubanos”, a los que define como “la base de la infraestructura financiera del régimen”.
Además, recuerda que varios de esos bancos están incluidos en la lista restringida del Departamento de Estado por estar vinculados a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o de seguridad de la isla, lo que refuerza la prohibición.
Tomando en cuenta lo anterior y “la necesidad de proteger los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos”, la BIS considera que existe un “riesgo inaceptable” de que las operaciones permitidas bajo la SCP y que involucren bancos cubanos beneficien a La Habana, algo que, sostiene, va en contra del propósito de dicha Excepción de Licencia.
No obstante, aclara que la prohibición no se aplica a operaciones en las que no participen las entidades bancarias de la isla —por ejemplo, cuando se usen bancos de terceros países u otros sistemas de pago—, ni a exportaciones que ya hubieran salido rumbo a Cuba antes de esa fecha, siempre que se complete antes del 3 de abril.
El sector privado en Cuba ya comenzó a importar combustible a la isla: una bocanada de aire
El caso del combustible
La comunicación de la BIS detalla cómo se puede utilizar la SCP para exportar combustible, gas y otros productos petroleros al sector privado y consumidores individuales en Cuba. El punto central es que, aunque las exportaciones de estos productos a la isla siguen requiriendo licencia en términos generales, en determinados casos pueden realizarse acogidas directamente a la SCP.
De acuerdo con la entidad gubernamental, existen dos grandes vías para ello:
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Exportaciones al sector privado para actividades económicas privadas: combustibles que se destinan a negocios privados cubanos, incluidos aquellos que atienden necesidades humanitarias (por ejemplo, transporte, generación eléctrica, servicios esenciales gestionados por privados), siempre que no terminen generando principalmente ingresos para el Estado ni sirvan a proyectos estatales.
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Exportaciones vendidas directamente a individuos para uso personal o familiar: venta de gas y productos petroleros a personas en Cuba para consumo propio o de su familia, incluso si el envío no va directo a nombre del comprador, mientras quede claro que son los usuarios finales.
En ambos casos, el combustible debe “deslindarse” claramente del aparato estatal: no puede terminar en entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior u otras instituciones incluidas en la lista restringida del Departamento de Estado.
La BIS advierte que son los propios exportadores y reexportadores quienes deben asegurarse de cumplir “todos los términos y condiciones aplicables” de la Excepción SCP, para evitar favorecer a los bancos y las autoridades cubanas y, con ello, incumplir con lo normado por Washington.
El objetivo declarado por EE.UU es apuntalar al sector privado y al consumidor individual de la isla, en lugar de servir de salvavidas al Estado cubano en medio de la muy difícil situación económica en el país, reforzada por las sanciones y el asedio petrolero impuesto por la Administración Trump.
Un escenario de crisis
La nueva decisión del Gobierno estadounidense llega en plena agudización de la crisis energética en Cuba. La isla ha visto interrumpidas las entregas de crudo y derivados desde Venezuela y México, mientras los cubanos sufren interminables apagones y otras penurias y la ya precaria economía se ve aún más lastrada por la falta de combustible.
En paralelo, Washington ha reconfigurado sus sanciones y licencias en el sector petrolero venezolano, abriendo espacio a la participación de empresas estadounidenses y extranjeras, pero manteniendo bajo presión cualquier suministro que tenga como destino el Estado cubano.
En ese escenario, la OFAC ya había enviado una señal al abrir una política de licencias “favorables” para la venta de petróleo venezolano al sector privado de la isla, al tiempo que reiteraba la exclusión del Gobierno y las entidades militares. Lo que hace ahora BIS es traducir ese enfoque al terreno del combustible y los productos petroleros de origen estadounidense —o sujetos a sus controles—, precisando bajo qué condiciones normativas pueden operar los exportadores.
Del lado cubano, el gobierno ha respondido con medidas parciales, como la autorización reciente para que las mipymes importen combustible para uso propio, pero manteniendo la prohibición de revenderlo y preservando el control estatal sobre la distribución masiva.
Eso crea un marco híbrido, según refieren analistas: el Estado sigue siendo el actor central del mercado energético, pero el discurso oficial reconoce, al menos en el plano regulatorio, que las empresas privadas pueden desempeñar un papel en su propio abastecimiento.
Oportunidades y retos de la importación descentralizada de combustible
Discursos y realidades
El reciente anuncio de la BIS es consistente con la narrativa política que el secretario de Estado Marco Rubio resumió al defender la venta de combustible a “un sector privado cubano muy pequeño”, al que Washington presenta como posible vector de una apertura económica.
La idea de “apoyar al pueblo” sin aliviar al Gobierno —ni, en particular, a las instituciones militares y de seguridad del país— ha estructurado tanto las nuevas licencias para el petróleo venezolano como las recientes aclaraciones sobre la SCP.
Desde Washington se envía ahora un mensaje mixto: la venta de combustible para las mipymes y los particulares cubanos en general es posible bajo ciertas condiciones, pero los bancos estatales de la isla deben quedar fuera del circuito.
En la práctica, esto significa que cualquier operación de exportación o reexportación de combustible que busque ampararse en la SCP tendrá que estructurar sus pagos a través de bancos en terceros países u otros mecanismos que no impliquen el depósito de divisas en entidades financieras de propiedad cubana.
Para el tejido de las pequeñas empresas y actores privados emergentes de la isla, el reto no será solo encontrar proveedores, sino disponer de la infraestructura financiera necesaria para operar fuera del sistema bancario de Cuba, al que las autoridades estadounidenses asumen como parte del aparato estatal y militar.
Al mismo tiempo, la precisión jurídica del Gobierno de EE.UU sobre el tema del combustible apunta a reducir la incertidumbre de los potenciales exportadores. Como ya había ocurrido con medidas anteriores, Washington opta por el camino de la aclaración normativa y del uso intensivo de excepciones de licencia antes que por un alivio generalizado de sanciones.
