Rui Ferreira
Los mayores empresarios de la industria azucarera de Estados Unidos, los hermanos cubanoamericanos José y Alfonso Fanjul, se anotaron una victoria en el mundo de las demandas por las nacionalizaciones en la Isla después de la revolución de 1959, al lograr que una empresa rival retirara una demanda por el supuesto uso de una propiedad nacionalizada para exportar azúcar al Reino Unido.
La empresa Francisco Sugar Company acusaba al conglomerado de los Fanjul, ASR Group Internacional INC, de haber violado la Ley Helms-Burton al comprar en 2016 azúcar de caña cultivada en los antiguos terrenos de la otra compañía y exportar ese azúcar desde el Puerto de Guayabal, en el oriente cubano, a la refinería que ASR tiene en Londres.
El documento puntualizaba que la empresa de los Fanjul “traficó ese azúcar con pleno conocimiento de que las tierras azucareras de Francisco y el Puerto de Guayabal habían sido confiscados por el Gobierno cubano en 1960”.
En su defensa, los demandados argumentaron que el destino final del azúcar en cuestión fue Perú y que los “registros públicos disponibles muestran claramente que el envío (…) fue comprado y entregado a otra compañía que no está afiliada de ninguna manera con ASR o la familia Fanjul”.
Es más, “si los abogados hubieran realizado la más mínima diligencia, como lo exigen las reglas éticas y de los tribunales federales, habrían sabido que su alegación de que ASR Group compró azúcar de Cuba era falsa”, señalaron.
“La familia Fanjul, como muchos cubanoamericanos, lo perdió todo como resultado del régimen de Castro. Acusar falsamente a la familia Fanjul o cualquiera de nuestras empresas afiliadas de violar el embargo con Cuba es ofensivo, más aún viniendo de compatriotas cubanos”, agregaron.
Este miércoles, los abogados de Francisco Sugar Company dieron marcha atrás y retiraron “voluntariamente” la demanda contra los Fanjul. “El demandante Industrias Francisco desestima voluntariamente sus reclamos contra ASR Group Internacional, Inc”, confirmó el abogado Javier A. López, en una carta enviada al distrito sur de Florida.
El proceso judicial fue presentado el 2 de mayo por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1899 en Nueva Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y cuyas tierras cultivables en Guayabal habían sido nacionalizadas tras la revolución liderada por Fidel Castro. Tras el retiro de la demanda, esta fue archivada.
Este tipo de demandas son posibles desde mayo de 2019, cuando el entonces presidente de EE.UU. Donald Trump activó el título III de la Ley Helms-Burton de 1996.
Bajo esta ley se logró recientemente el primer acuerdo de indemnización tras una de las demandas, que debe consolidarse en los próximos días. Una multinacional suiza de materiales de construcción acordó un pago, cuyo monto no fue divulgado, a los herederos de una familia cubana por una inversión en bienes nacionalizados por el gobierno de la Isla.
EEUU: primer acuerdo en demandas por uso de propiedades nacionalizadas en Cuba
La multinacional suiza LafargeHolcim aceptó resolver el caso pagando una indemnización a la familia Clafin, que la había demandado en una corte del sur de Florida en octubre de 2020 por hacer negocios utilizando bienes que les fueron expropiados en Cuba.
La Ley Helms-Burton permite demandas de estadounidenses y cubanoamericanos que quieran reclamar por el usufructo por parte de otras compañías de propiedades y bienes suyos nacionalizados.
Según el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba las autoridades estadounidenses habían certificado hasta 1996 cerca 5.910 casos de ciudadanos y empresas del país que podían acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero, además, detalla, que hay otros muchos más reclamos “no certificados” que se pudieran demandar. Entre las 37 demandas actuales, 12 son certificadas, como la de la familia Clafin, y 25 no lo son, y en total impactan a 15 países, en su mayoría europeos.
