Reconocer que muchas de las causas de las manifestaciones y disturbios que tuvieron lugar el 11 de julio a lo largo y ancho del país recaen fundamentalmente en un grupo de errores e insuficiencias del gobierno, como argumenté la semana pasada, no significa ignorar que la política de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia la Isla ha sido uno de los factores que ha pesado fuertemente en el deterioro de la situación económica y social del pueblo cubano. No se puede olvidar ni por un momento que ese conjunto de sanciones que en Cuba se conocen como “el bloqueo” lleva ya casi 60 años en vigor, ha sido reforzado criminalmente por la administración de Donald Trump durante la pandemia, y es mantenido intacto por la administración de Joe Biden, a pesar de sus promesas de campaña y de la aguda crítica a su predecesor.
Según reportó el 6 de septiembre pasado la cadena NBC, Biden se refirió al tema en los siguientes términos:
“‘Trataré de revertir las fracasadas políticas de Trump que han infligido daños a los cubanos y sus familias,’ dijo Biden, añadiendo que Trump ‘no ha hecho nada para adelantar la democracia y los derechos humanos; por el contrario, la represión del régimen contra los cubanos ha empeorado, no mejorado, bajo Trump.’”
Probablemente sea el bloqueo económico, comercial y financiero la política hacia Cuba que mayor continuidad ha tenido. Implantado por una Orden Ejecutiva de febrero del 1962 por el presidente John F. Kennedy, se venía pensando en él desde mucho antes. Por órdenes del presidente Dwight D. Eisenhower a fines de 1959 todo el aparato del estado norteamericano comenzó a trabajar en el desarrollo de una política multi carriles para derrocar al gobierno cubano. El riel económico de esa política tuvo el argumento desarrollado por el Vice Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, en un Memorandum dirigido a su superior, Roy Rubottom, el 6 de abril de 1960: “El único medio previsible para restarle (a Castro) el apoyo interno es a través del desencanto y la desilusión basada en insatisfacciones y limitaciones. . . . debemos tomar todas las medidas para debilitar la vida económica en Cuba . . . negarle fondos y suministros para que bajen los salarios y los ingresos y así producir hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.”
Esas medidas coercitivas unilaterales han sido reforzadas a lo largo de los años hasta llegar a este momento crítico, en plena pandemia. Los períodos de flexibilización han sido pocos, incompletos y de corta duración.
Ese Memorándum demuestra que el bloqueo es política punitiva dirigida contra el pueblo cubano. Lo de los derechos humanos o lo de que se impuso como respuesta por las nacionalizaciones son cuentos de caminos que no resisten el menor análisis de la documentación disponible ni del comportamiento de Estados Unidos con otros países que sí son contumaces violadores de derechos humanos. Si uno se atiene a lo que establece la Convención Internacional sobre el Genocidio, el Memorándum Mallory tiene insinuaciones de una política genocida. Su artículo 2c clasifica como una forma de genocidio el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.” Provocar el hambre ciertamente podría ser considerada como una forma de destrucción física parcial.
Pero hay dos elementos más que habría que apuntar. El bloqueo contra Cuba ha sido declarado ilegal por la comunidad internacional que, además, ha exigido su levantamiento incondicional, como lo demuestra que desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado en 19 ocasiones consecutivas a favor de una resolución cubana titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Este año, hace menos de un mes, esa votación fue de 185 a favor y 2 en contra. Hasta aliados de Estados Unidos que son críticos de la situación de los derechos humanos en Cuba han votado a favor de esta resolución.
Pero si existe un consenso a nivel de gobiernos sobre su ilegalidad y la exigencia de su levantamiento incondicional, algo similar se puede decir de la sociedad civil norteamericana e internacional. A pesar de la fuerte campaña mediática negativa que con alguna justificación, pero no sin exageraciones mendaces, ha caído sobre el gobierno cubano por el manejo de los acontecimientos del 11 de julio, dos importantes iniciativas no gubernamentales se han manifestado por estos días: Carlos Lazo ha continuado con su campaña “Puentes de Amor”, que se presentó en las inmediaciones de la Casa Blanca este fin de semana, y un significativo grupo de personalidades del mundo artístico y de la cultura a lo largo y ancho del mundo han publicado un manifiesto en el New York Times con el significativo título de Let Cuba Live.
Y no cabe duda de que la política de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, que ya llevan casi 60 años en vigor son una suerte de “guerra económica” contra una “plaza sitiada”, como argumentara Peter Beinart en el New York Times el 15 de febrero de este año en una columna titulada “La otra guerra permanente de Estados Unidos”. Beinart criticó las políticas de sanciones económicas en general, sobre todo contra países pequeños, afirmando que “Estados Unidos bloquea a adversarios más débiles, asfixiando su comercio con el exterior. Es el equivalente moderno de rodear una ciudad y hambrearla para someterla.”
Después de explicar por qué las sanciones por lo general no logran sus objetivos como son los casos de Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, Beinart las censura en los siguientes términos: “Los líderes norteamericanos prefieren castigar a poblaciones ya brutalizadas antes de admitir los límites del poderío estadounidense”.
Por supuesto, el gobierno de Washington ha rechazado los alegatos cubanos de que las manifestaciones fueron provocadas por el bloqueo y por campañas mediáticas provenientes de centros en Miami, pero lo cierto es que la administración de Joe Biden mantuvo las extremas sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump entre el 2017 y el 2021, 247 en total, incluso en plena pandemia, en una política de presión máxima que empobrece al pueblo cubano mientras acosa a su gobierno y no logra su objetivo confeso, el “cambio de régimen”.
Es evidente que se estaba fomentando una tormenta perfecta a 90 millas de las costas norteamericanas.
La reacción inicial del presidente estadounidense fue afirmar que Cuba era un “estado fallido” y que como castigo no restablecería el envío de remesas, una de las sanciones que Trump aplicó antes de abandonar el cargo y que el propio Biden prometiera revertir.
Sin embargo, apenas una semana después, la Casa Blanca anunció estar estudiando dos medidas que contradicen ese posicionamiento inicial. Anunció que se está estudiando el restablecimiento del envío de remesas y la reapertura de los servicios consulares en la Habana, cerrados por Trump en el 2017.
Como para contrarrestar las críticas de que estas medidas demuestran una posición débil respecto a Cuba, la administración anunció con bombos y platillos la aplicación de nuevas medidas coercitivas unilaterales individuales, de dudoso valor y efectividad. Incluyó en la política de sanciones a individuos conocida como Ley Global Magnitsky, al Ministro de la FAR, General Álvaro López Miera, y a la Brigada de Tropas Especiales del MININT.
Sin embargo, con las propuestas sobre remesas y reapertura de la sección consular en la Habana la administración reconoce tácitamente que las sanciones han contribuido a las tensiones sociales en la Isla. Otra cosa es si logran atravesar el “campo minado” del proceso de toma decisiones sobre Cuba en Washington y una difícil negociación con el gobierno cubano.
Como el propio presidente dijera durante la campaña, las sanciones exacerban la ya crítica situación cubana. Cabría preguntarse si sus asesores y él ya se han dado cuenta que provocar un estallido social incontrolable a 90 millas, no está en el interés nacional de Estados Unidos porque, entre otras, podría estimular la peligrosa idea de intervenir militarmente.
Estados Unidos hace rato que trata de retirarse de la interminable guerra en Afganistán. ¿Querrán probar qué pasaría en Cuba? Es una pregunta que podrían hacerse los jefes militares y otros dirigentes norteamericanos. Por lo pronto, Bob Menéndez, el Senador demócrata que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y una de las personas detrás de la política actual, ya se pronunció en contra. Pero desde Miami y en Washington hay voces que lo piden a gritos.
En todo caso, Joe Biden ha mostrado que no es Barack Obama en lo que a Cuba respecta. Pero eso es un síntoma de debilidad de su liderazgo, lo que puede tener repercusiones en América Latina y el Caribe, región en la que Cuba y las izquierdas que la apoyan siguen teniendo importancia, como lo han mostrado los recientes procesos políticos en México, Argentina y Bolivia.
Durante seis meses la administración estuvo posponiendo cumplir las promesas de campaña y quedó atrapada en el estrecho marco de la variante trumpista de la política republicana hacia Cuba, que está basada en una ilusión: mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales extremas se logrará el ansiado “cambio de régimen”. Los acontecimientos en el terreno y las decisiones y propuestas de otros actores la han puesto a la defensiva.
El resultado neto es que muy probablemente durante los próximos tres años se mantendrán sanciones contra Cuba que empobrecerán aún más al pueblo cubano y acosarán a su gobierno, que tendrá que convencerse, si no se ha convencido ya, que sólo una política económica eficaz que fomente el desarrollo de las fuerzas productivas podrá sacar al país de su actual crisis.