Rui FerreiraEste miércoles, al final de la sesión legislativa del día, la Cámara de Representantes de Florida, aprobó por unanimidad una proclama no tiene ningún efecto práctico, no sirve para nada, salvo por el hecho de que estamos en año de elecciones de medio término.
La proclama en cuestión pide al presidente Joe Biden que ponga presión sobre Naciones Unidas para que la entidad multinacional emita una condena al gobierno de La Habana. Los legisladores pretenden que ello genere una serie de sanciones parecidas a las tomadas hace un par de décadas contra Corea del Norte. Pero la política exterior de EE.UU. es una prerrogativa federal, no de los estados.
Aparentemente ningún congresista estatal de Florida parece saber que hace décadas que Naciones Unidas condena anualmente el embargo estadounidense a la Isla, con escasos votos en contra, casi siempre de Estados Unidos e Israel. Además, tampoco parece tener en cuenta que ahora mismo la crisis ucraniana está copando la atención del Consejo de Seguridad.
Pero este año hay elecciones legislativas en noviembre, y a uno de los congresistas novatos, el republicano Tom Fabricio, cubanoamericano electo por el sur de Florida, se le ocurrió presentar la proclama quizá –en estas cosas la verdad nunca puede saberse con certeza– con el objetivo de animar la campaña y convencer al electorado a reelegirlo.
“Esta proclama muestra que estamos comprometidos con la libertad de Cuba y siempre apoyaremos su lucha por una verdadera democracia”, dijo el legislador a sus pares. El documento fue presentado teniendo como telón de fondo los arrestos y juicios contra las personas que el verano pasado salieron a las calles a protestar contra el gobierno.
Su colega el demócrata Joe Geller apoyó la propuesta de Fabricio e instó a los demás legisladores a hacer lo mismo. “Durante muchos años el sufrido pueblo de Cuba ha estado bajo el yugo de una dictadura brutal”, afirmó, utilizando la retórica usual de los sectores políticos de la Florida contrarios al gobierno cubano.
La proclama subirá ahora al Senado estatal, un proceso que puede tardar varios meses.
