Lucía Rojas
La política del parole humanitario tiene solo seis meses y ya anuncia tormenta. Lo que comenzó como un día soleado y acogido con júbilo por miles de familias en las dos orillas, muy pronto se tornó gris con el intento de imputación del programa por parte de 20 estados de la Unión; la lluvia de críticas al procesamiento de los casos por parte de los solicitantes; y la notable acumulación de solicitudes en manos de las autoridades migratorias.
En octubre de 2021 el programa de parole humanitario fue aprobado para los venezolanos. En enero de 2023 fue extendido a Cuba, Nicaragua y Haití. Como política fue instituido para responder a la caótica situación de la frontera sur de Estados Unidos. En tal sentido, su objetivo era calmar las aguas y disuadir a potenciales migrantes irregulares de intentar llegar por vías ilegales al país. También germinó en ellos el sueño de una entrada legal. Tanto autoridades como cifras demuestran que la política ha conseguido amainar la avalancha en la frontera.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) solo en septiembre de 2022 se cuantificaron 182 704 encuentros en frontera. El 42 % (77 302) eran nacionales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El número significó un aumento del 245 % respecto a septiembre de 2021.
En enero de 2023, los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en la frontera sur descendieron de una media diaria de 1 231. Así se cuantificaban el día 5 —antes del anuncio de la política— a solo 59 el 31 del mismo mes: un descenso del 95 % en poco más de tres semanas.
La suerte anunciada
Las autoridades fronterizas adjudican a la implementación del programa el descenso en el número de migrantes irregulares procedentes de los cuatro países beneficiados, que se ha comprobado desde enero hasta la fecha.
En el caso específico de Cuba, en enero de 2023 —primer mes del programa— fueron encontrados en la frontera sur un total de 6 175 de sus nacionales. Solo un mes antes, en diciembre de 2022, los números alcanzaban los 42 183. La disminución estadística entre un mes y otro fue de un 85 %.
A lo largo del año fiscal 2022 (1ro de octubre de 2021-30 de septiembre 2022), que registró cifras récord de migración en la línea fronteriza sur de Estados Unidos, 220 607 cubanos fueron hallados en su intento por entrar de forma irregular a ese país. El número superó a todas las estadísticas anuales precedentes, incluidas las olas migratorias de 1980 y 1994. En la primera de ellas, con la apertura del puerto del Mariel salieron de Cuba alrededor de 125 mil migrantes entre abril y octubre de 1980. En la segunda, conocida como “crisis de los balseros”, emigraron unos 35 mil en unas cinco semanas (verano de 1994).
De acuerdo con números revelados por CBP al cierre de mayo de 2023, solo 907 cubanos fueron interceptados en la frontera sur ese mes.
Las ventajas de la política de parole humanitario son indiscutibles. Se trata de un método de entrada al país, si bien más selectivo y reducido, también legal, sin más costo inicial que el del pasaje de avión. Permite al beneficiado ser elegible para un permiso temporal de residencia y trabajo por dos años, siempre que tenga un patrocinador.
Cubanos en tiempos de “parol”: la nueva experiencia migratoria insular
Por otro lado, no es prometedora la suerte anunciada para quienes no se sirvan de las “nuevas vías” migratorias. Según fue informado, “los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua” que “intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer un fundamento legal para permanecer”, serán deportados a Cuba o retornados a México, país que acordó acoger a 30 mil personas por mes para que residan en ese país. Además, quienes sean devueltos no podrán aplicar al programa de parole hasta pasados cinco años de su deportación.
En tal sentido, acogerse a este beneficio migratorio parece la mejor de las opciones posibles. Pero hay elementos que atentan contra el éxito de lo previsto.
Promesas por cumplir
La avalancha de cientos de miles de solicitudes de patrocinio en favor de aspirantes de los cuatro países beneficiados ha superado con creces el número de aprobaciones previstas por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés); o sea, solo 30 mil mensuales repartidas entre personas de las cuatro naciones incluidas en el programa. Al cierre de mayo, Estados Unidos acumulaba más de 1,5 millones de solicitudes de patrocinio.
Mientras el número de solicitudes se acumula, la cantidad de aprobados no cumple lo prometido. De los 30 mil cupos reservados en teoría, datos ofrecidos por la CBP al cierre de enero evidencian que solo un total de 11 637 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fueron beneficiados con el permiso de viaje ese mes. Cifras posteriores se acercan más al total mensual; pero no lo alcanzan.
Tampoco puede hablarse de un equilibrio en la asignación de los permisos por país. Al cierre de junio de 2023, los números más actualizados mostraban a unos 28 mil cubanos beneficiados; cifra inferior a la de venezolanos (51 mil ) y haitianos (unos 40 mil), y solo mayor que la de nicaragüenses (23 mil).
De acuerdo con declaraciones de Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en entrevista reciente con América TeVé, las diferencias se han debido a que “la demanda de la comunidad haitiana fue muy fuerte en los primeros meses”.
A finales de abril, informes del Departamento de Seguridad Nacional respaldaban la revisión de más de 580 mil casos pendientes de haitianos, más de 380 mil de cubanos, casi 120 mil de venezolanos y más de 20 mil de nicaragüenses.
Desde la implementación del programa, nunca se esclareció si la distribución de estos permisos de viaje se haría de forma equitativa entre los países incluidos. Sin embargo, se presumió un otorgamiento más equilibrado de los cupos.
Donde se trabó el paraguas
El proceso de gestión de las aplicaciones y el tiempo de espera que parece tornarse indefinido acumulan las mayores insatisfacciones entre los aplicantes. De hecho, la percepción de la mayoría de los que aguardan por una respuesta a sus casos es que la evaluación de las solicitudes se ha ralentizado o casi detenido. A estas alturas, casos de los primeros días de enero esperan resolución.
Ante la creciente incertidumbre, la manifiesta insatisfacción de los interesados y el alud de críticas, desde el 17 de mayo USCIS implementó una actualización del método de revisión. Desde esa fecha comenzaron a analizarse la mitad de las peticiones mensuales según el momento de presentación del caso —lo que prioriza los más antiguos; y la otra mitad se selecciona de forma aleatoria.
Sin duda la magnitud del número de solicitudes acumuladas en manos de USCIS, y la tensión que ello descarga sobre las capacidades de procesamiento de la entidad traen aparejada la indefinición de los tiempos de espera.
El cambio en los métodos es un intento —cuyo éxito está por verificarse— de aliviar un torrente que se desborda. Lo cierto es que la persistencia de la situación bien podría poner en peligro el objetivo de la Administración Biden de contener los cruces fronterizos.
En nombre de su gobierno, Núñez-Neto aseguró que todas las solicitudes en favor de ciudadanos de los países beneficiarios serán procesadas. Pero los tiempos de espera siguen siendo una pregunta sin respuesta.
Tormenta avisada
Sobre la política del parole, que ya lidia con bastante a lo interno, se ciernen otras nubes negras. Pesa una demanda contra este beneficio migratorio desde el 24 de enero; se espera un juicio que determinará su destino.
Los gobiernos de 20 estados buscan ante el Tribunal Federal de Texas la detención del programa. El argumento: que el presidente del país no está facultado por ley para crear un programa de visados que debería contar con la anuencia del Congreso.
El 24 de agosto es la fecha más reciente dispuesta por un juez federal para la celebración del juicio. No obstante, en palabras del abogado de inmigración José Guerrero, puede esperarse una decisión final mucho después del 29 de septiembre. Hasta entonces tienen tiempo las partes para aportar información sobre sus casos.
La posposición del proceso concede un respiro temporal tanto a quienes esperan una respuesta a sus peticiones, como a quienes desean enviar solicitudes nuevas.
Hasta la fecha del juicio, no obstante, la incertidumbre será compartida. Y aunque todos los implicados aguardan una desestimación del reclamo, nadie desconoce que el resultado final podría ser un fallo a favor de los demandantes. Este escenario implicaría una suspensión temporal inmediata del programa hasta tanto se determine su legalidad.
La eliminación de la política volvería a sumir en el caos la frontera sur. Echaría por tierra los esfuerzos de orden migratorio que encierra el beneficio del parole. Mientras la anulación no se implemente, la tormenta no va a desatarse, pero ya amenaza.
