Cuba presentará nuevamente este 27 y 28 de octubre el proyecto de resolución ante la ONU que exige el fin del embargo de EE. UU., en medio de una de las peores crisis de la isla y durante un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington.
Esta votación será la número 34 que La Habana impulsa ante el organismo multinacional y coincide con denuncias de presiones de EE. UU. a los Estados miembros para influir en el sufragio.
¿Embargo o bloqueo?
La medida entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba un embargo comercial y financiero de Washington contra Cuba.
La Habana considera que “constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos” y ha declarado que se trata de un “bloqueo” pues “persigue el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba”.
Estados Unidos mantiene el calificativo de “embargo” según su categoría jurídica debido a que supone una prohibición al comercio con la isla, que el Gobierno estadounidense extiende a terceros países.
Naciones Unidas las considera como medidas coercitivas unilaterales.
Una votación histórica en un foro no vinculante
La resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” ha recibido desde 1992 el apoyo en la ONU de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, de entre 165 y 189 países.
Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones. La única excepción ocurrió en 2016, en coincidencia con el acercamiento impulsado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama, cuando ambos países se abstuvieron por primera vez tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Sin embargo, pese al mayoritario apoyo internacional, las resoluciones aprobadas en la Asamblea General de la ONU carecen de carácter vinculante e impositivo para los Estados miembros.
Costo récord
El informe que Cuba defenderá en Nueva York esta semana refleja un impacto económico del embargo de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord según los datos oficiales, que sitúan en más de 178.700 millones de dólares las pérdidas acumuladas en la isla a lo largo de seis décadas.
El debate este año estará condicionado, además, por el bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, que interrumpió los suministros petroleros a la nación caribeña y ha agudizado la escasez de combustible derivada en prolongados apagones y la falta de servicios públicos como el suministro de agua potable.
La ONU la ha calificado como una medida contraria al Derecho Internacional y expertos del organismo han instado a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”.
Tensión constante
Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026, pese a que ambos gobiernos reconocieron en marzo pasado que estaban sosteniendo contactos de alto nivel, aunque no han arrojado resultados tangibles, al menos a la luz pública.
La segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Diéguez, declaró a EFE que desde la isla no ven “un progreso hacia un diálogo serio” con la Administración de Donald Trump.
El pulso se ha elevado en las semanas previas a la votación en la ONU después de que Washington organizara un acto con opositores cubanos para denunciar los abusos de derechos humanos en la isla.
Por su parte, La Habana señaló que EE. UU. ha ejercido “presiones extremas e inéditas” de “coerción y chantaje” a varios países miembros de la ONU para cambiar los votos en el debate de la Asamblea General.
Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. El endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.
