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El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, una de las figuras centrales de la acusación penal presentada por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, renunció este viernes a su cargo, en medio de una tempestad de salidas y tensiones internas que afectan al Departamento de Justicia.
“Presenté mi renuncia al presidente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, efectiva a partir de hoy”, escribió Reding Quiñones en la red social X, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de su decisión, reportó la agencia española EFE.
El funcionario, de 44 años, agradeció a Trump por la confianza depositada en él y calificó su nombramiento como “un privilegio único en la vida”.
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, también reconoció su labor y destacó su participación en investigaciones contra el crimen violento, el narcotráfico, la trata de personas y las organizaciones criminales transnacionales, incluida la acusación contra Raúl Castro.
La dimisión se produce en un contexto de cambios en puestos clave del Departamento de Justicia, que también registró este viernes las salidas de John Eisenberg, responsable de la División de Seguridad Nacional, y Harmeet Dhillon, al frente de la División de Derechos Civiles.
La acusación contra Raúl Castro
Reding Quiñones encabezó la supervisión de la investigación que desembocó en los cargos criminales contra el expresidente cubano, de 95 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996.
En el incidente murieron cuatro pilotos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno residente en Estados Unidos. La acusación fue presentada públicamente el 20 de mayo en la Torre de la Libertad de Miami, un lugar emblemático para el exilio cubano, en un acto que congregó a cientos de personas.
La Fiscalía atribuye a Castro y a otros militares cubanos presunta participación en los hechos, que provocaron una profunda crisis entre Washington y La Habana. La acusación incluyó una orden de arresto contra el exmandatario, quien permanece en Cuba.
El proceso judicial se produjo en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, con nuevas restricciones económicas y energéticas que han agravado la crisis de abastecimiento y los prolongados apagones.
Investigaciones políticas sin avances significativos
Otro de los asuntos que marcaron la gestión de Reding Quiñones fue la supervisión de una investigación impulsada por Trump sobre una supuesta conspiración de funcionarios y antiguos responsables de la Administración de Barack Obama para impedir su llegada al poder.
La pesquisa, vinculada a las denuncias republicanas sobre el llamado Estado profundo o Deep State, buscaba examinar el origen y desarrollo de investigaciones de inteligencia y procedimientos judiciales relacionados con Trump.
Entre las figuras bajo escrutinio figuraba el exdirector de la CIA John Brennan, uno de los críticos más duros del actual presidente. Sin embargo, las indagaciones no consiguieron avances significativos y afrontaron discrepancias entre los fiscales asignados.
Según informaciones publicadas por medios estadounidenses, un fiscal de carrera que supervisó parte del expediente consideró que no existían pruebas suficientes para sustentar cargos penales contra Brennan. Posteriormente, otros funcionarios asumieron responsabilidades en la investigación, entre ellos aliados políticos y jurídicos de Trump.
Reding Quiñones es al menos el tercer fiscal federal que abandona una investigación relacionada con esa supuesta conspiración, un proceso que ha generado controversia por las dudas sobre su fundamento y por las presiones políticas que, según distintas fuentes, habrían rodeado su desarrollo.
Malestar y salidas en la fiscalía de Miami
La gestión del ahora exfiscal también estuvo marcada por tensiones internas en una de las oficinas federales más importantes del país, responsable de investigaciones de narcotráfico, corrupción, crimen organizado y delitos financieros.
De acuerdo con versiones recogidas por The New York Times, varios funcionarios expresaron frustración por la falta de resultados en las investigaciones de carácter político y por la conducción administrativa de la fiscalía.
Las discrepancias incluyeron cuestionamientos a decisiones internas y a la manera en que se distribuían las responsabilidades en los expedientes más sensibles. Algunas investigaciones habrían pasado a manos de funcionarios de confianza de Blanche.
La oficina también sufrió una reducción considerable de personal, producto de despidos y renuncias. Según las informaciones difundidas sobre su funcionamiento, la plantilla de abogados se redujo sustancialmente durante el período de Reding Quiñones, lo que obligó a buscar refuerzos para cubrir las vacantes.
El deterioro del clima interno se había manifestado meses antes, cuando varios fiscales dejaron sus puestos después de desacuerdos relacionados con instrucciones y procedimientos de trabajo.
Un nombramiento de confianza de Trump
Abogado y coronel de origen cubanoamericano, Reding Quiñones asumió la dirección de la fiscalía el 13 de agosto de 2025, tras convertirse en uno de los primeros fiscales federales confirmados durante el segundo mandato de Trump.
Graduado de Derecho por la Universidad Internacional de Florida (FIU), es hijo de una exiliada cubana que abandonó la isla en la década de 1960. Durante su trayectoria mantuvo vínculos con sectores conservadores y con figuras cercanas al presidente, entre ellas el abogado Mike Davis.
Su nombramiento fue interpretado por críticos de la Administración como parte de una estrategia para colocar a funcionarios afines al mandatario en puestos desde los que pudieran impulsar investigaciones contra sus adversarios políticos.
Por el momento, no se ha anunciado quién ocupará definitivamente la dirección del Distrito Sur de Florida. Entre las posibles responsables interinas figura la fiscal adjunta principal, Yara Lorenzo Klukas, igualmente de origen cubano.
La salida de Reding Quiñones abre así otro interrogante sobre el futuro de las investigaciones políticas impulsadas por la Administración Trump y sobre la estabilidad de una fiscalía que desempeña un papel central en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el sur de Florida.
