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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 20 de febrero una orden ejecutiva titulada “Ending Certain Tariff Actions” que pone fin a los aranceles adicionales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) a una larga lista de países, incluida la amenaza arancelaria contra los suministradores de petróleo a Cuba. La orden, de alcance global, revierte medidas que afectaban a México, Canadá, China, Brasil, Rusia, Irán y Cuba, entre otros.
La pregunta inmediata que surge en La Habana es directa: ¿significa esto el fin del cerco petrolero que Washington ha impuesto a la isla desde finales de enero? La respuesta, con matices, es no.
Qué dice —y qué no dice— la orden del 20 de febrero
El texto de la Casa Blanca es preciso en lo que elimina y cuidadoso en lo que preserva. La orden deroga explícitamente los aranceles ad valorem adicionales impuestos bajo IEEPA, entre ellos los contenidos en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que amenazaba con gravar las importaciones provenientes de países que suministraran petróleo, directa o indirectamente, a Cuba.
Sin embargo, el documento es inequívoco en dos puntos clave. Primero, la emergencia nacional declarada sobre Cuba permanece intacta: “Las emergencias nacionales declaradas o descritas (…) permanecen en vigor y no se verán afectadas por esta orden”. Segundo, cualquier otra acción adoptada en respuesta a esas emergencias —que no implique la imposición de aranceles bajo IEEPA— tampoco se ve tocada.
En otras palabras: los aranceles como herramienta específica desaparecen; la arquitectura jurídica y las demás medidas de presión, no.
La emergencia nacional sobre Cuba no es nueva, sino que data de 1996. Fue declarada originalmente por Bill Clinton el 1 de marzo de 1996, tras el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”. Desde entonces, todos los presidentes (Clinton, Bush, Obama, Biden y Trump) la han renovado cada año sin interrupción.
Un mes de bloqueo petrolero con consecuencias reales
Trump escaló el nivel al declarar el 29 de enero de 2026 que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.
La medida establecía un sistema de aranceles secundarios para castigar a cualquier nación que mantuviera comercio petrolero con la isla. La declaración llegó en un momento de extrema vulnerabilidad energética para Cuba: semanas antes, el 3 de enero, una operación militar estadounidense en Caracas culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que definió la suspensión de golpe del flujo de crudo venezolano a la isla.
La amenaza de aranceles funcionó como disuasivo inmediato. Según un exhaustivo análisis publicado por The New York Times el pasado 20 de febrero y reproducido por múltiples medios, el tráfico de petroleros hacia Cuba prácticamente se detuvo.
México, que en 2025 había suministrado el 44 % del petróleo importado por Cuba, suspendió oficialmente sus entregas el 27 de enero, presionado por las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y la dependencia del mercado estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado caminar una línea fina, enviando ayuda humanitaria.
La Guardia Costera de EE.UU. interceptó el 9 de febrero el petrolero Ocean Mariner, que transportaba más de 84 mil barriles de fueloil colombiano con destino a La Habana, en una señal de que el bloqueo petrolero no ha sido solo retórica. La presión alcanza a navieras, aseguradoras, intermediarios financieros y puertos.
El impacto humanitario: hospitales, mipymes y apagones de 20 horas
Las consecuencias sobre la población cubana han sido inmediatas y documentadas. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, alertó este 23 de febrero que el déficit energético ya afecta el servicio de ambulancias, provoca apagones en hospitales y ha forzado la suspensión de vuelos con insumos médicos. “No es retórica afirmar que esta situación puede poner la vida en riesgo”, subrayó el ministro.
El impacto sobre el sector privado no es menor. Un estudio de la consultora privada Auge, publicado el 21 de febrero, reveló que el 96 % de las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas se encuentran al borde del colapso. Con apagones de hasta 20 horas diarias y precios del combustible en el mercado negro que superan los 6 dólares por litro —más de 3 o 4 mil pesos—, el tejido empresarial privado enfrenta su mayor crisis desde la apertura de 2010.
Tres expertos y relatores de la ONU condenaron el 13 de febrero la amenaza de aranceles, calificándola de acto unilateral que viola los principios de igualdad soberana y libre comercio, y advirtieron que las medidas de bloqueo “pueden acabar constituyendo un castigo colectivo a los civiles”. Los relatores recordaron también que la orden ejecutiva del 29 de enero carece de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué herramientas le quedan a Trump para impedir la llegada de petrolero a Cuba?
La supresión de los aranceles bajo IEEPA no implica que Washington no tenga instrumentos alternativos para practicar esta política, y el historial reciente sugiere que está dispuesta a usarlos.
La vigilancia naval. La Guardia Costera y la Marina de EE.UU. mantienen una presencia militar significativa en el Caribe, la mayor en décadas según el Times. La interceptación del Ocean Mariner demostró que la capacidad de bloqueo físico existe y se ejerce con independencia de los aranceles. Bloomberg informó el 20 de febrero que un buque cisterna con combustible ruso —el Sea Horse, con cerca de 200 mil barriles de gasóleo— se dirigía hacia La Habana, poniendo a prueba precisamente ese cerco naval.
Las sanciones financieras y la Ley Helms-Burton. El embargo/bloqueo comercial a Cuba, codificado desde 1996 en la Ley Libertad (Helms-Burton), permanece intacto. Esta ley permite sancionar a empresas e individuos que “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba y tiene alcance extraterritorial. Las navieras, aseguradoras y bancos que faciliten cargas de petróleo siguen expuestos a sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC) con independencia de los aranceles.
Las secciones 232 y 301 del Comercio. La administración Trump podría aplicar los aranceles bajo las secciones 232 (seguridad nacional) o 301 (prácticas comerciales desleales) de la Ley de Comercio de Estados Unidos, bases jurídicas históricamente validadas por los tribunales.
La presión diplomática bilateral. Washington ha demostrado ser eficaz en convencer a socios comerciales —México es el ejemplo más claro— de que el costo de suministrar petróleo a Cuba supera el beneficio. Esa presión no depende de ningún instrumento arancelario concreto: es geopolítica pura, y la nueva orden ejecutiva no la elimina.
La estrategia más amplia
Detrás del bloqueo petrolero hay una estrategia más ambiciosa que combina asfixia energética, presión financiera internacional y contactos discretos con sectores del sistema y la oposición cubana, con el objetivo de impulsar la caída del gobierno y una transición.
El Gobierno cubano reafirmó este lunes su decisión de resistir la presión estadounidense, pero se declaró abierto al diálogo “respetuoso”. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el “castigo colectivo” que supone el cerco energético. Trump, por su parte, ha afirmado en varias ocasiones que existen negociaciones con autoridades de la isla; La Habana las califica de meros “intercambios técnicos en materias específicas”.
La suspensión de los aranceles no es el fin del cerco energético a Cuba. Significa, más bien, una reconfiguración táctica —derivada de la decisión del Tribunal Supremo respecto a los aranceles— que deja intactos los pilares del bloqueo: la presencia naval, el embargo histórico, las sanciones financieras y la presión diplomática.
Para Cuba, el alivio parece improbable. La isla necesita alrededor de 100 mil barriles diarios de crudo y derivados, y su producción nacional abarca solo el 40 % con un petróleo sulfuroso que se utiliza fundamentalmente para la generación eléctrica en las deterioradas plantas termoeléctricas de la isla.
La “hora cero” energética que varios analistas proyectan para las primeras semanas de marzo no se ha alejado con la firma del 20 de febrero.
